El Estado Plurinacional de Bolivia, mediante su agente en La Haya, Roberto Calzadilla, expuso ayer su posición sobre el conflicto entre Israel y Palestina ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.

En su planteamiento, el Estado boliviano ratificó su posición oficial de respaldo a Palestina frente a las acciones de Israel, que considera ilegales y vulneradoras de derechos, según reporte de Erbol.

“Bolivia considera que la actual ocupación ilegal de Israel viola el derecho internacional. En particular, Bolivia considera que la ocupación ilegal de Israel viola el derecho del pueblo palestino a la libre determinación, que, a través de su prolongada ocupación, asentamientos y anexión del territorio palestino ocupado desde 1967, viola el principio fundamental del derecho internacional que prohíbe la adquisición de territorio por la fuerza, y que viola la prohibición internacional de la discriminación racial y el establecimiento de un sistema de apartheid”, dijo Calzadilla en el Palacio de la Paz, sede de la CIJ.

Este caso ante la Corte Internacional fue iniciado por pedido de la Asamblea General de la ONU, para que emita una opinión consultativa sobre las consecuencias legales derivadas de las políticas y prácticas de Israel en el territorio palestino ocupado.

Según la posición del Estado boliviano, el asedio israelí ha generado una situación de discriminación y desplazamiento del pueblo palestino.

Calzadilla, a nombre de Bolivia, señaló que Israel debe cesar los actos y políticas que impiden el ejercicio del derecho a la autodeterminación del pueblo palestino y terminar la ocupación.

Varios actos se realizarán hoy en ciudades de Bolivia en conmemoración de los ocho años del referendo del 21 de febrero (21F) de 2016, cuando los bolivianos rechazaron una nueva postulación presidencial del exmandatario Evo Morales.

El Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) organiza hoy en Cochabamba una exposición de fotografías alusivas al 21F en la plaza 14 de Septiembre de 9:00 a 12:00, con el objetivo de recordar a la población “ese primer acto de rebeldía de los bolivianos que dijeron NO a la continuidad de la dictadura de Morales”, indicó Lizeth Beramendi, representante de esa plataforma en Cochabamba.

En tanto, en las ciudades de La Paz y Santa Cruz, el Conade coordina con otras plataformas ciudadanas ofrendas florales, misas y concentraciones para recordar “el día en que el pueblo boliviano decidió terminar con la arbitrariedad y el inicio de la insurgencia ciudadana”, según Manuel Morales, representante nacional.

Santa Cruz

En Santa Cruz, el Comité Cívico y otras organizaciones ciudadanas convocaron para hoy en la tarde a una gran concentración por el 21F en la plaza 24 de Septiembre. El 21 de febrero de 2016, el 51,3 por ciento de la población rechazó en las urnas la reelección indefinida de Evo Morales, contra un 48,7 por ciento que lo apoyó. El entonces presidente dijo que acataría los resultados y, si salían en contra, se iría a su casa. Sin embargo, promovió una consulta ante el Tribunal Constitucional (TCP), instancia que declaró inaplicable el artículo 168 de la Constitución Política del Estado, arguyendo que contravenía el Pacto de San José que, a su criterio, establecía que la reelección irrestricta es un derecho humano.

Ana María Morales, activista de la plataforma 21F en Santa Cruz, subrayó la importancia de mantener vivo el espíritu del 21F en la sociedad boliviana. “Está vivo en cada uno los bolivianos y no lo debemos perder, no podemos permitir que nos arrebaten ese sentimiento de defensa, del poder ciudadano que tenemos”, enfatizó.

El presidente del Comité pro Santa Cruz, Fernando Larach, expresó su apoyo a la convocatoria para conmemorar el 21F y destacó la importancia de la unidad ciudadana para enfrentar los desafíos del país, según reporte de El Deber.

“El aniversario del 21 de febrero es el puntapié de la unidad de los ciudadanos bolivianos. Esa unidad que nos llevó a ganar el referéndum, que le dijo no a la reelección de Evo Morales. La misma unidad que nos sacó adelante ante el fraude electoral del año 2019”, señaló Larach.

La Federación de Sindicatos de Ramas Médicas de Salud Pública (Fesirmes) y trabajadores de la salud en todo el país iniciaron un paro de 48 horas desde este miércoles. Este paro se debe a su rechazo al proyecto de Ley 035 Proyecto de Ley de Modificación de la Ley de Pensiones, el cual es considerado una medida de jubilación forzosa.

El personal de salud se moviliza en contra del segundo inciso de la Disposición Adicional Única del Proyecto de Ley, el cual propone que “los Asegurados Dependientes señalados en el Parágrafo precedente, para su continuidad laboral, a solicitud expresa del asegurado, podrás someterse a un examen médico de aptitud física y mental a cargo del Instituto Nacional de Salud Ocupacional, el cual evaluará el estado de salud del trabajador” 

La dirigencia anunció que se mantendrá la atención en emergencias, pero que la medida se está cumpliendo en varios departamentos del país, por lo que se espera que el miércoles y jueves se suspenda la atención de consultas externas y especialidades, reportó Unitel.

La población en general ha expresado su inconformidad con la protesta y los perjuicios que la medida ocasiona para su atención y tratamientos médicos. En el Hospital de Clínicas de La Paz, los pacientes se encontraron con las puertas cerradas, informó la televisora privada.

En el hospital San Juan de Dios en Santa Cruz, pese a que se anunció la suspensión de la atención, se han observado pacientes a la espera de atención médica. La dirigencia de los movilizados dijo que mantendrán la medida de protesta hasta el jueves, cuando se espera que se reanude la atención en todos los niveles de salud.

Los industriales y empresarios del país plantearon, en un proyecto de ley, que se sancione hasta con 10 años de cárcel a quienes realicen bloqueos.

La Cámara Nacional de Industrias, en coordinación con las cámaras departamentales de todo el país y los empresarios privados, presentó ayer la propuesta de ley para modificar el Código Penal y sancionar, con privación de libertad  de hasta 10 años y multas económicas, a cualquier persona o grupo que amenace y concrete cierres de vías en el país.

Esto se concretó tras realizar un análisis de las millonarias pérdidas económicas que se lamentaron, según los empresarios, por el bloqueo del sector evista en el conflicto por las Elecciones Judiciales. “Estamos realizando esta propuesta para que los bloqueos dejen de afectar al aparato productivo”, indicó Siles tras desglosar sus sugerencias.

El asesor económico de la Cámara Nacional de Industrias, Hugo Siles, participó ayer en la presentación de la propuesta en donde también comunicó datos específicos de la afectación económica, además de las causas que generan efectos negativos en los negocios internacionales, el Producto Interno Bruto (PIB) y otros.

 “Todo el mundo tiene derecho a protestar, pero su derecho termina cuando nuestra circulación y nuestro derecho al trabajo está siendo comprometido. Estamos esperanzados en que suceda (sea aprobado) en la ALP por consenso, nuestra economía ya fue dañada y tenemos que luchar todos para recuperarla”, indicó el presidente de la Cámara de Industrias Comercio y Servicios de Cochabamba (ICAM), Amilcar Rocha.