Después de cinco años, el exalcalde de Cochabamba, José María Leyes, fue condenado ayer a tres años de cárcel por el caso Mochilas III, relacionado con la compra de material escolar en 2018 con una inversión de 12 millones de bolivianos.
El procurador General del Estado, Ricardo Condori Tola, informó ayer que en el caso Mochilas III, el juez de Sentencia Penal Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer No 11, en audiencia determinó dictar sentencia condenatoria contra el exalcalde de Cochabamba, José María Leyes, y otros cuatro implicados en el caso denominado Mochilas III.
“En audiencia de prosecución de juicio oral y contradictorio que se llevó a cabo en la ciudad de Cochabamba, el Juzgado de Sentencia Anticorrupción, teniendo en cuenta todas las pruebas aportadas y en aplicación de la sana crítica ha resuelto emitir la sentencia condenatoria en contra del exalcalde de Cochabamba y otros implicados por el delito contemplado en el artículo 154 del Código Penal”, dijo.
Agregó que Leyes es considerado por el juez como autor y culpable del delito de incumplimiento de deberes, por lo que es condenado a tres años de privación de libertad a ser cumplidos en el penal de San Sebastián, además de la inhabilitación y la imposición de costas en favor del Estado.
En tanto que, Carolina A., José Oscar B., Rolando N. y Jacqueline P. de la misma forma fueron sentenciados a dos años de privación de libertad e inhabilitación.
Más datos
La denuncia fue formulada por la Gerencia Departamental de la Contraloría General del Estado por los hechos ilícitos cometidos en el proceso de contratación “Compra de Mochilas Escolares Gestión 2015-2016” (bajo la modalidad de Licitación Pública) ejecutado por el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba.
Conforme a los antecedentes de la investigación preparatoria, los hechos delictivos se identificaron en tres momentos: Ilícitos cometidos en la cuarta Reformulación del POA 2015 donde se hizo la incorporación del precio y cantidades de mochilas escolares, sin que los mismos tengan el sustento técnico referente a las memorias de cálculo; ilícitos cometidos en la elaboración de las especificaciones técnicas y precio referencial incorporados en el Documento Base de Contratación.
Y el tercer momento es el favorecimiento a la empresa VELPA S.R.L. para la adjudicación del proceso de contratación con daño económico al Estado, por parte de los servidores públicos involucrados en la contratación.
“La Procuraduría General del Estado supervisa y controla el ejercicio de la defensa legal del Estado, velando por la correcta actuación de las entidades públicas en procesos judiciales y administrativos”, remarcó.
