Los vecinos de Llojeta alertan de más deslizamientos; la Fiscalía investiga

Los vecinos  de la zona Santa Cecilia, en Bajo Llojeta, exigen que  las autoridades nacionales y municipales inspeccionen detrás del cementerio Los Andes donde la tierra acumulada puede deslizarse hasta la zona baja con una próxima lluvia, ocasionando otro desastre como la  del sábado en la noche.

Julio Gutiérrez, vecino de la zona, dijo que “más allá de las denuncias que se presentará a la Fiscalía, lo más importante es la magnitud y la carga de mazamorra que se viene y que está concentrado en esta zona. Las autoridades deberían venir y ver la raíz, no están viendo eso. Están más preocupados por las demandas y procesos que vendrán luego, que ir al punto donde está el problema principal. Las autoridades no hay venido a verificar ni a inspeccionar esta zona”, advirtió.     

A tres días del deslizamiento  en Bajo Llojeta, el lodo cubre  coches,  muebles y enseres. El nivel alcanza, por lo menos, las primeras plantas de la viviendas, cuyos ocupantes están alojados donde sus familiares.

Hasta ayer, cuantificaron 40 casas afectadas, seis viviendas sepultadas por el barro y seis familias damnificadas, además de una cantidad sin cuantificar de vehículos.

Lo más trágico fue la muerte de Camila, una niña de cinco años, y 14 personas heridas que aún se recuperan.

Denuncia de oficio

La Fiscalía de La Paz formalizó un proceso penal de oficio por el deslizamiento de mazamorra que cobró una vida y causó graves daños materiales en la zona de Bajo Llojeta. La investigación se abrió por delitos de estrago con agravante de haber causado la muerte de una niña de cinco años, indicó el fiscal departamental Luis Carlos Torrez.

Alcaldía de La Paz

Desde la Alcaldía de La Paz se informó que el movimiento de tierras al río, 50 mil toneladas, fue realizado por una empresa que pretende ampliar un cementerio, bajo autorización del municipio de Achocalla.

“Lo que aquí ha ocurrido es que ha tapado la bóveda, todo eso ha ido bajando, otra vez la irresponsabilidad de la gente”, dijo el alcalde Iván Arias.

La inmobiliaria Kantutani, que es señalada como la culpable de la mazamorra que afectó a varias casas en Llojeta, La Paz, deslindó toda responsabilidad.

Aseguró que la tragedia ocurrió por el taponamiento de un embovedado. “Aclaramos que los sucesos que afectaron la zona Llojeta fueron generados por el taponamiento del embovedado en el río Pasajahuira, que se encuentra a 1,5 km del cementerio Los Andes, y no fueron producto de los movimientos de tierra”, dice parte de su  comunicado.

La pequeña Camilita iba a graduarse de kínder

La niña Camila tenía cinco años, había culminado el kínder y todo estaba listo para festejarla. Sin embargo, la sonrisa de la pequeña fue apagada tras la mazamorra que atrapó casas en Bajo Llojeta, La Paz, tras una intensa lluvia.

“Mi hija era la última, la más querida, la más consentida, la más alegre, ya estaba todo listo para su graduación, tenía su indumentaria”, relató Grover Mendoza, padre de la niña a Bolivisión.

La familia de Camila no vive en Bajo Llojeta, pero sus padres decidieron acudir al lugar a visitar a una de las tías. Durante el desastre, la pequeña Camila estaba tomada de la mano de uno de sus primos, pero la caída de una piedra causó su separación.

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Más de un centenar de familias de San Julián están afectadas por inundaciones

Más de cien familias de la  comunidad de San Julián, en  Santa Cruz, resultaron afectadas por las fuertes lluvias que provocaron el desborde e inundaron el distrito Villa Paraíso.

“Al momento, tenemos más de 100 familias que están afectadas y, como Gobierno municipal, sacamos a la población a los lugares secos, donde se puedan albergar y también se moviliza la maquinaria para la limpieza y el ensanchamiento de canales, para que bajen las aguas”, señaló el alcalde del municipio, Willy Calderón.

