El ejército israelí anunció ayer que más de 20 miembros de Hezbolá, incluyendo altos dirigentes, murieron en un bombardeo efectuado el pasado viernes en la periferia sur de Beirut, que también resultó en la muerte de Hasán Nasralá, jefe del movimiento islamista libanés. La operación, denominada “Nuevo Orden”, se dirigió contra el cuartel general subterráneo de Hezbolá, el cual estaba ubicado bajo edificios civiles y desde donde se coordinaban las actividades terroristas contra Israel.

El ataque, que eliminó a terroristas de diversos rangos, fue parte de una serie de operaciones israelíes que, en los últimos meses, han acabado con varios líderes de Hezbolá. Entre las bajas más recientes se encuentra Nabil Kaouk, jefe adjunto del Consejo Central del grupo, quien murió el sábado pasado en otro ataque aéreo israelí. Con su muerte, ya suman siete los líderes de alto rango de Hezbolá abatidos en poco más de una semana, entre ellos figuras fundadoras que habían logrado evadir la muerte durante décadas.

Reacción internacional

La respuesta de Irán ante los recientes bombardeos no se hizo esperar. Saeed Iravani, representante de Irán ante las Naciones Unidas, solicitó una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU para abordar lo que describió como “actos de agresión” por parte de Israel. Irán exigió medidas inmediatas para frenar los ataques israelíes en Líbano y Gaza, calificando el asesinato de Nasralá como un “acto flagrante de terrorismo” perpetrado en áreas residenciales utilizando municiones antibunker provistas por Estados Unidos. 

En su carta dirigida al Consejo de Seguridad, Iravani instó a la comunidad internacional a presionar a Israel para que respete las resoluciones de la ONU y detenga lo que considera crímenes de guerra que podrían escalar hacia un conflicto de mayor envergadura en la región.

Nuevos bombardeos

Ayer, una nueva serie de bombardeos israelíes sacudió los suburbios del sur de Beirut, un bastión de Hezbolá. Según la Agencia Nacional de Noticias libanesa, el ataque fue “violento”, derrumbando un edificio en la zona de Ghobeiry. Las autoridades libanesas informaron que ambulancias acudieron rápidamente al lugar para atender a las víctimas, mientras que testigos describieron cómo un cohete impactó directamente en una residencia.

Por su parte, el ejército israelí confirmó que los ataques en Líbano incluyeron “objetivos terroristas”, como lanzacohetes apuntados hacia Israel, depósitos de armas y sitios de infraestructura de Hezbolá. Además, el comunicado señaló que los bombardeos en Dahiyeh, un barrio de Beirut, fueron “de precisión”, en línea con su estrategia de atacar a líderes del movimiento islamista y sus capacidades militares.

Expertos afirman que las consecuencias de estos ataques no solo afectan la estabilidad regional, sino que también generan preocupaciones sobre una posible intervención internacional si las hostilidades no se detienen.

El Gobierno surcoreano busca invertir 109.500 millones de wones (unos 82 millones de dólares) en 2025 para costear el cierre de casi 6.000 establecimientos ligados a la cría y comercialización de perros para consumo humano y su transición a otros negocios ante la prohibición de comerciar con este tipo de carne para 2027.

El plan presentado este jueves por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Asuntos Rurales estipula esa cantidad para los 5.989 negocios ligados a la industria de la cría y venta de carne de perro que hay registrados en el país, entre granjas, restaurantes, minoristas o matarifes, y que deben de cerrar o cambiar de actividad para febrero de 2027 en virtud de la ley aprobada el pasado enero.

De esa cantidad, que aún deberá ser aprobada en diciembre por la Asamblea Nacional (Parlamento) y que procederá en un 50% de autoridades locales y en otro 50% del Gobierno central, al menos 56.200 millones de wones (42 millones de dólares) corresponderían a fondos de ayuda y 30.500 (22 millones de dólares) a amortizar el valor residual de muchas instalaciones en granjas de cría.

La idea es que los dueños de las granjas reciban un máximo de 600.000 wones (unos 450 dólares) y un mínimo de 225.000 (170 dólares) por perro en el momento del cierre.

A su vez, el plan indica que “los perros que inevitablemente resulten abandonados debido a los cierres”, serán “protegidos con medidas de apoyo a la adopción” de acuerdo con la Ley de Protección Animal vigente.

