El viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, expresó su preocupación por la presunta protección que algunos ciudadanos extranjeros estarían ofreciendo al expresidente Evo Morales, actualmente requerido por la justicia boliviana. Según Aguilera, estas acciones no solo atentan contra la soberanía nacional, sino que también reflejan el trasfondo político de ciertas resoluciones judiciales.

“Hay ciudadanos que están brindando, o intentando brindar, protección a una persona buscada por la ley. Esto compromete la soberanía de Bolivia y pone en evidencia el carácter político de algunas decisiones judiciales”, afirmó el viceministro en una entrevista con la televisión estatal.

En otro frente, Aguilera informó sobre la detección de extranjeros en situación migratoria irregular. Durante un operativo en el trópico de Cochabamba, autoridades inspeccionaron un alojamiento donde se identificó a 17 indocumentados, en su mayoría colombianos, junto a varios ciudadanos bolivianos. Este hallazgo ha levantado sospechas sobre posibles conexiones con redes ilícitas o actividades irregulares en el país.

El viceministro instó a los hospedajes a no aceptar personas sin documentación, subrayando la necesidad de evitar que Bolivia se convierta en un refugio para individuos con antecedentes judiciales. Este caso expone los retos del país en seguridad y control migratorio, así como las tensiones políticas y legales vinculadas a la protección de figuras como Morales.

El Gobierno busca fortalecer las medidas de control para garantizar el cumplimiento de las decisiones judiciales.

La alianza opositora conocida como Bloque de Unidad acordó que Samuel Doria Medina y Jorge “Tuto” Quiroga serán los precandidatos sometidos a una encuesta para elegir al representante que competirá en las próximas elecciones presidenciales. Así lo anunció el sábado Tomás Monasterio, vocero de la coalición Libre, durante una conferencia en Santa Cruz, donde detalló el mecanismo de selección.

Monasterio explicó que tres empresas encuestadoras realizarán una consulta ciudadana en los primeros días de abril. Cada firma formulará cinco preguntas, sumando un total de 15, y cada respuesta otorgará un punto. El precandidato que obtenga al menos 8 puntos será designado como el candidato oficial. “Está acordado que participen Samuel Doria Medina y Jorge ‘Tuto’ Quiroga Ramírez”, afirmó el vocero, quien destacó que el ganador contará con el respaldo unificado de la alianza.

El bloque de unidad agrupa a diversas figuras opositoras, entre ellas Carlos Mesa —quien no participará como precandidato—, Vicente Cuéllar (de Cambio25), Luis Fernando Camacho (líder de Creemos) y la economista Amparo Ballivián, además de Doria Medina y Quiroga. Sin embargo, la consulta se limitará a estos dos últimos, considerados los principales aspirantes.

Por su parte, Amparo Ballivián propuso reconsiderar el método de selección y convocar una nueva reunión con los seis integrantes del bloque. “Cuando se formó este grupo, se plantearon dos opciones: una primaria digital o las encuestas”, recordó. Aunque ella abogó por la primera, sus compañeros optaron por la consulta ciudadana.

El viernes se conoció que tres empresas: las bolivianas Ipsos y Captura Consulting; además de la argentina Interactiv, se harán cargo de las encuestas. Según el exdiputado Monasterios, la empresa Captura Consulting estará a cargo de la encuesta definitoria.

Los precandidatos opositores ya buscan alianzas “estratégicas” para sumar votación en los siguientes comicios.

Opositores externos

Monasterio también cuestionó a figuras opositoras ajenas al bloque, como Manfred Reyes Villa y Chi Hyun Chung, quienes recientemente anunciaron una alianza paralela. El vocero los acusó de intentar “dispersar el voto opositor” y señaló una supuesta contradicción en su actitud: “Entran por separado al Palacio de Gobierno y salen tomados de la mano”, ironizó.

Este proceso marca un momento decisivo para la oposición boliviana en su objetivo de consolidar una candidatura única y competitiva. El resultado de la encuesta no solo definirá al representante del Bloque de Unidad, sino que también moldeará su estrategia para enfrentar al oficialismo en los comicios.

El presidente de Bolivia, Luis Arce, anunció el domingo, durante la conmemoración del 146 aniversario de la Defensa de Calama, la disolución de la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima, Silala y Recursos Hídricos Internacionales (Diremar) y el inicio de una evaluación exhaustiva de los procesos llevados por el país ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya. Estas medidas, según el mandatario, inauguran “una nueva etapa en la relación con Chile”, sin abandonar la histórica aspiración boliviana de una salida soberana al mar.

Arce justificó la clausura de Diremar, creada en 2011 bajo el gobierno de Evo Morales, al señalar que “los objetivos para los que fue establecida ya se cumplieron”. Este organismo lideró las demandas marítimas y de recursos hídricos ante la CIJ, incluido el caso por una salida al Pacífico, que Bolivia perdió en 2018. “Es momento de cerrar esa etapa”, afirmó el presidente del Estado.

