El viceministro de Tierras, Armando Vaca Diez, informó que solo firmaron un acuerdo con las provincias de Ballivián y Vaca Díez; sin embargo, la marcha en contra de la Ley 1720 hacia La Paz persiste por parte del resto de los sectores campesinos del oriente boliviano.

La Ley 1720 autoriza al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) a cambiar la clasificación de pequeñas propiedades privadas tituladas a medianas propiedades de forma voluntaria.

El acuerdo parcial se dio en Rurrenabaque, donde ambas partes suscribieron un acta que define el alcance de la normativa.

El documento establece que la aplicación de la ley se circunscribe a predios privados titulados, con el objetivo de facilitar el acceso a financiamiento productivo, pero no  afecta a las Tierra Comunitarias de Origen (TCO).

“Hemos logrado un acuerdo con comunidades campesinas de la provincia Vaca Díez, como también de Rurrenabaque de la provincia Ballivián. En ese sentido, en la mañana (ayer) terminamos de firmar el acuerdo y hemos logrado una firma con estas dos regionales”, dijo el viceministro en radio Fides.

Asimismo, explicó que acordaron establecer un cronograma de visitas del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) a estas dos provincias para hacer un trabajo en las comunidades indígenas.

De igual forma, el documento que las regiones Ballivián y algunas comunidades campesinas de Vaca Diez se “retiran de la marcha que venían realizando, en señal de buena voluntad y compromiso con el diálogo y los acuerdos alcanzados”.

Sigue la movilización

Sin embargo, pese a que estas dos provincias se retiraron de la marcha, aún hay subcentrales que continúan con la protesta hacia la sede paceña. Ante esta situación, Díez recalcó que seguirán en Rurrenabaque para dialogar con el resto de las organizaciones.

Los dirigentes de la marcha aseguraron que la protesta se enmarca en el respeto a los derechos colectivos, la autodeterminación y la dignidad de las comunidades.

Mientras no exista una respuesta que atienda de fondo sus demandas, los sectores movilizados ratifican que la marcha seguirá avanzando y las medidas se profundizarán.

Uno de los marchistas dijo que “rompieron el diálogo” porque el Gobierno solo quiere modificar un par de artículos de la cuestionada ley, mientras que otro manifestante aseguró que “no rompieron el diálogo”, pero que siguen con la movilización porque se reunieron con autoridades sin poder de decisión.