El primer resultado de la intervención del Gobierno a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) es la decisión de retirar paulatinamente a la empresa estatal de la comercialización de hidrocarburos, actividad de la que se encargarán operadores privados.

El abandono de esa área le permitirá que se concentre en la exploración, explotación y actividades de refinación, informó en ministro de Hidrocarburos y Energías, Marcel Blanco, la tarde de este miércoles en La Paz, en conferencia de prensa junto con el portavoz de la Presidencia.

“La intención del Gobierno es que Yacimientos vuelva a su rol natural y no se dedique a comercializar hidrocarburos. Yacimientos no fue creada con ese fin. Cumpliendo la Constitución vamos a hacer que (YPFB) salga de ese rol y sean los (actores) privados los que participen en toda la cadena”, afirmó Marcelo Blanco, antes de señalar que las empresas privadas deberán participar en el proceso de importación, distribución y comercialización de los combustibles líquidos, a medida que YPFB se retire de la comercialización.

El ministro explicó que el Gobierno ya sostuvo reuniones con empresas privadas y que estas expresaron su compromiso de importar combustibles conforme la estatal reduzca su participación en esas operaciones.

Sin embargo, indicó que se busca formalizar ese compromiso para garantizar el abastecimiento a la población.

Intervención a la ANH

Asimismo, el ministro Blanco anunció que la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) también será intervenida, al considerar que en esta entidad y YPFB se constataron “manejos no adecuados” y problemas de burocracia que habrían contribuido al desabastecimiento de combustibles.

Señaló que la intervención de la ANH se realizará posteriormente y que permitirá revisar su funcionamiento y corregir las deficiencias identificadas.

El planteamiento surge en el marco de la intervención temporal de YPFB por hasta 180 días, dispuesta mediante el Decreto Supremo 5697 debido a las deficiencias en los procesos de importación y distribución de carburantes.

La comisión encargada de la intervención está integrada por representantes de cinco ministerios y el Viceministerio de Transparencia, y priorizará la revisión de la comercialización, logística y trazabilidad de combustibles.

También podrá recomendar auditorías, identificar posibles irregularidades o responsabilidades y remitir sus resultados a la Contraloría, Fiscalía, Procuraduría u otras instancias competentes.