El Ministerio, que estima que las más de 1.100 granjas que hay registradas en Corea del Sur tienen una población de en torno a 466.000 perros, también habilitará servicios de consultoría para ayudar a muchas de estas explotaciones o restaurantes a transicionar a otros negocios.

El tradicional consumo de carne de perro en Corea del Sur ha caído enormemente en las últimas décadas a medida que han ido en aumento el número de hogares que poseen mascotas.

Sondeos de años recientes muestran que una gran mayoría de surcoreanos nunca ha probado la carne de perro y que no tiene intención de hacerlo.

Además, la mayoría de los grandes mercados de este tipo de carne ha cerrado ya y el Gobierno y diversas asociaciones han logrado ir clausurando muchas granjas y mataderos y ayudado a sus dueños a cambiar de negocio en la última década.

Un día después de que la Justicia argentina solicitara la captura internacional del presidente Nicolás Maduro por violaciones a los derechos humanos, la Fiscalía General de Venezuela anunció ayer que pidió a Interpol la captura del presidente Javier Milei por siete delitos, entre ellos robo agravado, legitimación de capitales y privación ilegítima de libertad.

El fiscal general Tarek William Saab dijo en una declaración transmitida por la televisora estatal que la solicitud fue formulada el lunes 23. “La Fiscalía venezolana pidió a Interpol emitir una alerta roja contra el presidente argentino, Javier Milei, y altos miembros de su gabinete”, dijo, en un pedido que incluyó a la secretaria general de la Presidencia y hermana de mandatario, Karina Milei, y a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

“Esperaremos a ver cómo actuará esa organización ante el robo, desmantelamiento y daño al patrimonio nacional”, dijo.

El caso que motivó la investigación de la Fiscalía venezolana se originó en el decomiso de un avión venezolano-iraní retenido en Buenos Aires en junio de 2022 y luego enviado a Estados Unidos.

“Quiero mostrar la solicitud formalmente hecha, realizada por este Ministerio Público el día 23 de septiembre de 2024. Ya la solicitud ha sido remitida, esperemos a ver cómo actuará Interpol”, dijo Saab. “No me cabe la menor duda que Milei es el principal peligro para el hemisferio occidental. Se ha convertido en el azote de la región, una persona que debiera estar en un manicomio. Debería estar encerrado en un psquiátrico. Ven a dónde ha llegado la Argentina que tiene a un sujeto de este calibre ejerciendo la jefatura del Estado”, agregó.

El Gobierno argentino repudió la decisión sobre las órdenes de aprehensión contra el presidente y altos funcionarios, al argumentar que el “mencionado caso fue resuelto por el Poder Judicial, poder independiente sobre el cual el Ejecutivo no puede ni debe tener injerencia alguna, en aplicación de un acuerdo internacional”, en referencia a que en enero pasado, un mes antes de la entrega, un juez argentino aprobó el decomiso del avión de carga a pedido de Estados Unidos.

El anuncio de la Fiscalía se produjo un día después de que la Justicia de la Argentina solicitara la captura internacional de Maduro por violaciones a los derechos humanos. La Cámara Federal resolvió este lunes instruir al juez federal Sebastián Ramos a que pida la captura internacional de Maduro para indagarlo en la Argentina por violaciones a los derechos humanos. “Se comprobó que existe en Venezuela un plan sistemático de represión, desaparición forzada de personas, tortura, homicidios y persecución contra una porción de la población civil, desarrollado —cuanto menos— desde el año 2014 hasta el presente”, señala el texto del fallo.

“Venezuela repudia la írrita decisión de una instancia del desprestigiado Poder Judicial argentino”, señaló el ministerio de Relaciones Exteriores venezolano en un comunicado. Apuntó que el fallo “carece de fundamentos de competencia y violenta la jurisdicción de los Estados y las inmunidades y privilegios que gozan los presidentes y altos funcionarios”.

Javier Milei critica a la ONU

En el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Javier Milei redobló la apuesta y explicó que la ONU se convirtió en un “leviatán de múltiples tentáculos que pretende decidir no sólo qué debe hacer cada Estado-nación, sino también cómo deben vivir todos los ciudadanos del mundo”.