Apertura de zanja

La autoridad explicó que entre los sectores más críticos están el distrito Villa Paraíso, la comunidad La Florida, Epizana y Cotoca. La lluvia cayó el pasado viernes, y ante el avance de la riada, el sábado muy temprano los comunarios decidieron abrir una zanja de tres metros del pavimento para drenar el agua acumulada, que provenía del municipio de Cuatro Cañadas.

De acuerdo a la Unidad de Gestión de Riesgos  (UGR) del municipio de San Julián, las lluvias superaron los 100 milímetros de agua acumulada, e incluso casi 200 milímetros. Por lo que, los vehículos que requieran llegar hasta Trinidad deben realizar un desvío por la zona 3 de Mayo hacia Vallecito y salir a la Circunvalación San Julián Centro.

La Paz

La pronosticadora del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) Gielda Mamani afirmó que la temporada de lluvias en el altiplano ya comenzó y se prevé que se extienda hasta marzo de 2025.

La pasada semana, los municipios paceños de La Asunta y Luribay fueron afectados por desbordes.

“Tenemos un total de 1.440 familias que sufrieron las afectaciones en estos dos municipios, a causa de las riadas y mazamorras que están azotando en estas regiones afectadas”, informó el vocero de la Gobernación, Jesús Chura.

Alerta naranja

El país ingresó a la época de lluvias y desde el  Senamhi se alertó ayer que hasta mayo del próximo año podría concluir este fenómeno con el posible desborde de ríos.

El pronóstico fue emitido luego de que, en pasados días, varias regiones fueran sido afectadas por la crecida de las aguas, dañando cultivos y viviendas de algunos departamentos.

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Suspenden hasta el 6 de enero el juicio por el caso ‘Golpe I’ contra Camacho y Pumari

El tribunal del caso denominado “Golpe de Estado I” ha decidido este lunes un cuarto intermedio hasta el 6 de enero de 2025. En este caso los acusados presenciales son Luis Fernando Camacho y Marco Pumari.

La audiencia de este lunes no se pudo instalar debido a la ausencia de Pumari, quien no fue trasladado desde la cárcel de Cantumarca de Potosí hacia La Paz para esta audiencia. Asimismo, una de las jueces pidió licencia por su estado de gestación.

El director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, explicó que no se trasladó a Pumari porque la notificación fue realizada el jueves por la tarde y no hubo tiempo para tramitar la logística respectiva.

En este caso, Camacho y Pumari están acusados de terrorismo, porque en 2019 encabezaron las movilizaciones que derivaron en la renuncia de Evo Morales. Existen exjefes policiales y militares implicados, pero los mismos se encuentran declarados en rebeldía, dado que estarían fuera del país.

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La Policía Federal de Brasil acusa a Bolsonaro y a varios militares por urdir un golpe contra Lula

La Policía Federal de Brasil denunció ayer al expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022) y a otras 36 personas, entre ellas militares de alto rango y antiguos ministros, por intentar un golpe de Estado contra el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, tras las elecciones de 2022.

Al cabo de dos años de investigaciones, la Policía concluyó que existió una trama “coordinada” que buscó “mantener en el poder” al líder ultraderechista, pese a perder los comicios de 2022 ante Lula.

Bolsonaro, sobre quien ya pesan medidas cautelares, entre ellas la retención de su pasaporte, participó en la conspiración golpista, al igual que antiguos ministros y altos cargos de las FFAA, según la Policía.

Cargos por tres delitos

La Policía presentó cargos contra todos ellos por “abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, golpe de Estado y asociación ilícita”. Las penas combinadas por esos delitos rondan los 30 años de prisión.

El informe señala que la trama “se estructuró” en distintos núcleos dedicados a difundir noticias falsas, incitar a los militares, buscar salidas jurídicas; ejecutar acciones golpistas y realizar labores de inteligencia.

El documento, de unas 700 páginas, fue enviado a la Corte Suprema, instancia que ahora lo remitirá a la Fiscalía General, que a su vez decidirá si presenta una denuncia formal.

La Fiscalía tiene 15 días de plazo para formular una querella a partir de la fecha en que reciba la denuncia, pero los tiempos se pueden alargar si solicita más informaciones a la Policía.

