El jurista explicó que la situación procesal de Murillo se encuentra virtualmente paralizada debido a que no puede pagar los costos asociados con la tramitación de las apelaciones.

El exministro de Gobierno, Arturo Murillo, recientemente extraditado desde Estados Unidos a Bolivia, enfrenta múltiples procesos judiciales y cinco detenciones preventivas, pero también padece la falta de recursos económicos para cubrir los costos de las fotocopias necesarias para apelar sus causas, informó su abogado Jaime Tapia.

El jurista explicó que la situación procesal de Murillo se encuentra virtualmente paralizada debido a que no puede pagar los costos asociados con la tramitación de las apelaciones.

“Don Arturo Murillo no va a tener derecho a una segunda instancia hasta que no pague él con sus propios recursos los testimonios y las copias, las fotocopias que hay que sacar de estos expedientes. Son toneladas de hojas que hay que fotocopiar para remitir a las salas”, declaró.

Según indicó, cada uno de los procesos abiertos contra el exministro cuenta con expedientes que superan los 20 cuerpos, lo que implica un gasto estimado de al menos 500 bolivianos por causa, solo en fotocopias.

“Arturo Murillo no los tiene para costearlos (los 500 bolivianos por caso). Entonces él con suerte tiene los recursos para mantenerse el día a día, pero es imposible que él pueda asumir el costo todavía de fotocopiar todos estos expedientes y buscar una apelación”, manifestó.

Tapia lamentó que, a pesar de que el Ministerio de Justicia ha asignado una defensa estatal, esta no haya sido efectiva para garantizar el derecho de Murillo a apelar.

“Estas apelaciones, por lo visto, van a estar ahí de manera indefinida, el tiempo que a este gobierno por lo menos le plazca”, afirmó.

Tapia también reveló que Murillo se encuentra en una situación económica crítica: sin empleo, sin vivienda y sin bienes a su nombre, luego de que se anotara su patrimonio.

“Está en detención preventiva porque no tiene dónde vivir. No tiene trabajo y no tiene recursos, ni siquiera para estos gastos procesales”, señaló.

Respecto a su propia labor, Tapia admitió que el patrocinio legal es limitado por estas mismas razones, e insistió en que el Estado debería cubrir los costos procesales dado que es la parte que los está generando.

El exministro se encuentra en la cárcel de San Pedro, mientras se desarrollan sus procesos.

A tres días de la segunda vuelta electoral, Bolivia ingresó en periodo de silencio electoral, mientras que las Fuerzas Armadas despliegan un amplio operativo logístico y de seguridad para garantizar el traslado del material electoral a los recintos más alejados del país.

La Séptima División del Ejército activó un despliegue estratégico de aproximadamente 950 efectivos militares encargados de custodiar las maletas electorales en zonas rurales y de difícil acceso.

“Van a trasladar personas a La Paz, de ahí camino a Apolo y luego ingresan al municipio de Independencia, que es el lugar más alejado. Se están tomando todas las previsiones para llegar de manera oportuna”, explicó el comandante de la Séptima División, Marco Antonio Guarachi, en entrevista con Bolivia TV.

Guarachi detalló que las operaciones comenzaron el martes con el desplazamiento de personal hacia Puerto Villarroel, desde donde continuaron por vía fluvial hasta el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis). El jefe militar subrayó la importancia de la anticipación para evitar contratiempos: “Siempre es bueno llegar con anticipación porque puede presentarse algún tipo de eventualidad en el trayecto. Se desplazaron ayer y hoy también se desplazan a los lugares alejados”, agregó.

El operativo forma parte de una acción conjunta entre el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, con el propósito de asegurar la integridad del material electoral antes, durante y después de los comicios del próximo domingo 19 de octubre, cuando los bolivianos definirán entre Jorge Tuto Quiroga, de la Alianza Libertad, y Rodrigo Paz Pereira, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), quién asumirá la Presidencia del Estado.

El silencio electoral obliga a suspender toda forma de propaganda y publicidad electoral.

Desde el Tribunal Supremo Electoral (TSE) informaron que realizarán cuatro tipos de monitoreo para verificar el cumplimiento del silencio electoral, de cara al balotaje que tendrá lugar este domingo 19 de octubre.

El vocal Gustavo Ávila informó que desde las cero horas de hoy se emplearán cuatro tipos de monitoreo, para constatar que los frentes políticos que participarán en el balotaje no hagan propaganda.

Precisó que habrá monitoreo de medios radiales, televisivos, digitales y, junto a las alcaldías, una revisión de las vallas publicitarias.

El Viceministerio de Defensa Civil intensificó los patrullajes aéreos y terrestres en el municipio de San Ignacio de Velasco, en Santa Cruz, para contener un incendio que amenaza una zona amazónica de aprovechamiento sostenible de asaí.

La autoridad explicó que el nuevo incendio no se encuentra dentro del Parque Nacional Noel Kempff Mercado, afectado anteriormente, sino en una zona distinta, aunque también ubicada en el municipio de San Ignacio de Velasco. “En este momento eso está evitando que este incendio que está en Bajo Paraguá ingrese a la reserva”, indicó.

“El parque Noel Kempff Mercado hace una semana fue completamente sofocado, completamente sofocado. El día de ayer ha aparecido un foco de calor (…). Donde sí existe fuego es en el Bajo Paraguá”, afirmó el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes.

Calvimontes anunció un sobrevuelo para evaluar la evolución del fuego y coordinar acciones más precisas. Asimismo, aclaró el rol del apoyo aéreo en las tareas de mitigación: “Se tiene que entender que no es el helicóptero el que apaga los incendios. El helicóptero coadyuva en el enfriamiento y en evitar la propagación del incendio”, dijo.

Destacó que el esfuerzo principal recae en los bomberos forestales que operan por tierra, abriendo líneas de contención y ejecutando tareas minuciosas para apagar el fuego.

“El trabajo más fuerte, más eficiente que se hace es el que realizan nuestros bomberos forestales por tierra. Es un trabajo de hormiga para poder sofocar el fuego”, remarcó.

Para este operativo, más de 60 efectivos militares se encuentran desplegados en el sector de Bajo Paraguá, reforzando las labores de contención y control.

Además, bomberos de Direna siguen trabajando en el Plan de Manejo de Asaí, en coordinación con los bomberos voluntarios, comunarios, la Asociación de Productores de Bosques de la Comunidad Indígena Porvenir. Realizan la apertura de líneas de defensa para frenar el avance del incendio.

El Área Protegida Municipal Bajo Paraguá es una zona de alta biodiversidad, ubicada en la provincia Velasco, al norte del departamento cruceño. Los incendios afectan a Concepción, San Ignacio, Ascención de Guarayos, Urubichá, San Antonio de Lomerío, El Puente y San José.