Jhonny Fernández, alcalde de Santa Cruz de la Sierra, fue aprehendido este martes tras prestar su declaración en el marco de un proceso por la supuesta comisión de  irregularidades en el plan de pavimentación de esa ciudad cruceña.

La fiscal Milenka Roda ordenó la aprehensión de Fernández después de escuchar sus declaraciones y ordenó que lo trasladen a dependencias policiales.

Fernández estaba citado en calidad de denunciado dentro de una investigación por la posible comición de los delitos de conducta antieconómica, uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes.

Poco después de su aprehensión, el alcalde cruceño y líder del extinto partido Unión Cívica Solidaridad, sufrió “una descompensación”, informaron sus allegados y un paramédico que atendió la situación, reportó Erbol digital.

El diario cruceño EL DEBER, publicó que “de acuerdo con un informe oficial (…) el edil dijo haber sufrido una descompensación de su salud, por eso, la fiscal que lleva adelante la investigación determinó dar un cuarto intermedio a la toma de declaración.

“En ese tiempo se convocó a un médico del Instituto de Investigaciones Forenses para su valoración. Tras la revisión médica, el forense certificó que el alcalde se encontraba bien de salud, por lo que la declaración volvió a instalarse. Concluida la toma de declaración, la fiscal Milenka Roda ordenó la aprehensión de la autoridad municipal”.

Comparecencia

El alcalde cruceño compareció este martes ante una comisión de fiscales en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en proyectos de pavimentación que, según la denuncia, no habrían sido ejecutados.

Él y su secretario municipal de Obras Públicas, Sergio Luna, estaban convocador por la Fiscalía Anticorrupción, el pasado jueves 19 de febrero, pero no se presentó.

El proceso, en el marco del cual se investiga a Fernández, se inició tras una denuncia presentada por el activista Manuel Saavedra, quien observó 16 proyectos incluidos en una auditoría preliminar de la Contraloría.

La denuncia hace referencia a un caso de pavimento “fantasma”, es decir que no existe pese a que figuraría como ejecutado.

Tras su comparecencia, el alcalde de Santa Cruz rechazó las acusaciones y aseguró que las obras en cuestión fueron ejecutadas conforme a lo previsto.

“Como alcalde quiero decir que este chico (Manuel Saavedra) está mal asesorado y esto es un interés político, nada más, las obras están ahí, las obras son financiadas, no se puede no ejecutar una obra”, afirmó la autoridad municipal.

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, informó ayer que la Sala Plena de esa institución tomó la decisión de remitir al Ministerio Público los casos de falsas militancias de parte de las organizaciones políticas.

En los últimos días, decenas de ciudadanos expresaron su reclamo debido a que aparecen como militantes de determinada organización política o agrupación ciudadana sin su consentimiento.

El Presidente del TSE advirtió que desde ahora los representantes de cada organización política deberá responder a la justicia por estos casos.

“Varios ciudadanos han sido sorprendidos al verse inscritos en organizaciones políticas. El mensaje es claro, no vamos a tolerar este tipo de acciones, vamos a remitir este tipo de antecedentes al Ministerio Público, basta de engañar a los ciudadanos, tomar sus firmas sin autorización”, aseveró.

Señaló que los representantes de las organizaciones tendrán que demostrar que los ciudadanos firmaron sus libros de militancia, caso contrario “la justicia tendrá que aplicar la Ley”.

Anulación

El pasado domingo 22 de febrero se publicaron las listas de jurados electorales para las elecciones subnacionales previstas para el 22 de marzo. Además, se habilitó la consulta en su plataforma digital.

Tras consultar la web, varias personas denunciaron que el sistema las registraba como militantes de fuerzas políticas sin haberse inscrito voluntariamente.

Entre los casos más difundidos de militancia injustificada figura el de la actriz Paola Belmonte, quien denunció que apareció como militante del Movimiento Vida.

“Resulta que soy militante del Movimiento Vida. ¿Cómo hago para solucionarlo?”, escribió en su cuenta de Facebook.

La usuaria identificada como Katty Km señaló que, además de haber sido seleccionada como jurado electoral, figura como militante del Somos Movimiento Social. “¡Jurado y además militante de un partido que no sabía que existía!”, expresó en redes sociales.

Otros ciudadanos también denunciaron aparecer como militantes de organizaciones como Ciudad Humana y Unidad Nacional sin haber otorgado su consentimiento, reportó Erbol.

La Central Obrera Boliviana (COB) advirtió con acciones contra el gobierno por la situación de la Vicepresidencia luego de promulgación del decreto 5552 y expresó preocupación por otras medidas y proyectos de ley y créditos externos programados por el Gobierno.

El ejecutivo de la COB, Mario Argollo, se refirió al decreto 5552, que establece una reingeniería administrativa de la Vicepresidencia.

“Un personaje como el vicepresidente que ha sido elegido democráticamente ahora depende del Ministerio de la Presidencia. ¿Dónde está compañeros el respeto a las autonomías de los poderes del Estado? Estamos vulnerando la Constitución compañeros”, aseguró. 

Aclaró que no defiende al vicepresidente Edmand Lara, sino que cuestiona la norma por considerar que vulnera la Constitución Política del Estado.

El decreto 5552 elimina la estructura administrativa autónoma de la vicepresidencia y dispone que su personal pase a depender presupuestaria y jerárquicamente del Ministerio de la Presidencia, lo que deja a esa instancia sin recursos propios ni atribuciones administrativas.

También se suma a  las críticas al decreto el expresidente Jorge Tuto Quiroga , quien dijo que el tiempo demuestra que se trata de un “binomio incoherente”  (Paz y Lara) y que se formó únicamente “por la ambición de llegar al poder”.

En tanto, Lara advirtió que así como “destrozan” a la Vicepresidencia a través de un Decreto, pueden hacer lo mismo con la Asamblea legislativa Plurinacional (ALP), el Órgano Electoral y el Órgano Judicial y así consolidar su “dictadura”.

“Así la dictadura querrá imponerse desconociendo a los pueblos indígenas, a las organizaciones sociales y los derechos de las personas”, alertó.

Reorganización

En tanto, la vocera presidencial, Carla Faval, afirmó que el Decreto 5552 establece únicamente una reorganización administrativa de la Vicepresidencia, con el objetivo de evitar la duplicidad de funciones y reducir los costos estatales.

“Estamos bajo la política de austeridad, reduciendo los costos estatales para el país. Es así que involucra también al vicepresidente”, afirmó Faval en rueda de prensa.

Señaló que la medida responde a la política de austeridad del Gobierno, como ocurrió en la oficina presidencial, donde la Dirección de Comunicación Estratégica fue incorporada a la Unidad de Comunicación Estratégica.