Los pasajes no pueden subir sin la aprobación del proyecto de ley que fue elaborado por la Alcaldía de Cochabamba, en el que se determina que el pasaje se incrementará a 2,50 bolivianos desde el próximo año, según explicó el director de Comunicación e Imagen Corporativa, Juan José Ayaviri.

“Es un proyecto de características tan complejas por la composición social de Cochabamba y de sus habitantes. Está siendo elaborado de forma cuidadosa sin dejar ningún detalle al azar, porque implica mucho en lo económico y en varios aspectos”, comentó.

Ayaviri remarcó que la intención es que la normativa sea integral, es decir, no solamente va a fijar los pasajes o lo que signifique el incremento, sino que también va a marcar ciertos precedentes para que el transporte público pueda mejorar el servicio.

La Dirección de Movilidad Urbana trabaja en la socialización del proyecto y, de momento, el documento no ha sido remitido al Concejo Municipal, instancia que debe analizar el mismo y aprobarlo en una sesión.

Sin embargo, el director de Comunicación dijo que mientras se realiza la socialización del proyecto y no exista la aprobación del Concejo “nadie puede tomarse una atribución fuera de la norma”.

“Lo que corresponde en esta situación es ajustar cuestiones de tiempo, garantizar que los tiempos administrativos y legales se cumplan. Mientras el proyecto de ley no sea aprobado en el Concejo Municipal, hay una disposición vigente que resuelve que el pasaje es de 1,90”, aclaró.

Por su parte, el dirigente del Transporte Federado, José Orellana, comentó que aún no se tomará una posición al respecto y se espera que el proyecto sea remitido al Concejo durante la próxima semana.

En principio, la posición del transporte en la ciudad es ejecutar el incremento del pasaje desde el 1 de enero; sin embargo, mientras está vigente la disposición municipal aprobada en febrero de 2014.

De acuerdo a lo previsto, la Comisión Segunda se encargará de la revisión del estudio técnico y pasará el documento al pleno del Concejo para su análisis.

Una vez que se apruebe el proyecto, pasará al ejecutivo municipal que tiene un plazo de 10 días para aprobar la normativa y ponerla en vigencia, según algunos legisladores.