Mientras los cívicos cruceños ven un alivio en la provisión de combustibles para el país luego de la promulgación de Ley corta para la importación de diésel y gasolina, otros sectores como los choferes de Bolivia la rechazan y los dueños de camiones cisternas dudan de su operatividad al no existir un reglamento que detalle los procedimientos para su comercialización.

El presidente Luis Arce promulgó el lunes la Ley Corta Excepcional y Transitoria para Garantizar el Abastecimiento de Diésel y Gasolina en Situación de Emergencia, con la cual se podrá importar el combustible con la liberación del pago del Impuesto a las Transacciones (IT) y del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Sin embargo, el Ejecutivo aún no publicó el reglamento de la ley para importar combustibles.

La Confederación de Choferes de Bolivia se ha declarado en estado de emergencia y amenazan con medidas de presión, contra la ley promulgada que habilita la importación de combustible por parte de privados en condiciones de libre mercado.

Los transportistas exigen que se siga vendiendo el combustible subvencionado y advirtieron, además, que no permitirán la comercialización de carburante de precio de mercado en los surtidores.

“Si verdaderamente van a querer distribuir en surtidores (el combustible traído por privados), nos verán en las calles, nos verán con marchas, tomadas las carreteras”, dijo el ejecutivo de la Confederación, Lucio Gómez. 

En tanto los cisterneros transportistas están listos para trabajar en la importación de combustibles con la Ley Corta. Aseguran que cuentan con la logística para normalizar el suministro en 10 días, pero ven vacíos en la normativa y desconfían, creen que la reglamentación tendrá algunas trabas que dificultarán la rápida importación de combustibles, según reporte de El Deber.

Por su lado, el presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, sostuvo que esta ley promulgada ya faculta a privados a importar de manera libre combustible y no requiere de otra normativa para su aplicación.

Afirmó que con esta norma se lucha contra el mercado negro del combustible y también contra el contrabando.

Resaltó que, de esta forma, diferentes sectores económicos podrán trabajar, ya que tendrán la disponibilidad de combustible.

Cochamanidis pidió a la  ANH, YPFB, Impuestos Internos y Sustancias Controladas no obstaculizar la importación de combustibles por parte del sector privado.