El departamento de La Paz es uno de los más afectados por los desbordes y deslizamientos de las últimas semanas; hay tres municipios en declaratoria de desastre y la sede de gobierno emitió ayer una alerta naranja y prolongó la declaratoria de emergencia por las inclemencias climáticas.

Desde el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) se emitieron dos alertas naranja por posibles desbordes en distintos ríos del país; se prevén ascensos progresivos y repentinos de nivel de agua, por lo que pidieron tomar precauciones.

En Bolivia, siete departamentos fueron golpeados por inundaciones y hay 14 personas fallecidas, de acuerdo con información del Viceministerio de Defensa.

Alertas

La primera alerta naranja del Senamhi es por  posibles desbordes en La Paz y Oruro, en las cuencas de los ríos La Paz, Katari, Kekha Jahuira, Suches, Jahuiras Kheto y Desaguadero.

La segunda alerta naranja prevé “ascensos de nivel con posibles desbordes en los departamentos de Tarija, Chuquisaca, Potosí, Cochabamba, Santa Cruz, Pando  y Yungas de La Paz, en las cuencas de los ríos Bermejo, Guadalquivir, Pilcomayo, Grande, Parapetí, Rocha, Caine, Beni, Mamoré, Yapacaní, Piraí, Tahuamanu y Madre de Dios.

La Paz

La Alcaldía de La Paz promulgó ayer dos resoluciones referida a la situación de emergencia que encara: la primera es la declaratoria de alerta naranja y la segunda es la ampliación de la declaración de emergencia municipal.

Las medidas dispuestas hacen referencia a la suspensión temporal de nuevas autorizaciones para movimientos de tierra  hasta que las condiciones sean adecuadas. Además, se instruye a todas las unidad de la Alcaldía de La Paz mantener el estado de apronte en temas de logística, equipo pesado y personal en casos de emergencia; las subalcaldías también deben disponer de su personal y equipo y maquinaria para coadyuvar en situaciones de contingencia.

Bajo Llojeta

En el caso del deslizamiento en Bajo Llojeta, la Fiscalía Departamental de La Paz emitió nuevas citaciones en calidad de testigos en contra de tres personas vinculadas a la inmobiliaria Kantutani, Se conoció que una de ellas es la esposa del empresario Luis Iturralde. Se evalúa la posible convocatoria al subalcalde del macrodistrito Cotahuma.

Las cuencas en riesgo de desborde

Desde mañana hasta el domingo 22 de diciembre hay riesgo de desbordes en los ríos La Paz, Irpavi, Choqueyapu, Orkojahuira, Achumani, Achocalla y Huayñajahuira.

También en  afluentes secundarios que afectarán al Plan Autopista, zona sur, avenida Costanera, Irpavi, Achumani, Aruntaya, Umananta, Achocalla, Mallasa, Mecapaca, Palomar, Huayhuasi, Palca, Achocalla y comunidades cercanas.

Además, hay alerta de posibles desbordes del Katari, Kekha Jahuira, Suches, Jahuiras y Kheto.

La Armada Boliviana presentó ayer  al Elemento de Reacción contra Incendios en la Zona de Operaciones (Erizo) el cual fue creado con el objetivo de combatir, en primera línea, los incendios forestales en el país.

La pieza fue concebida por la Unidad de Innovación Tecnológica de la institución castrense ante la necesidad de proteger a los bomberos forestales en la lucha constante contra el fuego en diferentes regiones.

Según el director de esa unidad militar y jefe del Estado Mayor de la Armada, capitán de navío Adalid Alfaro, Erizo puede ser llevado hasta el mismo corazón del incendio con altas temperaturas.

En cada uno de los cuatro ejes posee motores que le permiten trasladarse a lugares de diferente topografía, geografía o zonas boscosas con “mucha facilidad”. Trabaja de forma autónoma y no necesita de la mano humana para ser controlado.

Puede recibir el agua de dos carros bomberos, cada uno de 3,8 toneladas de agua para poder combatir los incendios. “Descarga una gran cantidad de agua en poco tiempo, todo el sistema es automático”, afirmó Alfaro.

