Los transportistas urbanos de Santa Cruz suspendieron el paro de 48 horas que iniciaron ayer, tras una reunión en el Sindicato 24 de Noviembre; sin embargo,  informaron que, a partir de mañana, comenzarán a cobrar una tarifa de 2,50 bolivianos de día y 3 bolivianos desde las 21:00, pese a no contar con una normativa que respalde este ajuste.

El dirigente del sector, Ronald García, justificó la medida señalando que la tarifa de 2 bolivianos es  insostenible para los transportistas. “Si nos van a sancionar, que lo hagan, no hay ningún problema. Hoy la población ha visto que el transporte es necesario, han estado pagando  10, 15, 20 bolivianos para llegar a sus fuentes de trabajo”, afirmó.

García  confirmó que mantendrán esta “tarifa transitoria” mientras se espera una resolución definitiva del Concejo Municipal, que está analizando el tema. El próximo martes, los transportistas asistirán a una reunión con la comisión de Constitución para discutir una posible ley que oficialice el ajuste.

Las sanciones

El alcalde Jhonny Fenándes rechazó el anuncio del incremento y anunció que se intensificarán los operativos de control para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente, que establece el pasaje de 2 bolivianos  para adultos. 

Además, advirtió con sanciones a los conductores y líneas que incumplan con esta disposición. “Si los transportistas no prestan servicio durante tres días consecutivos, se considera una falta grave que puede derivar en la pérdida del derecho a operar la línea. La ley y el reglamento son claros al respecto”, aseguró.

El Alcalde también enfatizó que las sanciones serán aplicadas tanto a los conductores como a los propietarios que incurran en infracciones porque  “los delitos son personales”. 

Fernández dijo que puede haber multas de hasta  5 mil bolivianos  e incluso la suspensión de las  licencias de operación a los infractores de la normativa vigente.

Precisó que, además de los operativos en las calles, se están procesando más de 100 denuncias provenientes de redes sociales y reportes ciudadanos para identificar a las líneas y choferes que estén cobrando tarifas superiores a lo estipulado.

Los pasajeros denunciaron que los choferes del transporte público ya estaban cobrando 2,5 bolivianos.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó en las últimas horas que una delegación de la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Redesca) visitará el país para realizar una evaluación de los impactos que dejaron los incendios forestales en Bolivia.

La visita de trabajo se realizará entre el 9 y el 11 de diciembre de este año, según información oficial.

“El objetivo de la visita es evaluar los impactos de los incendios forestales en los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (Desca) de las comunidades locales, los pueblos indígenas y otras personas directamente afectadas, así como en la biodiversidad y los ecosistemas. Además, se analizará la posibilidad de formular recomendaciones destinadas a fortalecer las políticas de prevención y respuesta ante este tipo de tragedias ambientales en el contexto de la crisis climática”, informó la CIDH.

Otros aspectos

Para el biólogo y experto en medioambiente Milton Fernández, al margen de los daños sobre la pérdida de millones de hectáreas de cobertura forestal y la muerte de millones de animales, que fueron quemados vivos, la CIDH debería evaluar también el daño a los recursos básicos para las poblaciones afectadas, como el suministro de agua de las vertientes y  cursos de agua que utilizan las comunidades de los bosques amazónicos. 

“El agua debe ser potable o bebible sin mayor riesgo para los animales y el ser humano, pero ocurre lo contrario,  porque se ha documentado, en varios riachuelos de la Amazonía,  la existencia de elevados niveles de  contaminación,  con ceniza procedente de la quema de los árboles y la vegetación. Esta situación  está matando a los peces de los ríos  y, por otra parte, el agua contaminada no es bebible para el ser humano”, advirtió. 

 El experto también enfatizó en que se han registrado niveles preocupantes de mercurio, que utilizan en la explotación del oro y que termina depositado en los ríos, los cuales se han secado debido a los incendios. 

“El mercurio puede ser removido por el viento y transportado a la atmósfera, para luego volver al suelo con las lluvias, contaminando todo tipo de superficies. Otro proceso es la existencia de lluvia ácida producida por la elevada concentración de cenizas y hollín suspendida en la atmósfera, que, al llegar al suelo, acidifican los suelos forestales, agrícolas y ganaderos”, concluyó.

