En lo que va del año, cuatro organismos internacionales reflejaron en sus informes vulneraciones de derechos humanos en Bolivia; en tanto que desde el Gobierno central calificaron los reportes de “actos de intromisión e injerencia en la política interna del país”.
Entre el martes y miércoles de esta semana se conocieron los informes de Derechos Humanos del Departamento de Estado de Estados Unidos y de Amnistía Internacional.
El activista en derechos humanos Franco Albarracín recordó que, en febrero, Human Right Watch (HRW) acusó al Estado boliviano de persecución política, y en marzo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un informe “muy crítico” sobre los últimos 15 años.
El informe del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre Derechos Humanos señala que en Bolivia no hubo cambios importantes y se identificaron reportes de “torturas, tratos o penas crueles, inhumanos o denigrantes por parte de funcionarios gubernamentales”.
En el reporte también se expone las condiciones “penitenciarias duras y potencialmente mortales, y los graves problemas con la independencia del Órgano Judicial, el arresto y la detención arbitraria”. Establece que hay funcionarios que utilizan la tortura, coerción y violencia física, pese a que la Constitución Política del Estado lo prohíbe.
La Cancillería del Estado Plurinacional de Bolivia rechazó, a través de un comunicado, sostuvo que se trata de un informe “unilateral” del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre la situación de los derechos humanos en Bolivia y denunció que es un acto de intromisión e injerencia en la política interna del país.
Ayer, se conoció el informe de Amnistía Internacional (AI) que refleja su preocupación por la persistente falta de independencia judicial en Bolivia y la inacción de las autoridades para proteger a los defensores de los derechos humanos en el país andino durante el último año.
También subrayó que “las autoridades no actuaron para proteger a los defensores y defensoras de los derechos humanos”, según denuncias de organizaciones ambientalistas.
Albarracín señaló que los cuestionamientos comunes de los organismos internacionales son la falta de independencia de la justicia, la persecución política, detención preventiva excesiva, hacinamiento carcelario y tortura.
Agregan la violación de los derechos de los pueblos indígenas y contaminación ambiental en el país.
Observaciones sobre DDHH
Amnistía Internacional expresó su preocupación por los daños de la minería no regulada a los pueblos indígenas, y las constantes agresiones de las fuerzas de seguridad a periodistas en varias protestas sociales.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reconoció algunos avances en el apoyo a las víctimas, pero dijo que las investigaciones sobre las violaciones graves de derechos humanos “habían avanzado poco y que no se había implementado un programa de reparación integral”.
