El Gobierno consideró este miércoles que las declaraciones que dio el excomandante del Ejército, Juan José Zúñiga, por la asonada militar del 26 de junio de 2024, “no tienen ninguna validez legal” e instó a la Fiscalía emitir el requerimiento conclusivo en el proceso que se le sigue.
“Las declaraciones prestadas por el señor (Juan José) Zúñiga, ante un medio de comunicación, desde la cárcel, no tienen ninguna validez legal”, afirmó el ministro de Justicia y Transparencia, César Siles.
Recordó que en tres ocasiones el ex jefe militar ya brindó su declaración informativa ante la comisión de fiscales y ahora su defensa solicitó una nueva declaración ampliatoria que está fijada para el 22 de abril.
Siles consideró que la nueva declaración que brinde ante el Ministerio Público será un elemento de convicción “probatorio, suficiente y no así a una declaración prestada a un medio de comunicación”.
No obstante, el ministro de Justicia afirmó que la última intervención de Zúñiga “complica su misma defensa” dentro del proceso que se sigue en su contra, por las contradicciones que habría incurrido anteriormente.
Siles exhortó al Ministerio Público a terminar la investigación y “de una vez” emitir el requerimiento conclusivo que, en su criterio, debe tener una acusación por los “graves hechos” que se han suscitado el 26 de junio de 2024.
En entrevista con ERBOL, Zúñiga afirmó que antes de la asonada militar del 26 de junio de 2024, con el presidente Luis Arce y los allegados íntimos del mandatario, surgió la iniciativa de realizar un “fujimorazo”, es decir, dar un “golpe” a la Asamblea Legislativa Plurinacional con el objetivo de dar gobernabilidad al Órgano Ejecutivo.
Además, el excomandante del Ejército afirmó que el despliegue de tropas en la plaza Murillo tuvo el propósito de para levantar la popularidad de Arce ante el ambiente de movilizaciones que se venían en el país contra de su Gobierno.
Según Zúñiga, eran parte de ese plan el exministro de Gobierno, Hugo Moldiz y Fernando Rodríguez Ureña —a quien se le atribuye ser asesor del presidente del Estado—, ambos estarían en el “círculo íntimo y sucio” del mandatario.
Dentro del caso, hay 30 personas investigadas y procesadas y más de 2.000 fojas en pruebas documental, aseguró la autoridad.