“En algún momento, esta organización dejó de velar por los principios esbozados en su declaración fundante y comenzó a mutar”, indicó el mandatario argentino en su discurso.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, propuso este lunes una nueva normativa para prohibir la circulación de automóviles fabricados con tecnología vinculada a China y Rusia que respondan a las tipologías de vehículos conectados, los cuales se comunican con infraestructuras o plataformas del fabricante, y de los vehículos autónomos, que circulan sin conductor, algo que en la práctica supone el cierre del mercado a todo coche chino nuevo.

Tras la publicación hoy de la propuesta, se abre un periodo de 30 días para que el público y las partes interesadas, como la industria automovilística, presenten comentarios. El objetivo es que la normativa entre en vigor antes del 20 de enero de 2025, cuando Biden deje la Casa Blanca, según explicó un alto funcionario que habló bajo condición de anonimato.

La medida responde a preocupaciones de seguridad nacional, ya que existe el temor de que empresas chinas y rusas accedan a los datos de conductores e infraestructuras en Estados Unidos y que puedan, incluso, controlar remotamente a esos vehículos para provocar accidentes o bloquear carreteras, explicó en una conferencia de prensa telefónica la secretaria de Comercio, Gina Raimondo.

“Los coches ya no son solo acero y metal sobre ruedas”, señaló Raimondo, quien advirtió de que los módulos Bluetooth, celulares, satelitales y wifi que incorporan los vehículos modernos pueden ser vulnerables a ciberataques o manipulaciones por parte de terceros.

Actualmente, casi todos los vehículos nuevos en las carreteras de Estados Unidos, tanto de gasolina como eléctricos, se consideran “conectados”. Estos coches cuentan con hardware que les permite conectarse a internet o a servicios en la nube, compartiendo datos tanto con dispositivos dentro del vehículo como con otros externos.

La normativa propuesta hoy es el resultado de una investigación que Biden encargó en febrero al Departamento de Comercio para determinar si las importaciones de vehículos chinos suponían un riesgo para la seguridad nacional y si era necesario prohibir el uso de ese software y hardware en los vehículos que circulan en Estados Unidos.

Aunque inicialmente esta investigación solo abarcaba a China, posteriormente se amplió a Rusia por temor a que el Kremlin pudiera acceder a datos estadounidenses a través de empresas tecnológicas rusas, según explicó un alto funcionario que habló con la prensa bajo condición de anonimato.

Como resultado de esa investigación, se concluyó que ciertas tecnologías de China y Rusia suponen un riesgo tanto para infraestructuras críticas de EE.UU., incluida la red eléctrica, como para los usuarios de estos vehículos, cuyos datos personales podrían verse comprometidos, desde su lugar de residencia hasta los destinos a los que se dirigen, como hospitales o clínicas.

Raimondo aseguró que se trata de “medidas proactivas”, ya que actualmente son pocos los vehículos chinos o rusos que circulan por las vías de Estados Unidos. “Lo que hemos visto en Europa es un ejemplo de lo que no hay que hacer. En Europa y en otros lugares del mundo, se pasó de pocos vehículos chinos a demasiados”, dijo.

“Conocemos la estrategia china, así que no vamos a esperar que el riesgo sea alto. Vamos a actuar ahora”, remarcó.

La normativa propuesta busca específicamente prohibir la importación y venta de vehículos de China y Rusia que incluyan software o hardware de comunicaciones, como módulos Bluetooth, celulares, satelitales y wifi. También se prohibirán los vehículos altamente autónomos, es decir, aquellos que operan sin conductor.

Aunque la norma entre en vigor en 2025, los fabricantes de automóviles dispondrán de un plazo para adaptarse. Las restricciones sobre software serán efectivas en los modelos de 2027, mientras que la prohibición sobre hardware comenzará en enero de 2029.

La propuesta se aplicará a todos los vehículos de carretera, como coches, camiones y autobuses, pero excluirá aquellos que no circulan por vías públicas, como los vehículos agrícolas o mineros.

El líder del partido-milicia chií libanés Hizbolá, Hasán Nasralá, acusó a Israel de lanzar “una declaración de guerra” al provocar una “masacre sin precedentes” al hacer estallar en los últimos días cientos de dispositivos de comunicación —que han dejado al menos 37 muertos y casi 3 mil heridos— y aseguró que Líbano “se hace más fuerte” tras lo ocurrido y “se prepara para lo peor”.

La máxima autoridad de Hizbolá pronunció ayer un discurso en el que ha insistido en la autoría de Israel en lo ocurrido en los últimos días, a pesar de que las autoridades israelíes no se han pronunciado al respecto, y les acusó de “romper todas las reglas” y “superar todas las ‘líneas rojas’”.

