Pese al despliegue policial de unidades de Cochabamba, Santa Cruz y Oruro, la Llajta sigue aislada por cuarto día debido a los bloqueos en las carreteras que la conectan con el oriente y occidente del país. Se registraron 19 policías heridos en los operativos de desbloqueo; hay 42 detenidos y las terminales suspendieron las salidas de buses.

En las últimas horas, se instaló un nuevo punto en puente Ichilo, en el límite entre Cochabamba y Santa Cruz, además se anunció también que en Pailón y San Julián se sumarán a las movilizaciones desde hoy.

Las protestas son promovidas por sectores afines al expresidente Evo Morales, cuya insistencia en ser habilitado como candidato ha llevado a diferentes movilizaciones. Morales negó el extremo y atribuyó las protestas a la crisis económica que se vive en Bolivia.

Escalada de violencia

La situación no sólo afecta la movilidad: también ha dejado un saldo preocupante en términos de violencia. El Ministerio de Gobierno confirmó que al menos 19 policías resultaron heridos por impactos de piedras y explosivos, incluyendo cachorros de dinamita.

Personal de la Caja Nacional de Salud (CNS) de Cochabamba informó ayer que tres policías permanecen internados en el Hospital Obrero No. 2 por golpes severos recibidos en la cabeza. Una oficial fue secuestrada temporalmente en inmediaciones del puente Pankuruma. En total, 42 personas fueron detenidas, algunas bajo cargos graves como el de secuestro.

Además, una ambulancia con cinco ocupantes, un chofer y cuatro médicos, fue retenida en la localidad de Japo, ruta hacia Caracollo, denunció la ministra de Salud, María Renée Castro.   “Cinco trabajadores de la salud —un chofer y cuatro médicos— fueron retenidos e incomunicados, en plena misión de salvar vida”, dijo.

En este contexto, las autoridades han sido claras en señalar el trasfondo político de estas movilizaciones. El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, denunció que estas acciones buscan generar caos para forzar la habilitación de Evo Morales, quien actualmente se encuentra legalmente inhabilitado para postular. “Nadie tiene derecho a eternizarse en el poder. La ley y la Constitución son claras”, afirmó Ríos, recalcando que la Policía actúa para garantizar el libre tránsito y proteger el proceso electoral.

Denuncia internacional

La Cancillería, por su parte, elevó la denuncia a nivel internacional. A través de un comunicado oficial, advirtió que los sectores “evistas” buscan acortar el mandato del presidente Luis Arce e imponer “una candidatura inconstitucional”, recordando que el Tribunal Constitucional Plurinacional prohíbe la reelección indefinida.

Ante esta embestida, el Gobierno ha reafirmado su postura: las elecciones se llevarán a cabo el 17 de agosto, como está previsto. “Reafirmamos nuestro compromiso con la democracia, con la paz y con el derecho del pueblo boliviano a elegir libremente a sus nuevos gobernantes”, concluyó el pronunciamiento oficial.

De acuerdo con un audio presentado por el dirigente evista Rudy Capquique, Evo Morales ordenó cercar la sede de gobierno y otras ciudades. El exmandatario negó el hecho y consideró que la posible evidencia es “un montaje”.

El audio fue recogido de una conversación telefónica que tuvo el expresidente con el dirigente, en medio de las movilizaciones y bloqueos que se reanudaron en La Paz y otras ciudades del país.

“Es con todo, hermano; es la batalla final”, dice Morales en el inicio de la conversación telefónica que dura casi dos minutos.

“Las salidas a Yungas cierren todo eso, hacia el lago, hacia Desaguadero, hacia Aroma y listo, sobre eso, Oruro y Santa Cruz solamente harán el bloqueo de caminos, Cochabamba ya está empezando”, instruye Morales en el audio.

Según Capquique, el líder cocalero lo llamó para darle la “instrucción clara” de que los sectores sociales impulsen una presunta “sublevación”.

Sin embargo, el exmandatario negó en sus redes sociales tales afirmaciones, bajo el argumento de que el “pueblo se levanta por la crisis, el hambre y la injusticia”.

“El Gobierno crea falsos testigos y empieza a montar casos para acusarnos, desprestigiarnos y confundir al pueblo que lucha por sobrevivir. No es la primera vez que nos hacen falsas acusaciones, solo el pueblo conoce la verdad”, añadió Morales.

“¿Qué es lo que quiere nuevamente don Evo Morales? que la familia boliviana, los paceños, nuevamente, vamos a morir de hambre. (El exmandatario) habla del cerco a Cochabamba, Santa Cruz, imagínense, pero como prioridad tiene La Paz”, denunció Capquique.

Además, aseguró que hay una “instructiva” y “coordinación” para “atentar no solamente contra la vida del presidente Luis Arce sino contra los allegados que están a su ‘acompañamiento” (sic).

El dirigente evista apuntó contra Suseth Rodríguez como la supuesta “operadora directa” de Morales para organizar los ataques.

El gobierno del presidente Luis Arce anunció que, a primera hora de hoy jueves, se presentará una denuncia penal en contra del dirigente cocalero, Evo Morales, por terrorismo, instigación pública a delinquir y otros delitos, tras impulsar el bloqueo de caminos y anunciar un cerco a La Paz para forzar su candidatura, romper el orden constitucional, exigir la renuncia del primer mandatario e impedir la realización de las elecciones generales.

“La denuncia será presentada mañana (jueves) por los siguientes delitos de acción pública, que fácilmente pueden ser definidos como terrorismo, instigación pública a delinquir por el audio y por todos los sucesos y declaraciones anteriores, no solamente del señor Evo Morales, sino también de muchas otras personas que están siguiendo este juego maquiavélico de querer dar un golpe de Estado”, anunció el ministro de Justicia, César Siles.

En una conferencia de prensa conjunta con los ministros de la Presidencia y de Gobierno, María Nela Prada y Roberto Ríos, respectivamente, el titular de Justicia detalló que son al menos siete delitos que pesan en contra de Morales, entre los que se encuentra también desobediencia a resoluciones en acciones de defensa y de inconstitucionalidad, atentado contra la seguridad de medios de transporte, atentado contra la libertad de trabajo, atentado contra la seguridad de los servicios públicos, delitos tipificados en el Código Penal.

También la denuncia involucrará obstaculización de procesos electorales, debido a su aspiración de habilitar una candidatura inconstitucional “por la fuerza”.

“El trasfondo de este criminal bloqueo, de esta criminal decisión de cercar La Paz por una habilitación que ya ha sido definida por todas las instancias, forzar una candidatura está prohibido y legal y constitucionalmente. El Gobierno boliviano va a garantizar la realización de las elecciones generales del 17 de agosto”, afirmó Siles.

Agregó que se exigirá al Ministerio Público que acelere el proceso en este y otros casos presentados, como la denuncia del presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, por amedrentamiento, en Sucre, o la interpuesta en Cochabamba por similares características, y la que presentará el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

“Estas conductas, estas agresiones que estamos denunciando públicamente, y lo haremos formalmente mañana a primera hora ante el Ministerio Público, también pueden ser sujeto de una medida cautelar de la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos)”, aseveró.

Recordó a quienes están movilizados, por los intereses de una sola persona, que la Corte Penal Internacional también tipifica los crímenes de lesa humanidad que se están cometiendo con las medidas de presión.