El exministro de Gobierno durante la gestión de la expresidenta Jeanine Áñez, Arturo Murillo, fue enviado ayer con detención preventiva al penal de San Pedro de La Paz, en el marco del proceso por el caso denominado Gases Ecuador; se trata del tercer fallo de arresto carcelario desde su extradición a Bolivia.

La decisión fue tomada en el Juzgado de Sentencia Anticorrupción y Violencia contra la Mujer N.º 25, tras una audiencia celebrada ayer, en la que se evaluaron los riesgos procesales que pesan sobre el exministro.

“Las partes procesales del caso fundamentaron la solicitud de ampliación de los riesgos procesales correspondientes, por lo que el juez emitió la Resolución 97/2025, donde se detallan dichos riesgos”, informó el procurador general del Estado, Ricardo Condori.

Durante la audiencia se presentaron elementos suficientes para acreditar el riesgo de fuga, por lo que el juez asignado al caso determinó la detención preventiva del acusado en el centro penitenciario de San Pedro.

Murillo es procesado por los delitos de tráfico ilícito de armas, tenencia y uso de armas no convencionales e incumplimiento de deberes. El material fue traído desde Ecuador en 2019, durante la gestión de Áñez, tras la renuncia de Evo Morales debido a irregularidades en el proceso electoral y en medio de una crisis política y social.

Otros casos

El exministro también enfrenta otras medidas cautelares por casos como la compra con sobreprecio de material antidisturbios. Esta sería la tercera orden de detención preventiva contra el exministro de Áñez. 

El exministro también fue cautelado por otros casos, como por la compra con sobreprecio de material antidisturbios. Esta sería la tercera orden de detención preventiva contra el exministro de Áñez, el primero fue por el ‘caso gases Brasil’ y el segundo por el ‘caso catering’.

En mayo de 2021 fue detenido en Estados Unidos, acusado y luego condenado por lavado de dinero y sobornos vinculados a la compra irregular de material antidisturbios, proceso que generó un daño económico millonario al Estado boliviano.

En mayo de 2021 fue detenido en Estados Unidos, acusado y luego condenado por lavado de dinero y sobornos vinculados a la compra irregular de material antidisturbios, proceso que generó un daño económico millonario al país.