La Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (Cidob) presentó ayer una nueva acción de inconstitucionalidad abstracta contra los artículos 5 y 15 de la Ley 1096 de “Organizaciones Políticas” al considerar que vulneran su derecho a participar de este proceso electoral.
En ese recurso, piden también la “suspensión del calendario electoral vigente hasta que el Tribunal Constitucional resuelva el fondo del caso, argumentando que la exclusión afecta a 34 naciones indígenas”.
En tanto, el ministro de Justicia, César Siles, afirmó ayer que las elecciones generales previstas para el 17 de agosto están “blindadas” y aseguró que no existe ningún mecanismo jurídico que permita paralizarlas, pese a las acciones constitucionales planteadas ante el Tribunal Constitucional (TCP).
Siles denunció “intereses oscuros” que buscan frenar el proceso electoral.
“No hay forma legal, ni en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) o en el TCP, que puedan paralizar las elecciones por esta vía (…). El proceso electoral está absolutamente blindado”, afirmó la autoridad en entrevista con Bolivia TV.
Recurso de la Cidob
El recurso de la Cidob fue presentado un día después de que el TCP y el TSE ratificaron el compromiso de garantizar las elecciones.
El miércoles, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)advirtió a todos los jueces que están sujetos a proceso en caso de emitir fallos que atenten contra el normal desarrollo de las elecciones.
La Cidob solicita la “inscripción provisional de su sigla en el proceso electoral, amparándose en el artículo 209 de la Constitución que reconoce su derecho a postularse”.
Otros grupos
Por otro lado, dirigentes de la Confederación Nacional de Naciones Indígenas Originarios de Bolivia (Conniob)amenazaron con pedir una medida cautelar internacional (para) que se suspendan las elecciones”.
El dirigente de esa organización, Teodoro Blanco, acusó de “traición” al TSE por no tramitar un recurso para su participación libre en los comicios generales.
La Conniob y la nación Qhara Qhara denunciaron ayer que fueron “traicionadas” por el TSE que, en alianza con el TCP decidió no tramitar el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 1096 de Organizaciones Política para que este sector participe de las elecciones presidenciales.
Defensor pide respetar preclusión
El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, emitió un pronunciamiento en el que solicita al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) “garantizar el principio de preclusión”.
Callisaya expresó su inquietud por la persistente debilidad de las instituciones del Estado.”Lo hemos dicho permanentemente desde la gestión pasada, en ocasión de las elecciones judiciales, frente a una fragilidad institucional, es necesario fortalecer el ámbito democrático”, enfatizó.