Nasralá incidió en que los dispositivos de comunicación —tanto “buscas” como “walkie-talkies”— no sólo estaban en posesión de miembros de Hizbolá, sino que se trata de dispositivos “muy extendidos en diferentes capas de la sociedad”. Las explosiones sorprendieron a civiles que estaban en hospitales, mercados o en la vía pública, señaló.

Entre tanto, Cazas israelíes lanzaron ayer más de medio centenar de bombardeos contra varias zonas del sur y sureste del Líbano, en medio de la creciente tensión en el país, informó el canal local de televisión Al Manar, perteneciente al grupo chií libanés Hizbulá.

“El número de bombardeos aéreos realizados por el enemigo sionista aumenta a 52 contra las zonas de Al Hargiya en Al Mahmudeya, el extrarradio de Al Aishiya, los Altos de Rihan y alrededores de Nahr Barhaz”, afirmó la cadena.

Las autoridades de Colombia incautaron más de 1,3 toneladas de cocaína en el agua del Pacífico colombiano y capturaron a cuatro personas que transportaban el alijo en una embarcación, informaron este jueves fuentes castrenses.

El comandante de la Estación de Guardacostas Primaria de Tumaco, el capitán de corbeta Julián Díaz, dijo que durante la operación, debido a las condiciones meteomarinas adversas en el área, el navío se hundió. “Sin embargo, los tripulantes de la Estación de Guardacostas de Tumaco, en el departamento de Nariño (suroeste) lograron recuperar el cargamento, llevándolo junto al personal a puerto seguro”, explicó el alto oficial.

Luego de los análisis realizados por el Cuerpo Técnico de Investigación Criminal y Judicial (CTI de la Fiscalía) se comprobó que se trataba de 1.341 kilogramos de cocaína. Por ello, los cuatro hombres de nacionalidad colombiana fueron capturados por el presunto delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y puestos a disposición de la Fiscalía colombiana para su judicialización.

A propósito de la incautación, el Gobierno colombiano manifestó el martes pasado que el aval de Estados Unidos a la lucha del país contra el narcotráfico es la certificación de que la nueva estrategia y política de drogas aprobada el año pasado es acertada.

“La certificación en la lucha contra las drogas es la demostración de una estrategia que acierta. Al llevar la acción antidrogas de la represión al campesino a la incautación al gran narcotraficante, logramos superar una gran injusticia social y una mentira”, aseguró este martes el presidente colombiano, Gustavo Petro, en un mensaje en su cuenta de X.

Esto después de que se conociera el memorando enviado por el presidente estadounidense, Joe Biden, al secretario de Estado de EEUU, Anthony Blinken, en el que avala el trabajo conjunto realizado en Colombia, a quien considera un “compañero estrecho”.

Una operación a gran escala atribuida a Israel provocó la explosión simultánea de cientos de aparatos buscapersonas en manos de miembros del grupo chií Hizbulá ayer, en varios puntos del Líbano, matando a al menos nueve personas e hiriendo a otras 2.800.

Sobre las 15:30 hora local (12:30 GMT), los buscapersonas explotaron en diferentes lugares, principalmente del sur del país y en los suburbios meridionales de Beirut, ambos controlados por el movimiento chií, sin que todavía esté claro cómo fueron manipulados los aparatos.

La formación chií confirmó en un comunicado que los mensáfonos estaban “en posesión de varios trabajadores en diferentes unidades e instituciones de Hizbulá”, y posteriormente atribuyó la autoría de la operación a Israel, con quien libra un conflicto fronterizo desde octubre.

En concreto, las explosiones mataron a nueve personas, entre ellas un niño, e hirieron a más de 2.800, según el último balance ofrecido por el Ministerio de Salud Pública del Líbano.

El titular de ese departamento gubernamental, Firas Abiad, explicó en una breve comparecencia de prensa que la mayoría de los heridos sufrieron daños en la cara, las manos o el abdomen, y agregó que entre ellos hay cerca de 200 pacientes en estado crítico.

El Ministerio de Exteriores libanés también atribuyó el incidente a un “ataque cibernético israelí, en el que han sido detonados un gran número de buscapersonas”, e informó de que está preparando una queja al respecto para presentar ante la ONU”.

