La Policía Departamental de La Paz informó ayer que alista el traslado del exasesor presidencial Fernando Cerimedo del penal de Palmasola de Santa Cruz a Chonchocoro en La Paz como consecuencia de la segunda orden de detención que la justicia boliviana dictó el sábado por el caso de presunto enriquecimiento ilícito con afectación al Estado.

El subcomandante departamental de La Paz, Martín Gálvez, informó ayer que la Policía Boliviana ya tomó los recaudos necesarios para garantizar el traslado de Fernando Cerimedo. “Se están tomando los recaudos necesarios” y el Comando Departamental está previendo “colaborar con las cápsulas de traslado que se van a necesitar”, reportó la Red DTV.

Sin embargo, Gálvez aclaró que todavía no existe una fecha definida para el traslado. “Estamos esperando todavía que haya algún resultado y que se genere un plan de operaciones para que nosotros podamos actuar oportunamente”, señaló. Aseguró que la institución informará cuando dicho plan esté establecido: “Oportunamente vamos a informar una vez que tengamos dicho plan”.

La defensa de Fernando Cerimedo anunció que apelará la detención en el penal de máxima seguridad de Chonchoro por los problemas de salud de su cliente y espera que el imputado se mantengan en la cárcel ubicada en Santa Cruz.

El exasesor y estratega de la campaña de segunda vuelta de Rodrigo Paz enfrenta cuatro procesos, dos con orden de detención preventiva por la tentativa de feminicidio de su expareja Nadia Beller y el otro por enriquecimiento ilícito y legitimación de ganancias ilícitas.

Fiscal general

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, rechazó la versión de la defensa de Fernando Cerimedo, que calificó las investigaciones derivadas del atentad0 contra Nadia Beller como parte de un supuesto “golpe de Estado” e intento de desestabilización del Gobierno de Rodrigo Paz.

“Enfáticamente rechazamos dicha aseveración irresponsable y sin pruebas”, afirmó Mariaca, al señalar que el intento de feminicidi0 no fue provocado por el Ministerio Público ni por el presidente.

El fiscal general explicó que, a partir de los indicios reunidos y de la declaración de la víctima, se abrieron y ampliaron investigaciones por violencia familiar, presunto enriquecimiento ilícito, falsedad ideológica y posibles hechos vinculados al narcotráfico en el departamento del Beni.