Asimismo, destacó la necesidad de analizar en detalle los procesos judiciales iniciados en La Haya. “Bolivia debe conocer a fondo los resultados de estos juicios para replantear su estrategia jurídica y diplomática”, explicó. Esta revisión busca fortalecer la postura del país en sus reclamos internacionales.

El mandatario reiteró que la demanda de una salida soberana al mar permanece “irrenunciable”. “Con el riesgo de ser reiterativo, este sigue siendo el tema más importante para Bolivia”, subrayó, aunque aclaró que se priorizará el diálogo, el respeto al derecho internacional y la diplomacia con Chile.

Durante el acto, Arce homenajeó a los héroes y mártires de la Guerra del Pacífico (1879-1884), conflicto que privó a Bolivia de su acceso al océano. “En su memoria, persistiremos en nuestro legítimo reclamo”, afirmó.

Cambio de política

El cierre de Diremar y la evaluación de los juicios marcan un cambio en la política exterior boliviana, que transita de un enfoque de confrontación a uno más pragmático con Chile. Sin embargo, el gobierno mantiene la cuestión marítima como pilar de su agenda internacional. Este giro podría sentar las bases para un nuevo capítulo en las relaciones bilaterales, aunque persisten obstáculos como la desconfianza histórica y disputas pendientes, como el uso de las aguas del Silala.

Las decisiones de Arce reflejan una renovación estratégica, pero no un abandono de la lucha centenaria de Bolivia por recuperar su acceso al mar.

En Bolivia fueron detectadas más de 6.000 pacientes con enfermedad renal en 2024, por lo que reviste importancia la Campaña de Salud Renal lanzada por el Ministerio de Salud, para sensibilizar a la población sobre la importancia del cuidado de los riñones con hábitos saludables y chequeos médicos oportunos.

“La campaña está destinada a concientizar a la población sobre la importancia del cuidado del riñón, acceder a información, a pruebas gratuitas y controles de glicemia”, informó la responsable del Programa Nacional de Salud Renal, Sdenka Maury.

Además, recomendó a la población cuidar el riñón con una alimentación sana, evitar el consumo excesivo de sal y azúcares, grasas trans, la comida chatarra y beber agua para ayudar al órgano a realizar su función de desintoxicación del organismo.

Asimismo, es muy importante acudir a un establecimiento de salud por lo menos una vez al año para hacerse las pruebas de proteinuria y creatinina para verificar el funcionamiento de los riñones y prevenir complicaciones.

Las ferias de Salud Renal se llevan a cabo durante el mes de marzo en todo el territorio nacional.

Ayer se llevó a cabo una campaña en la ciudad de La Paz, organizada por el Ministerio de Salud y la Sociedad de Nefrología de Bolivia en el marco del Mes de la Lucha Contra las Enfermedades Renales en Bolivia, en cumplimiento a la Ley 329.

Las inundaciones en Beni afectan a 2.000 familias cuyas casas se encuentran anegadas; los municipios de Reyes, Rurenabaque y San Borja son los más golpeados.

El director del Centro de Operaciones de Emergencia Departamental (COED) de Beni, Wilson Ávila, informó que los  ríos siguen subiendo y las lluvias no paran.

De acuerdo con las estimaciones del COED, se pronostica que el 23 de este mes habrá un último golpe de agua, y los habitantes y autoridades esperan que los barrancos resistan el caudal. Además, después de las últimas inundaciones en esas regiones, la gobernación reportó cultivos destruidos y plantaciones de plátano casi inservibles. 

En Riberalta se emitió la declaratoria de alerta roja; hay 33 familias que fueron evacuadas a albergues, informó ayer Daniel Wada, de la Unidad de Gestión de Riesgos.

“Vamos a tener una reunión en horas de la tarde para declararnos en emergencia ya que la situación está sobrepasando las capacidades de las unidades de gestión de riesgo; estamos sobrepasando el nivel del río (Beni), estamos con 11 metros de agua y las aguas han ingresado a diferentes zonas bajas”, expresó Wada en declaraciones al canal estatal.

Las 33 familias evacuadas residían en el barrio 11 de Octubre; fueron trasladadas al Coliseo Grande, mientras que 11 familias están viviendo en carpas. 

“Hoy tenemos que evacuar a siete familias más y estamos viendo la posibilidad de buscar otros albergues, entre ellas las unidades educativas” dijo el funcionario.

Un total de 38 unidades educativas suspendieron clases a causa de los desbordes de ríos y las inundaciones en el departamento de Beni, según las autoridades educativas.

En Pando, el municipio de Bella Flor declaró alerta roja debido a la significativa crecida del río Tahuamanu, que ha impactado gravemente a las comunidades de Palacios y Florida. 

