El exministro de Gobierno Arturo Murillo, deportado la madrugada de este jueves desde Estados Unidos a Bolivia, enfrenta acusaciones por legitimación de ganancias ilícitas y corrupción en la compra irregular de gases lacrimógenos, que ocasionó un daño económico al Estado superior a 16 millones de bolivianos.

Además, está señalado en procesos por genocidio vinculados a las masacres de Sacaba y Senkata.

El abogado de las víctimas de Senkata, Thomas Becker, recordó que Murillo desempeñó un rol central en el gobierno de Jeanine Áñez y fue uno de los principales responsables de la represión durante la crisis poselectoral de 2019.

“Unánimemente, han dicho que lo ocurrido en Senkata y Sacaba fueron masacres, y uno de los autores principales, la persona que movilizó el operativo conjunto entre la Policía y los militares, es Murillo”, afirmó Becker.

Agregó que el exministro estaba a cargo de las fuerzas estatales en ese contexto y que su procesamiento es fundamental para garantizar justicia y evitar hechos de violencia en el futuro.

Antecedentes de Sacaba y Senkata

El 15 de noviembre de 2019, en Sacaba (Cochabamba), una movilización de campesinos cocaleros que se dirigía hacia la ciudad fue reprimida por fuerzas policiales y militares, con un saldo de al menos 10 personas muertas y decenas de heridos.

Días después, el 19 de noviembre, en la zona de Senkata (El Alto), otra intervención armada contra manifestantes que protestaban cerca de la planta de YPFB derivó en la muerte de 10 personas y más de 70 heridos.

Ambos hechos fueron calificados como masacres por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que estableció que se cometieron graves violaciones a los derechos humanos durante los operativos conjuntos ordenados por el gobierno transitorio de Áñez.

Murillo, quien estuvo al frente del Ministerio de Gobierno en ese periodo, es señalado por su responsabilidad directa en la coordinación de esas operaciones.