Al menos 226 personas murieron y 77 permanecen desaparecidas debido a las inundaciones en Birmania provocadas por los coletazos del tifón Yagi desde la pasada semana, con cientos de miles de afectados y problemas añadidos en la distribución de ayuda por el conflicto que asola al país.

Las cifras fueron actualizadas este martes por la junta militar birmana, que detenta el poder desde el golpe de Estado de febrero de 2021, si bien es difícil saber con exactitud el número exacto de víctimas y afectados debido en parte al difícil acceso a ciertas zonas y a la opacidad del régimen castrense.

La junta militar birmana señaló hoy que más de 163.700 personas se han visto afectadas por el desastre y unas 150.000 viviendas han quedado anegadas, recogen los medios oficialistas.

Por su parte, la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH) estimó en su último informe que más de 631.000 personas se han visto afectadas por el desastre, mientras que habrían muerto “cientos” de personas, subrayando la dificultad en la recopilación de datos.

“La mayoría de las zonas siguen anegadas y se están llevando a cabo las tareas de evacuación y la asistencia de emergencia. A pesar de los desafíos, los socios humanitarios han comenzado a informar sobre el impacto y a planificar la respuesta donde sea posible”, remarca la OCAH.

Las áreas más afectadas se encuentran en la región de Mandalay, los alrededores de la capital, Naipyidó, y el nororiental estado Shan, entre otras regiones del país. Algunas zonas, sobre todo las ciudades, están más controladas por la junta, mientras en parte de Shan y en áreas rurales grupos rebeldes ejercen mayor dominio.

Birmania se encuentra sumida en un conflicto armado que afecta a gran parte del país, principalmente la periferia, tras el golpe de Estado, que exacerbó la guerra de guerrillas activa desde hace décadas y provocó una emergencia humanitaria.

“Los equipos de rescate en el terreno estiman que al menos 300 personas han muerto (…) Hay pueblos enteros cubiertos por el lodo, con todas las casas enterradas”, dice a EFE el miembro de una organización civil que distribuye ayuda humanitaria en la región de Mandalay, y quien prefiere proteger su identidad.

“Lo difícil es el acceso, algunas carreteras son intransitables (…) Hay puentes que han quedado destruidos”, afirma. “Hay familias con todos sus miembros desaparecidos”, añade por mensaje.

La oposición pide a la ONU que le entregue la ayuda

En un comunicado divulgado este martes, el opositor Gobierno de Unidad Nacional (NUG, por sus siglas en inglés) y tres guerrillas de minorías étnicas (la Unión Nacional Karen, el Partido Progresista Karenni y el Frente Nacional Chin) urgieron a la ONU, la Unión Europea y otras organizaciones a entregar “directamente” la asistencia a su personal designado para las tareas de rescate.

“Para asegurar así que la ayuda humanitaria no se politiza o se convierte en un arma”, subraya el texto.

El prodemocrático NUG, formado tras la asonada de 2021, se declara el gobierno legítimo de Birmania (Myanmar) y se ha aliado con varias guerrillas de minorías étnicas para combatir al Ejército birmano tras el golpe.

En el comunicado afirman que juntos operan “al máximo de nuestras capacidades” para llevar a cabo las tareas de ayuda en las áreas afectadas.

El Ejército birmano, que ha perdido territorio desde la asonada en manos de los grupos rebeldes, ha sido en ocasiones acusado de desatender o impedir el acceso de ayuda a ciertas zonas para ejercer presión, como tras el impacto del ciclón Mocha en mayo, que devastó una zona del oeste del país hogar de la perseguida minoría rohinyá.

El sábado pasado, la junta militar lanzó una inusual petición de donaciones de dentro y fuera de Birmania para cubrir los gastos por las inundaciones, para lo que ofreció diferentes cuentas bancarias.

Debido a la crisis, la junta militar se encuentra aislada internacionalmente, salvo por sus relaciones diplomáticas con algunos países como Rusia, China e India.

Millones de personas se han visto afectadas por el temporal en el Sudeste Asiático, principalmente en Vietnam, golpeado por el tifón Yagi el 7 de septiembre y donde dejó más de 290 muertos, tras pasar por Filipinas y China, y afectar también a Laos y Tailandia.

Al impacto del Yagi, procedente del mar de China Meridional, se han sumado en Birmania las lluvias monzónicas procedentes de la bahía de Bengala.