Según el jefe militar, Erizo formará parte de un sistema de fuerza de tarea que se sumará a los incendios forestales que se presenten. Según el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, el robot ya fue probado y tiene “excelentes resultados”.

Crearán cinco más

En total, se tiene previsto crear al menos cinco equipos, cada uno con un robot bombero, dos carros bomberos tipo limón, dos carros cisternas intermedios de 8 toneladas, una cisterna de 40 toneladas y contenedores de sostenimiento logístico.

Dentro del sistema de la Armada, se tiene previsto que se sumen drones de reconocimiento térmico para la búsqueda de personas o que se encuentren aisladas para su posterior rescate.

En los departamentos de La Paz y Chuquisaca emitieron ayer el auto de buen gobierno con prohibiciones que rigen desde el viernes a las cero horas hasta el lunes al mediodía, con el fin de garantizar el orden el día de las elecciones judiciales previstas para el domingo 15 de diciembre.

Las normativas departamentales prohíben el consumo de alcohol,  el desarrollo de espectáculos públicos y manifestaciones; sobre las bebidas alcohólicas, no se permite la venta ni el consumo “en domicilios particulares, tiendas cantinas, hoteles, restaurantes y cualquier otro establecimiento público o privado”.

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Gustavo Ávila señaló que todos los departamentos emitirán el auto de gobierno dando cumplimiento a la ley electoral.

En el caso de La Paz, la norma también estipula que el día de la votación se suspende el servicio del teleférico, el transporte terrestre de todo tipo, además del transporte lacustre, ferroviario y aéreo en  la jurisdicción del departamento de La Paz.

Se prohíbe además el traslado de electores de un recinto electoral a otro, por cualquier medio de transporte, además de la circulación de vehículos, sean particulares, oficiales o de servicio público. Sólo puede circular los vehículos que exhiban la autorización extendida por el Órgano Electoral.

Los actos, reuniones o espectáculos públicos de cualquier tipo también están prohibidos.

En ambos departamentos,  está “absolutamente” prohibido portar armas de fuego, punzocortantes o instrumentos contundentes y peligrosos para la seguridad de las personas el día de las elecciones.

 No están comprendidos en la disposición las Fuerzas Armadas ni la Policía Boliviana, encargadas de mantener el orden público.

El incumplimiento a las prohibiciones ameritará sanciones pecuniarias, de arresto o trabajo social.

Más de 10.000 policías garantizarán la seguridad en el día de las elecciones judiciales parciales del domingo 15 de diciembre, informó el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.

“La Policía Boliviana ha recibido las capacitaciones correspondientes y hemos dividido las tareas. La Policía está con las tareas listas, estamos hablando de más de 10 mil policías en todo el territorio nacional que van a cumplir distintas tareas”, explicó.

Junto con los militares, los policías serán parte de la cadena de custodia de los materiales electorales que se utilizarán en la jornada de votación.

Además, la Policía Boliviana, como fuerza pública, brindará colaboración integral para asegurar el cumplimiento de su misión constitucional de preservar el orden y la tranquilidad ciudadana.

Desde los tribunales electorales departamentales se garantizará las condiciones logísticas, económicas y la coordinación necesaria para las elecciones.

La institución electoral proporcionará los recursos para gastos de alimentación o estipendios, y los medios necesarios para la movilización (combustible o transporte) de los policías, según el plan de la cadena de custodia del material electoral compatibilizado y/o coordinado con el plan de operaciones de la Policía Boliviana, a través de los tribunales electorales departamentales.

Desde Cochabamba, el comandante Departamental de la Policía, Edson Claure, informó del plan operativo que se ejecutará en la región, mientras en el caso del Trópico, donde no hay presencia policial, las Fuerzas Armadas realizarán los trabajos de seguridad.

“La orden de operaciones se ha elaborado y lo que estamos haciendo es simplemente la ejecución y coordinación permanente, en el marco que corresponde. Para el caso del Trópico, el personal de las Fuerzas Armadas se va a desplegar en el lugar y van a tomar los recaudos necesarios para llevar adelante esta actividad en este sector”, aclaró.

