El jurista explicó que la situación procesal de Murillo se encuentra virtualmente paralizada debido a que no puede pagar los costos asociados con la tramitación de las apelaciones.

El exministro de Gobierno, Arturo Murillo, recientemente extraditado desde Estados Unidos a Bolivia, enfrenta múltiples procesos judiciales y cinco detenciones preventivas, pero también padece la falta de recursos económicos para cubrir los costos de las fotocopias necesarias para apelar sus causas, informó su abogado Jaime Tapia.

El jurista explicó que la situación procesal de Murillo se encuentra virtualmente paralizada debido a que no puede pagar los costos asociados con la tramitación de las apelaciones.

“Don Arturo Murillo no va a tener derecho a una segunda instancia hasta que no pague él con sus propios recursos los testimonios y las copias, las fotocopias que hay que sacar de estos expedientes. Son toneladas de hojas que hay que fotocopiar para remitir a las salas”, declaró.

Según indicó, cada uno de los procesos abiertos contra el exministro cuenta con expedientes que superan los 20 cuerpos, lo que implica un gasto estimado de al menos 500 bolivianos por causa, solo en fotocopias.

“Arturo Murillo no los tiene para costearlos (los 500 bolivianos por caso). Entonces él con suerte tiene los recursos para mantenerse el día a día, pero es imposible que él pueda asumir el costo todavía de fotocopiar todos estos expedientes y buscar una apelación”, manifestó.

Tapia lamentó que, a pesar de que el Ministerio de Justicia ha asignado una defensa estatal, esta no haya sido efectiva para garantizar el derecho de Murillo a apelar.

“Estas apelaciones, por lo visto, van a estar ahí de manera indefinida, el tiempo que a este gobierno por lo menos le plazca”, afirmó.

Tapia también reveló que Murillo se encuentra en una situación económica crítica: sin empleo, sin vivienda y sin bienes a su nombre, luego de que se anotara su patrimonio.

“Está en detención preventiva porque no tiene dónde vivir. No tiene trabajo y no tiene recursos, ni siquiera para estos gastos procesales”, señaló.

Respecto a su propia labor, Tapia admitió que el patrocinio legal es limitado por estas mismas razones, e insistió en que el Estado debería cubrir los costos procesales dado que es la parte que los está generando.

El exministro se encuentra en la cárcel de San Pedro, mientras se desarrollan sus procesos.