El presidente de la República Oriental del Uruguay, Yamandú Orsi, firmó este miércoles el decreto reglamentario de la ley de eutanasia, formalmente conocida como aquella que regula la muerte médicamente asistida en Uruguay, destacando que la dignidad humana ha sido el eje central de este proceso de debate, reflexión y escucha.

“Uruguay sigue construyendo acuerdos en los temas que más importan”, afirmó el mandatario, subrayando que este paso no es solo legal, sino también filosófico y ético, marcando un hito en la historia del país.

Primer país del continente

Uruguay es el primer país de la región en legalizar la eutanasia a través de una norma de la jerarquía de ley. Este proceso se culminó con la firma de la reglamentación, que permite la muerte digna para aquellas personas que, según los criterios establecidos, estén en una etapa terminal de una patología incurable e irreversible.

Este avance se enmarca en un contexto más amplio de políticas de salud, ya que hace seis meses se había dado un primer paso al garantizar los cuidados paliativos en el país. “Acompañar, aliviar y cuidar es parte esencial de cualquier decisión en este terreno”, agregó Orsi, quien recordó la importancia de brindar apoyo y opciones a las personas en situación terminal.

Reglamentación

En la nueva reglamentación, se define que los pacientes podrán acceder a la eutanasia tras una evaluación médica exhaustiva, que incluye la firma de un segundo médico consultante y, en caso de dudas, una junta médica. Además, el procedimiento se llevará a cabo con el consentimiento informado del paciente y en un ambiente adecuado para asegurar que se cumpla con los estándares de dignidad y respeto.

“Los procedimientos, la logística que implica, las medicaciones que se requieren, son aspectos que ya están instalados en la operativa diaria de los prestadores, por lo cual no se espera un retraso en ese sentido”, dijo el coordinador de la reglamentación, Rodrigo Márquez, aunque aclaró que “es posible dar un tiempo extra si en una región o un caso puntual se necesiten unos días más porque no están dadas las condiciones”.

Desde que se aprobó la ley, el Ministerio de Salud Pública recibió cerca de una decena de consultas (algunas de ellas de prestadores o familiares de pacientes) por la implementación de la eutanasia. Pero la mayoría de los casos su estado era tal que ni siquiera cumpliría con el requisito básico de la ley:

“Toda persona mayor de edad, psíquicamente apta, que curse la etapa terminal de una patología incurable e irreversible, o que, como consecuencia de patologías o condiciones de salud incurables e irreversibles, padezca sufrimientos que le resulten insoportables, en todos los casos con grave y progresivo deterioro de su calidad de vida, tiene derecho” a la eutanasia.