Si se aprobara pronto la reforma de la Ley 065 de Pensiones, más de mil docentes de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) se verían perjudicados ya que, quienes tengan 65 años, estarían obligados a jubilarse.

Este lunes, hubo una marcha de protesta. La gente que participó de la movilización ocupó más de cuatro cuadras. Se instaló un mitin frente a la Brigada Parlamentaria de Cochabamba y continuó el recorrido, pasando por la Plaza Principal 14 de Septiembre. 

La Federación Universitaria Docente (FUD) expresó su rechazo al proyecto de modificación de la Ley 065, que propone la obligatoriedad de jubilación en los 65 años y establece exámenes médicos anuales como requisito excepcional. Por su lado, el Sindicato de Trabajadores de la UMSS también rechaza la modificación de la ley 065, en los términos de la redacción del documento, y ratifica que su disposición adicional única, que fija los 65 años como edad límite de capacidad productiva de los trabajadores obligándoles a cogerse la jubilación, “es contradictoria e inconstitucional”.

El secretario general de la UMSS, Eduardo Lavayen, detalló que unos mil docentes estarían afectados si se aprobará esta ley. En la actualidad, San Simón cuenta con 1.800 docentes.

“SOLO 20%”

“Esta lucha no es solamente por los docentes, es por todos los trabajadores de Bolivia, que han aportado a las AFP, ahora a la Gestora. Lo que resulta es que cuando nos jubilamos, nos jubilamos con el 20% de nuestro haber; y eso condena a todos los trabajadores de Bolivia a la pobreza y a la miseria. Si hay la renta digna, nosotros no tenemos temor de jubilarnos”.

Cuestionó que quienes trabajan en las empresas estratégicas del Estado se jubilan con la totalidad de sus haberes, como en YPFB, ENDE y otras.

“Y son jugosos sueldos, de 35 mil para arriba”.

Remarcó que sería “un robo” a los recursos que aportaron durante años.

El ejecutivo de la FUD, Marcelo Claros, aseguró que se mantendrán en “una resistencia permanente, sostenida y sistemática”.

Enfatizó que defenderán la autonomía universitaria, que les da la capacidad de determinar cuestiones académicas, técnicas y administrativas, y la edad en la que los docentes siguen siendo capaces y competentes para transmitir sus conocimientos.

“No hay fecha de vencimiento para enseñar y aprender. Como profesionales, estamos convencidos de que el conocimiento se va enriqueciendo con los años”.

Observó que, si un docente universitario a los 65 años ya no puede impartir sus conocimientos, un Presidente del país, tampoco debería tener las condiciones para ejercer tan “delicada” labor, al igual que diputados, alcaldes y otros.

“Se está haciendo un sesgo de discriminación y un privilegio de desigualdad”. 

El vicerrector Gerardo Carvajal insistió en que este tipo de jubilación no correspondería a su nivel de aportes.

“El Gobierno está cometiendo una barbaridad con esto. Ojalá lo enmiende a tiempo”.