El medio español El Debate, en un reportaje firmado por el periodista Alejandro Entrambasaguas, ha presentado una investigación que expone presuntas pruebas de abusos sexuales cometidos por el expresidente boliviano Evo Morales contra menores de edad durante su mandato. La publicación, fechada el 27 de octubre, incluye fotografías y testimonios que, según el medio, confirman una relación sostenida de Morales con adolescentes y revelan la presunta participación de altos cargos policiales y figuras políticas en un encubrimiento de estos hechos.

Según el reportaje, Morales está siendo investigado por delitos de trata de personas, estupro y otros posibles abusos. El Debate sostiene que el expresidente habría mantenido relaciones con al menos dos adolescentes durante su gestión. Como parte de las pruebas presentadas, el medio asegura poseer fotografías en las que Morales aparece junto a una de las jóvenes y su hija, así como conversaciones que documentan una relación entre ellos.

Una de las jóvenes mencionadas en la investigación es Cindy Sarai Vargas Pozo, quien habría iniciado una relación con Morales desde los 14 años. Según el reportaje, la menor quedó embarazada a los 15, y en el acta de nacimiento del bebé, Morales habría sido registrado como padre. La investigación también señala que la joven y su hija fueron reportadas como desaparecidas la semana pasada, lo cual ha incrementado la atención de la Fiscalía boliviana sobre el caso.

Presunto encubrimiento

Además de Morales, el reportaje implica a familiares de Cindy Sarai en un posible encubrimiento. Según El Debate, varios miembros de la familia de la joven habrían sido favorecidos con cargos en instituciones gubernamentales, lo cual indicaría un posible intercambio de favores para mantener en secreto la relación. Se menciona que Idelsa Pozo, madre de Cindy, y uno de sus hermanos trabajaron en el Ministerio de Obras Públicas y en la Autoridad de Telecomunicaciones, mientras que el padre de Cindy, Emeterio Vargas, habría admitido ante la policía conocer la relación de su hija con Morales, lo que también está bajo investigación para determinar si existió un acuerdo económico con la familia.

Otro caso similar

El reportaje también menciona un segundo caso: el de Noemí Meneses Chávez, quien habría tenido una relación con Morales desde que era menor de edad. Este caso salió a la luz en 2020, cuando Meneses fue detenida durante un control policial en Cochabamba mientras viajaba en un vehículo oficial del Estado, reportado como robado. Las autoridades encontraron en su teléfono móvil imágenes y mensajes que documentaban una relación con Morales. La situación generó una crisis en la Gobernación de Cochabamba y dio lugar a nuevas investigaciones sobre posibles abusos y agresiones físicas, supuestamente encubiertas por altos mandos policiales.

En la investigación, se mencionan nombres de exministros y líderes actuales del Movimiento al Socialismo (MAS), como Álvaro García Linera, Carlos Romero y el senador Leonardo Loza, quienes habrían sido cómplices en el encubrimiento de los abusos. Según El Debate, estas figuras habrían colaborado para proteger la relación entre Morales y las menores con el fin de evitar un escándalo que pudiera afectar la imagen del expresidente y del partido.

El medio también sugiere que las menores fueron trasladadas en múltiples ocasiones en vuelos nacionales, con gastos de viaje que aparentemente exceden la capacidad económica de sus familias. Según la publicación, entre 2015 y 2019, Cindy Sarai habría realizado hasta 140 vuelos dentro de Bolivia, algunos de ellos junto a su hija, acumulando un costo estimado de 110.000 bolivianos, monto difícil de asumir para una familia de recursos limitados.

Reacciones

La investigación periodística ha generado gran polémica en Bolivia en medio de un contexto político ya polarizado. Mientras simpatizantes del MAS bloquean carreteras y califican las acusaciones como una persecución política, líderes de la oposición exigen una investigación profunda y justicia para las posibles víctimas.

La publicación también ha abierto el debate sobre el funcionamiento del sistema de justicia en Bolivia y las estructuras de poder que, según críticos, habrían protegido a Morales y a otros altos funcionarios. La presentación de estas pruebas genera expectativas sobre el accionar de la Fiscalía y las posibles repercusiones para el futuro del MAS, partido que Morales sigue liderando.