Hasta el momento, se han reportado 10 familias damnificadas, con viviendas y tramos de carretera inundados, lo que ha generado una situación de emergencia en la zona.

Las autoridades locales informaron que se evacuará a las familias afectadas. Además, aseguraron que hoy se enviará ayuda humanitaria a las comunidades impactadas. Se instó a los pobladores a permanecer atentos a las instrucciones de las autoridades y a priorizar su seguridad en esta emergencia.

Desde noviembre hubo 500 casos

Las intensas lluvias que afectan a gran parte del país causaron más de 500 derrumbes, además de deslizamientos  en carreteras, desbordes de ríos e inundaciones. La alerta roja sigue vigente y hay riesgo hidrológico alto en al menos 98 municipios hasta la próxima semana. 

El presidente de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Marcel Claure, indicó que se atendió 500 derrumbes desde noviembre del año pasado.

La ABC recomendó  precaución y en caso de emergencia, llamar a la línea gratuita 800-10-7222.

La ausencia de la mayor parte de senadores imposibilitó que haya el quórum necesario para instalar la sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), que debía tratar un crédito internacional de 100 millones de dólares; sin embargo en la Cámara de Diputados aprobaron en grande y en detalle la Ley del TREP.

La falta de senadores, varios de ellos por licencia, obligó al presidente nato de la Asamblea, David Choquehuanca, a suspender la sesión.

El crédito a tratar es el de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) por $us 100 millones.

Aunque el crédito fue conseguido como “apoyo de emergencia para respuesta al tema Covid-19”, en el Encuentro Multipartidario que lideró el Tribunal Supremo Electoral (TSE) el mes pasado se abrió la posibilidad de que los recursos sean usados por el Gobierno para garantizar el voto en el exterior en las elecciones del próximo 17 de agosto.

Siete de los nueve gobernadores del país se declararon ayer en emergencia ante la falta de liquidez financiera y la escasez de diésel.

Se trata del gobernador cochabambino, Humberto Sánchez, el de Santa Cruz, Mario Aguilera, el de Oruro, Jhonny Vedia, el de Chuquisaca, Damián Condori, el gobernador de Tarija, Óscar Montes, y funcionarios representantes de los gobiernos departamentales de Pando y Beni.

El que tomó la palabra fue Aguilera, gobernador interino que reemplaza en el cargo al titular Luis Fernando Camacho. En conferencia de prensa, la autoridad mencionó las dificultades que atraviesan en sus despachos, en medio de un contexto económico crítico. Es por ello que comunicó que se encuentran “en emergencia” debido a la escasa liquidez con la que cuentan.

Los siete gobernadores acordaron solicitar que se aseguren los recursos que reciben por el Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD) mediante la suspensión de la emisión de papeles, que se flexibilicen los criterios técnicos para el cálculo de la capacidad de endeudamiento del nuevo fideicomiso, que se devuelva el 12% de los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH),  la dotación de carburantes para la implementación de proyectos de inversión y el establecimiento de mesas técnicas, entre otras cosas.

Este encuentro se dio un día después de la cumbre liderada por el presidente Luis Arce y en la que participaron diferentes actores políticos como la precandidata Amparo Ballivián, el senador Rodrigo Paz, el alcalde cochabambino, Manfred Reyes Villa, y el precandidato Chi Hyun Chung.

Hay un 99% de probabilidad que el calendario electoral en vista a las elecciones presidenciales de agosto esté listo para el 1 de abril, informó el vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Tahuichi Tahuichi, en contacto con Urgente.bo. Además, señaló que, antes de la fecha, deberían estar aprobados los proyectos de ley para blindar los comicios y el desembolso económico del Órgano Ejecutivo para garantizarlos.

“Con un 99% de probabilidad con seguridad quiero señalar que este próximo martes, 1 de abril, se estaría oficializando el calendario electoral. Si fuera así, hasta antes de este primero de abril, deberían estar aprobadas estas leyes, que por cierto, pasan por ser leyes cortísimas”, mencionó el vocal a este medio digital.

Tahuichi reiteró el pedido del TSE sobre la aprobación de proyectos de ley para garantizar las elecciones presidenciales, sobre todo tres que blindan el proceso electoral.

La primera ley garantiza la aplicación, efectividad y supremacía del principio de preclusión “para que ninguna autoridad pueda disponer la prórroga, suspensión, mutilación, parcelación o anulación del proceso electoral”, añade.

La segunda se refiere a la incorporación de los vocales a la Ley 044 para garantizar su independencia; y la tercera ley determina que los fondos destinados al fortalecimiento de las organizaciones políticas no sea aplicable este 2025, a fin de destinar ese presupuesto a garantizar la Transmisión de Resultados Preliminares (TREP).