La directora municipal de Asuntos Jurídicos, Amparo Morales, informó ayer por la tarde que el alcalde Iván Arias se defenderá el libertad por el caso de la mazamorra en Bajo Llojeta. Fueron seis horas de declaración en la Fiscalía Departamental de La Paz.

“Continuamos en investigación, el Alcalde no va a prestar declaraciones, todavía tiene que realizar aportes a la investigación. Todo el acto procesal ha sido llevado adecuadamente. Se defenderá en libertad”, dijo la autoridad edil al salir del Ministerio Público junto al Alcalde paceño, quien ingresó a las 13:00 y salió a las 19:00.

La semana pasada, la audiencia de Arias se postergó por motivos de salud, en esa oportunidad ingresó a la Fiscalía con un paramédico y un tubo de oxígeno, y una noche antes estuvo internado en la clínica Cordes. Reiteró que seguirá yendo a declarar y continuará liderando los trabajos de mitigación en Bajo Llojeta y todo el municipio.

“El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz no tiene nada que ocultar, toda la declaración fue en base a la transparencia en la que se maneja el Alcalde”, remarcó Morales.

Tragedia

Hace tres semanas, una mazamorra que se produjo por el movimiento irregular de tierra en el cementerio Los Andes provocó una tragedia en Bajo Llojeta. Anegó de lodo 40 viviendas y se llevó la vida de una niña de cinco años.

La Alcaldía de La Paz presentó una denuncia contra la inmobiliaria Kantutani por la comisión de los delitos de estrago, daño calificado, homicidio culposo, además de lesiones graves y leves. La Fiscalía inició una investigación de oficio y, en consecuencia, el alcalde de Achocalla, Manuel Condori, fue aprehendido y enviado a la cárcel por tres meses.

Los candidatos que participan en las elecciones judiciales que incumplan las normas electorales serán inhabilitados incluso 72 horas antes de los comicios programados para este domingo, advirtió ayer el vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Gustavo Ávila.

Los ciudadanos podrán elegir el 15 de diciembre a las altas autoridades de Órgano Judicial. Sin embargo, en esta oportunidad, hay cinco departamentos sin candidatos al Tribunal Constitucional y dos sin postulantes al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Sobre la inhabilitación de candidatos a los diferentes cargos, Ávila criticó duramente que los candidatos, todos profesionales, rompan las reglas electorales y hagan propaganda. “La difusión de méritos será hasta mañana y vamos a ser muy rigurosos en el cumplimiento de la fecha porque muchos infringen la norma y caen en propaganda electoral”, dijo.

Denuncias

Continúa la recepción de denuncias de personas o instituciones para la inhabilitación de candidatos.

En las últimas horas, se conoció la denuncia formal ante el TSE de la senadora por Comunidad Ciudadana (CC) Andrea Barrientos contra dos candidatos al TSJ por Cochabamba por realizar campaña a través de las redes sociales y por medio de terceras personas.

La senadora adjuntó los enlaces de las publicaciones en la que se difunden eslóganes como: “De tu mano por una justicia libre y sin corrupción” e incluso se muestra una papeleta electoral con la casilla marcada.

Ayer, la concejal de El Alto Wilma Alanoca denunció que funcionarios de la alcaldía de esa ciudad realizan campaña por dos candidatos a las elecciones judiciales, hecho que sería un uso indebido de bienes del Estado por parte de la alcaldesa Eva Copa para favorecer a los aspirantes a magistrados.

Proceso electoral

Ávila subrayó que el proceso electoral comenzará a las 8:00 y se extenderá por ocho horas continuas.

A las 18:00 comenzará el cómputo en los respectivos TED y desde la 20:00 se podrán conocer los resultados preliminares.

En estas elecciones se contará con un sistema que permita realizar el seguimiento de las actas que vayan siendo registradas. “Se verá quién gana y quién pierde en las paginas de los nueve Tribunales Electorales del país”, sostuvo.

