Imponer regulaciones restrictivas y poco técnicas limita la competencia justa, podría generar cambios desfavorables en las tarifas del transporte para la población y contradice los principios de equidad y el derecho al trabajo escritos en la Constitución.
La Ley Municipal N.º 1714/2025, que regula el Servicio de Transporte Público Individual de Pasajeros y establece el Sistema de Taxi Seguro (STS), introduce nuevos requisitos, procedimientos y sanciones que podrían tener el efecto contrario al que se busca: menos conductores registrados, mayor informalidad y un aumento en la inseguridad vial.
La normativa exige que todos los conductores de taxi incluidos los que operan mediante plataformas digitales se registren en el STS, ahora bajo condiciones más estrictas que las anteriormente vigentes. Además, deben obtener una Autorización Municipal de Operaciones (AMO). Sin cumplir con estos requisitos, los conductores no podrán trabajar legalmente y serán objeto de sanciones.
La regulación busca incorporar a las aplicaciones digitales dentro de un marco normativo obsoleto, introduciendo medidas como la obligación de colocar múltiples distintivos visibles (stickers) en los vehículos e incluso prohibir su operación si no cuentan con una oficina física en el municipio. Estas exigencias podrían dejar sin ingresos a miles de familias cochabambinas que actualmente dependen de estas plataformas, y afectar a los numerosos usuarios que confían en estos servicios diariamente por su seguridad y eficiencia.
Imponer regulaciones restrictivas y poco técnicas limita la competencia justa, podría generar cambios desfavorables en las tarifas del transporte para la población y contradice los principios de equidad y el derecho al trabajo escritos en la Constitución Política del Estado.
Cochabamba necesita un marco regulatorio moderno y equilibrado, que esté abierto al diálogo y promueva la formalización y el uso de la tecnología como aliada de la seguridad ciudadana, y no como un obstáculo al progreso y desarrollo del departamento.
