Pese al despliegue policial de unidades de Cochabamba, Santa Cruz y Oruro, la Llajta sigue aislada por cuarto día debido a los bloqueos en las carreteras que la conectan con el oriente y occidente del país. Se registraron 19 policías heridos en los operativos de desbloqueo; hay 42 detenidos y las terminales suspendieron las salidas de buses.
En las últimas horas, se instaló un nuevo punto en puente Ichilo, en el límite entre Cochabamba y Santa Cruz, además se anunció también que en Pailón y San Julián se sumarán a las movilizaciones desde hoy.
Las protestas son promovidas por sectores afines al expresidente Evo Morales, cuya insistencia en ser habilitado como candidato ha llevado a diferentes movilizaciones. Morales negó el extremo y atribuyó las protestas a la crisis económica que se vive en Bolivia.
Escalada de violencia
La situación no sólo afecta la movilidad: también ha dejado un saldo preocupante en términos de violencia. El Ministerio de Gobierno confirmó que al menos 19 policías resultaron heridos por impactos de piedras y explosivos, incluyendo cachorros de dinamita.
Personal de la Caja Nacional de Salud (CNS) de Cochabamba informó ayer que tres policías permanecen internados en el Hospital Obrero No. 2 por golpes severos recibidos en la cabeza. Una oficial fue secuestrada temporalmente en inmediaciones del puente Pankuruma. En total, 42 personas fueron detenidas, algunas bajo cargos graves como el de secuestro.
Además, una ambulancia con cinco ocupantes, un chofer y cuatro médicos, fue retenida en la localidad de Japo, ruta hacia Caracollo, denunció la ministra de Salud, María Renée Castro. “Cinco trabajadores de la salud —un chofer y cuatro médicos— fueron retenidos e incomunicados, en plena misión de salvar vida”, dijo.
En este contexto, las autoridades han sido claras en señalar el trasfondo político de estas movilizaciones. El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, denunció que estas acciones buscan generar caos para forzar la habilitación de Evo Morales, quien actualmente se encuentra legalmente inhabilitado para postular. “Nadie tiene derecho a eternizarse en el poder. La ley y la Constitución son claras”, afirmó Ríos, recalcando que la Policía actúa para garantizar el libre tránsito y proteger el proceso electoral.
Denuncia internacional
La Cancillería, por su parte, elevó la denuncia a nivel internacional. A través de un comunicado oficial, advirtió que los sectores “evistas” buscan acortar el mandato del presidente Luis Arce e imponer “una candidatura inconstitucional”, recordando que el Tribunal Constitucional Plurinacional prohíbe la reelección indefinida.
Ante esta embestida, el Gobierno ha reafirmado su postura: las elecciones se llevarán a cabo el 17 de agosto, como está previsto. “Reafirmamos nuestro compromiso con la democracia, con la paz y con el derecho del pueblo boliviano a elegir libremente a sus nuevos gobernantes”, concluyó el pronunciamiento oficial.