El diario líder de los cochabambinos realizó la cobertura del acto de inauguración del Foro de Cooperación China-África desde el Gran Salón del Pueblo, en Beijing, el evento político más importante del año del Gigante Asiático y posiblemente el acuerdo de cooperación internacional más desarrollado de la historia.

El mismo contó con la presencia del presidente de China, Xi Jinping, quien durante su discurso de inauguración y contextualización sobre lo que trataría esta cooperación, fue acompañado por líderes políticos de 53 países de África entre otras autoridades internacionales como el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres.

El mandatario sentenció 10 puntos clave en los cuales se centrará este acuerdo, sin embargo, estos se desenvuelven en las siguientes principales bases:

Modernización: “Ningún país debe quedar atrás”

“Hemos de fomentar de la mano una modernización que pone al pueblo por encima de todo. Lograr el desarrollo libre e integral de las personas es el objetivo definitivo de la modernización” mencionó el presidente Xi, a propósito de asegurar que China va a trabajar vigorosamente con África durante los próximos años en infraestructura y tecnología para el crecimiento económico, incremento de espacios laborales y disminución de la pobreza, para promover la formación de talentos y hacer que los pueblos se sientan más beneficiados, felices y seguros en el curso de la modernización.

Desarrollo verde: “Responsabilidades comunes para impulsar la transición global”

Tiene como principal objetivo que la modernización vaya acompañada de asegurar una coexistencia amigable con el medio ambiente, lo que en el país asiático se denomina como el sello distintivo de la civilización moderna y en su desarrollo busca conectar constantemente lo material, espiritual y cultural, tomando en cuenta constantemente dicha coexistencia. También mencionó cooperar al continente africano en la transición “hacia una tecnología con bajas emisiones de carbono”.

Paz y seguridad: “Para brindar una mejor calidad de vida e incentivar a la paz y seguridad global”

“Sería imposible materializar la modernización sin un entorno pacífico y estable para el desarrollo. China está dispuesta a ayudar a África a mejorar su capacidad de defender independientemente la paz y la estabilidad” acotó el mandatario chino. Desde esta base, China busca generar y priorizar un entorno pacífico, impulsar el desarrollo y la seguridad de alta calidad, tomando en cuenta que China ya contempla su proyecto de ser uno de los lugares más seguros del mundo y conjunto África tienen un tercio de la población mundial. Este proyecto de seguridad común será una iniciativa para incentivar a la seguridad global.

Para cumplir con las diez acciones implementadas en este acuerdo de cooperación bilateral, el Gobierno chino proporcionará un apoyo financiero valorado en 360 mil millones de yuanes RMB, que equivalen a 50.700 millones de dólares para financiar el desarrollo de África durante los próximos anos, dando continuidad a su racha de mayor socio comercial de África durante los últimos 15 años con un volumen comercial que alcanzó un récord de 282.100 millones de dólares en 2023, y que en la primera mitad de este 2024 ya superaría los 160.000 millones de dólares.

Estos algunos de los proyectos destinados a cada una de las 10 acciones en las que se realizará esta multimillonaria inversión:

1. Aprendizaje mutuo entre civilizaciones: Implementación de una Red China-África de Conocimientos para el Desarrollo y 25 centros de estudios sobre China y África que serán academias de liderazgo de África para formar talentos en gobernación.
2. Prosperidad comercial, China decide otorgar el trato de arancel cero para el 100% de las líneas arancelarias a todos los países menos desarrollados que tienen relaciones diplomáticas con China, incluyendo 33 países africanos.
3. Cooperación en cadenas industriales: Se realizará un “programa de empoderamiento de las PyMEs africanas” con la construcción en África de un centro de cooperación en tecnología digital conjunto 20 proyectos digitales demostrativos
4. Conectividad: China dispone ejecutar 30 proyectos de conectividad infraestructural en África para la interconexión terrestre-marítima.
5. Desarrollo: Se centra en la Iniciativa para el Desarrollo Global y consistirá en ejecutar mil proyectos de bienestar. Dentro lo deportivo, será colaborador de África para albergar los Juegos Olímpicos de la Juventud 2026 y la Copa Africana de Naciones 2027.
6. Salud: Consiste en una alianza de hospitales y centros médicos conjuntos con el envío de 2 mil trabajadores médicos chinos a África y el lanzamiento de 20 programas de instalaciones de salud y tratamiento de la malaria.
7. Agricultura y bienestar: un ofrecimiento de China a Africa de una asistencia alimentaria de mil millones de yuanes RMB, construcción de áreas para la agricultura estandarizada y tecnológica, lo que prevé “crear no menos de un millón de puestos de trabajo para África”
8. Intercambios de pueblo a pueblo: focalizados en la Educación Vocacional con la construcción de academias y la creación de 60 mil oportunidades de capacitación a África, principalmente para mujeres y jóvenes, conjunto la iniciativa de cooperación sobre innovación en radio, televisión y audio y programas visuales.
9. Desarrollo verde:  China anunció el lanzamiento de 30 proyectos de energías limpias en África y para la conservación de la biodiversidad, construcción de 30 laboratorios para contribuir al desarrollo verde en África.
10.  Seguridad común: Se brindará entrenamiento para 6.000 efectivos militares, 1.000 policías y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley proveniente de África, junto a 500 oficiales militares jóvenes africanos que visitarán China para capacitarse.

