Mientras crece la expectativa por la posible liberación del exdirigente cívico, Marco Pumari, y del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, también suman los reclamos y críticas para que la medida del Tribunal Supremo de Justicia llegue a más presos en situación de detención preventiva.

La audiencia para considerar la situación jurídica de Camacho y Pumari está programada para hoy, a las 14:00, en el Salón Rosado del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. La medida fue anunciada el pasado viernes por Romer Saucedo, presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), y ordena la revisión de los plazos legales de detención preventiva de la expresidenta Jeanine Áñez, de Camacho y Pumari.

En tanto, reclusos con prisión preventiva de los penales de Palmasola, en Santa Cruz, y Villa Busch, en Pando, se declararon ayer en estado de emergencia reclamando el mismo trato que Áñez, Camacho y Pumari.

“La justicia boliviana ha actuado de manera selectiva y discriminatoria, otorgando beneficios y ventajas indebidas a estos tres procesados, mientras miles de personas permanecemos en el abandono absoluto. Exigimos la igualdad ante la ley, no aceptamos una justicia parcializada que solo se mueve por presión política o mediática”, señala parte del comunicado emitido por los presos de Villa Busch. De igual modo, los privados de libertad de Palmasola emitieron un comunicado casi exactamente con el mismo tenor, en el que también se declaran en emergencia por el mismo motivo.

Confianza

El equipo jurídico de Pumari informó ayer que tras la revisión del caso “Golpe de Estado I”, solicitará al Tribunal de Justicia de Potosí la suspensión de todas las medidas cautelares, para que pueda reencontrarse con su familia y asumir su defensa en libertad.

En tanto, Martín Camacho, abogado del gobernador cruceño, solicitó al Tribunal de Sentencia que considere la proporcionalidad, razonabilidad y excesividad de la detención preventiva que enfrenta su defendido.

Actualmente, el gobernador enfrenta siete procesos judiciales. Por dos de ellos, permanece con detención preventiva. Lleva dos años y nueve meses recluido en el penal de Chonchocoro.

La viceministra de Seguridad Ciudadana, Carola Arraya, consideró que la medida del TSJ tiene carácter político. Sostuvo su argumento en que la medida asumida por el TSJ solo se aplica a tres detenidos preventivos y no a cientos que están en la misma situación.