El vocal electoral señaló que los ciudadanos pueden participar en el escrutinio de las papeletas, pueden sacar fotos a los resultados y a las mismas actas, y después corroborar la información con las actas que estarán en las páginas digitales de los TED.

Ávila admitió las dificultades para concretar este proceso electoral que además es parcelado, pero convocó a la población a participar del proceso.

Son dos papeletas de sufragio

Los ciudadanos que acudan al centro de votación recibirán dos papeletas electorales:

1. Circunscripción nacional para los cargos en el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Agroambiental.

2. Circunscripción departamental para los cargos al Tribunal Constitucional Plurinacional y para el Tribunal Supremo de Justicia.

En el caso del Tribunal Supremo de Justicia deben votar en la franja destinada a mujeres y además en la de varones.

Las maletas electorales tienen código de seguridad

REDACCIÓN CENTRAL

El Órgano Electoral implementó un sistema de seguridad para las maletas de distribución del material. Cada una está codificada con el departamento, el recinto electoral, el número de mesa y un código de seguridad para monitorear su ubicación, informó el vocal Gustavo Ávila.

El material será traslado al área rural 48 horas antes de las elecciones y en el área urbana será 24 horas antes. “Se contará con el resguardo de la Policía y las Fuerzas Armadas”, sostuvo.

El material se entregará a cada una de las 33.019 mesas de sufragio que se habilitarán durante la jornada de votación en el país.

Además, las papeletas electorales fueron impresas con medidas de seguridad con un relieve oculto para evitar su falsificación y el código que corresponde a la maleta electoral. “Se incorporó una cinta con las medidas de seguridad que no es visible a simple vista”, explicó.

Un juzgado Sucre ya fue notificado para hacer cumplir el procedimiento y el trámite legal para la excarcelación del exjefe antidroga Maximiliano Dávila con el objetivo de extraditarlo a Estados Unidos (EEUU) de acuerdo con el Auto Supremo 337/2024.

El procedimiento será coordinado con Interpol cuando llegue el momento. Por ahora, Dávila permanece bajo estrictas medidas de seguridad en un área especial dentro del penal de San Pedro, en La Paz.

Extradición

Para la politóloga Jimena Costa, la inminente extradición a EEUU de Dávila tendrá una importante repercusión política en el país por la relación cercana y de confianza que tuvo con el expresidente Evo Morales.

Por lo tanto, se espera que el exjefe antidrogas tenga mucha información “vital para el Departamento de Estado norteamericano” que podría implicar a exautoridades como el mismo Morales, su exministro de Gobierno y el exviceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Carlos Romero y Felipe Cáceres, respectivamente.

Costa señaló que, en caso de que Dávila involucrase a Morales con temas relacionados al narcotráfico, será su fin como líder político y el Movimiento Al Socialismo (MAS) arcista tendrá el camino expedito rumbo a las elecciones generales de 2025.

Sobre el tema, el abogado penalista Eusebio Vera insistió en que Dávila “gozaba de absoluta confianza” de Morales. A su juicio, el exmandatario tenía conocimiento “absoluto de las actividades de la Policía en relación al narcotráfico” y esta información es requerida por EEUU.

Trámite concluido

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó que la Cancillería ya concluyó las gestiones judiciales necesarias y se encuentra en fase de coordinación con el Departamento de Estado de EEUU. Según la autoridad, sólo se espera la confirmación de disponibilidad para que un avión estadounidense traslade a Dávila antes de las fiestas navideñas. “La extradición del señor Dávila es un hecho irreversible. Estamos coordinando los últimos detalles para concretarla. Cuando tengamos la fecha exacta, la haremos pública”, señaló Del Castillo.

Cargos

Dávila es requerido por la justicia estadounidense bajo los cargos de conspiración para la importación de “más de cinco kilogramos de cocaína” y la utilización de armas de fuego para facilitar estas actividades. Ambos delitos están estipulados en el Código Penal de EEUU con penas severas debido a la magnitud de las operaciones ilícitas.