“Aunemos nuestros esfuerzos para traer un brillante futuro de paz, seguridad, prosperidad y progreso para nuestro mundo” fueron las palabras finales del discurso de Jinping para posteriormente ser visiblemente respaldado por los líderes africanos presentes y otras autoridades internacionales. Todo ellos con la constante consigna de que la modernización, tras esta histórica cooperación, inspire a todas las relaciones internacionales del mundo, ya que en el camino de la modernización global “ningún país debe quedar atrás”.

Cuarenta y seis días después llegaron las sanciones de Estados Unidos contra el chavismo. Tal y como había adelantado Washington, las primeras medidas tras el 28J se han dirigido contra los jerarcas del Consejo Nacional Electoral (CNE), el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y generales y funcionarios que han participado de forma destacada en el megafraude y en la represión de las protestas en Venezuela, según el periódico El Mundo de España.

Se trataría, según el secretario de Estado, Anthony Blinken, de una avanzadilla, ya que EEUU ha identificado a cerca de 2 mil  cómplices de Maduro, “potencialmente sujetos a restricciones de visa”. Con los “16 actores malignos que violaron derechos humanos y civiles”, tal y como aseguró el subsecretario Brian A. Nichols, la cifra de sancionados llega a 140, incluido el propio “presidente pueblo”, contra quien se mantiene una recompensa de 15 millones de dólares para quien brinde información para su captura.

“Un nuevo crimen de agresión”, protestó la Cancillería venezolana, tras conocer el listado de la administración de Joe Biden, que no ha olvidado en su último listado al juez y al fiscal que se confabularon para forzar el exilio de Edmundo González a España. El juez especial antiterrorista Edward Briceño emitió la orden de aprehensión contra el ganador electoral sólo minutos después de que la Fiscalía de Maduro le acusara de distintos delitos, comenzando por la usurpación de funciones. Este juez atendió así la orden firmada por el fiscal Luis Ernesto Duenez Reyes, mano derecha del jefe del Ministerio Público, Tarek William Saab. La otra fiscal sancionada es Dinorah Bustamante.

Más allá de quienes acorralaron a Edmundo, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) ha sumado a la rectora electoral Rosalba Gil a la lista de sancionados. Junto a Elvis Amoroso y Carlos Quintero, que ya lo estaban, conforman el núcleo duro chavista en el órgano que adulteró los resultados electorales.

De momento se ha librado la rectora colaboracionista, Acmé Nogal. El quinto rector del CNE, Juan Carlos Delpino, huyó al extranjero tras las elecciones, desde donde ha denunciado las artimañas gubernamentales. Quien sí ha sido sancionado es Antonio José Meneses, secretario general del CNE, el mismo que junto a Amoroso firmó en la Contraloría el documento que confirmaba la inhabilitación electoral de María Corina Machado.

49 países firman en la ONU una declaratoria

Un grupo de 49 países más la Unión Europea firmaron ayer una declaración conjunta en Naciones Unidas para pedir “restablecer las normas democráticas en Venezuela”, aunque no incluyó un llamamiento concreto a la ONU para que intervenga en la crisis.

La declaración, preparada en las últimas horas y leída por el canciller panameño Javier Martínez-Acha, contó con ausencias muy notables como las de México, Colombia o Brasil, y tampoco la firmaron grandes potencias como China o Rusia ni casi ningún estado africano.