Las leyes incendiarias

“Sólo hay una manera de prevenir los incendios y desastres ecológicos, es abrogando todas las leyes y decretos incendiarios. El Gobierno no debe permitir el uso del fuego para fines de  expansión agrícola. Aunque los campesinos indiquen que son ‘fuegos controlados’, no existe y nunca existirá ‘el incendio controlado’, porque no es posible controlar la intensidad y dirección del viento, como el principal agente para avivar e incrementar los incendios forestales”, dijo Milton Fernández

Cerca de 3 mil familias de 86 comunidades de Luribay, departamento de La Paz, fueron afectadas por el desborde del río y  por derrumbes como consecuencia de intensas lluvias, informó ayer su alcalde, Mario Cáceres.

“Los ríos colapsaron y se llevaron las chacras de tomate, choclo, papa y otros cultivos. Pedimos ayuda a las autoridades, porque las autoridades de la alcaldía trabajan con maquinaria pequeña, que es insuficiente”, explicó.

La riada también se llevó la plataforma del camino principal, dejando sin acceso al municipio que es productor de frutas y verduras.

Cáceres informó que envió notas a la Gobernación de La Paz y a Defensa Civil para que colaboren en la atención del desastre natural. “Necesitamos excavadoras tornamesas, gaviones y otros materiales”, aseguró.

Los comunarios temen que la afectación sea mayor ante los pronósticos de que las lluvias continuarán en la región.

Desde el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) se activaron dos nuevas alertas naranja por posibles desbordes de ríos en los departamentos de La Paz, Potosí, Cochabamba, Oruro y Chuquisaca.

El diputado de la facción evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) Héctor Arce  fue aprehendido ayer cuando salía de las oficina del Ministerio Público en Cochabamba y fue conducido  a las instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Cochabamba, donde fue liberado. El legislador denunció  que fue aprehendido por dos funcionarios del Ministerio de Obras Públicas.

El ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, rechazó  las denuncias de Arce al acusarlo de haber organizado su detención  con ayuda de funcionarios públicos.

Montaño consideró como un “show montado” las declaraciones que hizo el legislador al pretender vincularlo en un proceso por el delito de uso indebido de influencias, por haber utilizado un abogado, funcionario de la Gobernación de Cochabamba, para patrocinarlo en un proceso que le inició Montaño.

“¿Cuál secuestro? ¿Quién ha pedido un centavo por usted? Ni lo van a dar, con toda seguridad”, afirmó.

Arce denunció que fue “secuestrado” durante el procedimiento policial; sin embargo, Montaño aseguró que el legislador “evista” no estuvo en ningún momento bajo esa situación, ya que incluso estuvo en compañía de los medios durante el momento de su traslado a la Policía.

Atribuyó el accionar del diputado a una estrategia para no responder al proceso que le inició por acusarlo de haber recibido 50 mil dólares de manos del ahora exdirector regional de ABC y del exchofer de la misma entidad.

Dijo que Arce no acudió a la Fiscalía para responder por sus acusaciones y presentó, en cambio, un documento firmado por dos abogadas que trabajan en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

El Ministro aseguró que  utilizar a funcionarios de otra instancia del Estado se encuentra penado bajo la legislación boliviana.

“Usted no debió de haberlos utilizado (a los abogados) ni menos aprovechado para sus fines particulares. De eso se trata, de un mentiroso que todos los días, obviamente, quiere hacer y dañar a las familias bolivianas”, añadió.

Héctor Arce negó que hubiera cometido ese delito y desafió a verificar que su abogado no es funcionario.

Posteriormente, el diputado presentó la denuncia por el delito de privación de libertad justamente contra ambos funcionarios, al considerar que lo detuvieron de manera abusiva.  Consideró que el Gobierno es “tirano” y envió a sus “matones” para montar un caso en su contra.

Diputado cercano a Evo Morales

El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) evista es uno de los más polémicos y cercanos  al expresidente Evo Morales.

Es uno de los más críticos a la gestión gubernamental del presidente Luis Arce.  Fue de los protagonistas de las agresiones con tomates y flores al vicepresidente David Choquehuanca en el informe de gestión.

Realizó denuncias por corrupción al interior de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), entre mucha otras formalizadas ante el Ministerio Público.

