Luiz Inácio Lula da Silva, de 80 años, fue reelegido ayer para su cuarto mandato en la presidencia de la República federativa del Brasil, por el Partido de los Trabajadores (PT).

Con más del 99,99% de los votos escrutados, Lula obtuvo el 51,78% de los votos válidos, lo que equivale a 64.247.703 votos, de 124.069.31 válidos, en una campaña que cobró impulso en la segunda vuelta gracias a una reacción en las redes sociales y a manifestaciones callejeras.

Punto de inflexión

En las redes, Lula adoptó un tono más informal, grabando vídeos en formato selfi y dirigiéndose directamente al electorado. Sin embargo, el punto de inflexión clave en este aspecto fue la incorporación del diputado André Janones (Rede-MG) a la campaña.

Janones creó el grupo “Ejército de Lula” en WhatsApp, que reunió a más de 10 millones de personas; con su ayuda, se incrementó la participación de la izquierda en las redes sociales y se amplificó la campaña a favor de Lula.

Al mismo tiempo, la población salió a las calles en actos espontáneos. Movimientos sociales y estudiantes organizaron diversas movilizaciones en decenas de ciudades de todo el país.

Las imágenes de las calles teñidas de rojo ayudaron a marcar la pauta de una remontada, hasta entonces inédita, en la segunda vuelta.

Propuestas

Su campaña planteó la promesa de dar continuidad a las políticas adoptadas en los últimos cuatro años –o de profundizarlas–, mediante mayores inversiones o un mayor alcance.

Entre las propuestas del plan de gobierno de Lula, que abarcan diversas áreas de gestión, figuran el aumento del salario mínimo –siempre por encima de la inflación–, la inversión en defensa nacional y la creación de un ministerio de Seguridad Pública, cuyo objetivo es garantizar la participación del Gobierno Federal en las políticas de seguridad que, actualmente, son gestionadas exclusivamente por los estados.

Su programa de gobierno propuso crear “la mayor red pública de atención oncológica del mundo”. Para ello, contempla inversiones en diagnóstico y tratamiento del cáncer mediante técnicas y equipos modernos.

El ministro francés de Justicia, Gérald Darmanin, anunció este jueves que 217 personas fueron encarceladas entre las 2.700 que fueron puestas bajo custodia policial tras los actos de violencia y saqueos del pasado fin de semana en Francia.

“Hacer caer la república”

“Es realmente una respuesta extremadamente firme que no tiene equivalente”, afirmó el alto funcionario, quien precisó que la mitad de los encarcelados no tenía antecedentes penales.

“Queremos un regreso a la calma”, expresó por su parte el presidente francés Emmanuel Macron, dos días antes de nuevas protestas, anunciadas para el sábado, y acusó a grupos de extrema izquierda de haber querido “hacer caer la república” durante los recientes disturbios, a falta de seis meses para las elecciones presidenciales.

El primer mandatario francés anunció que el sábado solo se permitirán las manifestaciones organizadas por sindicatos y se ofrecerán circuitos alternativos para proteger los “centros urbanos” y los “comercios y edificios”.

Vandalismo y saqueos

“La recomendación general es que no haya manifestaciones en los próximos días”, señaló después de un consejo de seguridad.

Varias ciudades francesas fueron escenario de enfrentamientos y saqueos cuando jóvenes enmascarados tomaron las calles el 17 de octubre durante protestas contra el alto costo de la vida.

Al menos 3.000 comercios fueron vandalizados en el país. Las escenas de los saqueos y edificios públicos en llamas han dado la vuelta al mundo.

El Ministerio de Trabajo de la República Dominicana ordenó paralizar las operaciones de 24 empresas de capital chino en ese país, al considerar que representan un “peligro inminente” para la seguridad e integridad de los trabajadores, informó el organismo gubernamental este martes.

Las órdenes se ejecutaron en los últimos ocho días e incluyeron la inspección de 101 establecimientos cuyos propietarios son ciudadanos chinos, aseguró el ministro de Trabajo, Eddy Olivares, en redes sociales, sin precisar los sectores a los que pertenecen.

El alto funcionario puntualizó que las inspecciones realizadas en las provincias de Santo Domingo, San Pedro de Macorís, Higüey y el Distrito Nacional permitieron identificar incumplimientos relacionados con derechos laborales, descanso semanal, pago de bonificaciones y horas extraordinarias, así como con las normas de seguridad y salud en el trabajo.

Olivares precisó que uno de los hallazgos que causa “mayor preocupación” es que 91 de las empresas inspeccionadas desvinculaban a trabajadores antes de cumplir tres meses de labores, con lo que impedían que acumularan derechos relacionados con vacaciones y prestaciones laborales.

El ministro también señaló que 53 empresas no otorgaban el descanso semanal a sus empleados y que 37 no pagaban las horas extraordinarias, entre otras irregularidades.

De igual manera, se determinó que 33 empresas incumplían las disposiciones del Código de Trabajo sobre proporción de trabajadores dominicanos y extranjeros en las empresas, que exige que al menos el 80 % sean nacionales.