La exportación de carne bovina no pone en riesgo el abastecimiento interno ni la calidad del producto, aseguró el viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva. Tras una reunión con la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz), Silva enfatizó que las exportaciones, principalmente dirigidas a China, generan divisas significativas para Bolivia y no afectan el mercado local.  

Sin embargo, la Confederación Nacional de Trabajadores en Carne de Bolivia (Contracabol) mantiene un paro indefinido en protesta por el alza del precio del kilo gancho y la continuidad de las exportaciones, lo que ha generado preocupación en distintos sectores.

Gobierno y ganaderos  

Según Silva, las exportaciones de carne han sido limitadas para proteger el mercado interno. Rechazó afirmaciones de que los envíos al exterior superen las 80 mil toneladas métricas, destacando que el objetivo para 2024 es alcanzar las 35 mil toneladas.  

“Los ganaderos han ratificado su compromiso de garantizar el abastecimiento interno según la demanda”, aseguró el viceministro, quien también destacó que el control de calidad está garantizado por el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag). Por su parte, los productores descartaron las acusaciones de Contracabol sobre el envío de carne de menor calidad al mercado local.  

Protestas por precios  

Contracabol, que representa a los comercializadores de carne, denunció que el precio del kilo gancho ha subido a niveles de entre Bs 31 y Bs 35 en regiones como La Paz, Oruro, Chuquisaca y Potosí, muy por encima del rango comprometido por el Gobierno, de Bs 22 a Bs 24,50.  

El secretario de Conflictos de Contracabol, Gonzalo Serrudo, afirmó que el 70% de la carne producida en Bolivia se destina a la exportación, dejando sólo el 30% para el mercado interno. Advirtió que la protesta se intensificará en los próximos días y que otros sectores, como los comerciantes de carne de pollo, podrían unirse a las movilizaciones.  

Para abordar la crisis, Silva anunció una reunión que se llevará a cabo entre el jueves y viernes en Santa Cruz. A este encuentro asistirán delegados de Contracabol, representantes del sector ganadero, frigoríficos, empresarios y autoridades gubernamentales, con el objetivo de llegar a un acuerdo sobre los precios y la distribución de la carne en el mercado local.  

Consecuencias  

Mientras tanto, los consumidores ya están sufriendo las consecuencias del paro, con reportes de desabastecimiento de carne en varios mercados del país. La resolución del conflicto será crucial para evitar un impacto mayor en la economía familiar y en la cadena productiva, especialmente en un país donde la carne es un alimento esencial.  

Este conflicto pone de manifiesto las tensiones entre las políticas de exportación, el abastecimiento del mercado interno y las demandas del sector comercializador.

La escasez de diésel en Santa Cruz está generando una creciente ola de protestas por parte de agricultores y transportistas que ven amenazadas sus actividades productivas y, con ellas, la seguridad alimentaria del país. En Vallegrande y San Juan de Yapacaní, los manifestantes adoptaron medidas de presión que incluyen movilizaciones y vigilias en instalaciones petroleras. Exigen una solución inmediata por parte de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

Un “tractorazo”

En la plaza principal de Vallegrande, agricultores llevaron sus tractores en señal de protesta, reclamando prioridad en el acceso al combustible. La región, conocida por su producción de frutas y hortalizas que abastecen a varias ciudades del país, enfrenta dificultades para mantener sus actividades agrícolas ante la falta de diésel.  

“La seguridad alimentaria peligra. El aparato productivo no puede detenerse porque el combustible es una parte esencial en nuestra labor”, declaró un productor, subrayando que el uso de maquinaria agrícola es crítico.  

Tensión en Yapacaní  

En San Juan de Yapacaní, otro grupo de agricultores y transportistas tomó medidas más radicales al instalar una vigilia en un pozo petrolero de la región. Los manifestantes han amenazado con cerrar las válvulas del reservorio si YPFB no garantiza el abastecimiento de diésel en el surtidor local.  

El alcalde de San Juan de Yapacaní, Limbert Rojas, expresó su respaldo a las demandas de los productores y advirtió sobre el creciente malestar en la zona.

China expresó ayer a Bolivia su interés en la cooperación financiera,  en el litio y la construcción de un Tren Bioceánico, en una reunión bilateral, en el marco de la Cumbre de Líderes del  G20, informó el presidente Luis Arce.