Esta es la tercera vez que Bolsonaro enfrenta acusaciones policiales.

Protagonistas de la trama

Además de Bolsonaro, en la lista de acusados figura Walter Braga Netto, general de la reserva y antiguo ministro de la Presidencia y de Defensa en el Gobierno de Bolsonaro. Braga Netto también fue candidato a vicepresidente de Bolsonaro en 2022.

También están Almir Garnier Santos, excomandante de la Marina, y los generales retirados Augusto Heleno y Paulo Sérgio Nogueira, quienes formaron parte del gabinete del líder ultra derechista.

Otro actor clave es el antiguo edecán de Bolsonaro, el teniente-coronel Mauro Cid, quien firmó un acuerdo de colaboración judicial.

La Policía presentó además cargos contra otros tres allegados al expresidente.

Pruebas y evidencias

Durante las diligencias, se encontraron borradores de decretos para declarar un “estado de sitio”, anular el resultado de los comicios e intervenir la Justicia Electoral.

Uno fue encontrado en la casa de un exministro de Justicia y otro en un despacho de Bolsonaro en la sede del PL, en Brasilia. Diversos testimonios también acusaron al capitán retirado del Ejército de revisar y modificar el documento que consumaría el golpe.

Las sospechas también se basan en llamadas, mensajes y movimientos bancarios de los investigados.

El acusado  habla de la “creatividad” de un juez

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, investigado por participar en una supuesta trama golpista contra el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, atribuyó las acusaciones en su contra presentadas ayer por la Policía Federal a la “creatividad” de un juez del Tribunal Supremo.

“El magistrado Alexandre de Moraes conduce toda la investigación, ajusta los testimonios, arresta sin denuncia, lanza redes para pescar posibles pruebas y tiene una asesoría bastante creativa”, afirmó Bolsonaro en un comunicado difundido en sus redes sociales tras ser informado de las acusaciones.

En el comunicado, Bolsonaro dijo que la acusación ahora tendrá que ser analizada por la Procuraduría General de la República, ante la cual sí tendrá la oportunidad de defenderse.

 

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Entre gritos y agresiones, Diputados logra aprobar comisiones y comités

Pese a las agresiones, gritos y toma de la testera de parte de legisladores evistas que rechazan a Omar Yujra como presidente, la tarde de ayer, la Cámara de Diputados aprobó por mayoría la resolución camaral de conformación de comisiones y comités para la legislatura 2024-2025.

“Queda aprobada la resolución camaral de conformación de comisiones y comités para la legislatura de 2025. Desde este momento, deben ejercer sus labores a fin de realizar el tratamiento de los proyectos de ley y los instrumentos camarales”, dijo Yujra al pleno en medio de empujones. 

De acuerdo con el diputado arcista, las jefaturas de las bancadas nacionales enviaron las nóminas de sus miembros para la conformación de presidencias de las comisiones y de secretarías y vocalías de los comités. 

Tras ser aprobada la resolución por “mayoría absoluta”, Yujra concluyó la sesión. 

“Colegas (…) la razón tiene que vencer a la violencia, estamos en un Estado de derecho. Un grupo de parlamentarios no nos va a detener. Hemos concluido con la presente sesión”, finalizó. 

Amparo

Entrada la tarde ayer, la Sala Constitucional Primera de La Paz ordenó a los legisladores que responden a Evo Morales no acercarse a la testera ni a la directiva de la Cámara de Diputados, presidida por el diputado Omar Yujra, durante el desarrollo de las sesiones, informó la primera vicepresidenta de la Cámara, Deisy Choque.

La determinación fue resultado de un amparo presentado por la directiva camaral, ante las amenazas de los diputados evistas de impedir el trabajo de Diputados, porque no están de acuerdo con la elección de Yujra como presidente. El 8 de noviembre, tomaron la testera en la sesión de la Asamblea Legislativa y evitaron el informe de gestión del presidente Luis Arce.

Evismo agrede a Yujra

No obstante, a pesar de la decisión judicial, legisladores del evismo agredieron a Yujra en el inicio de la sesión convocada para ayer. Los legisladores afines a Evo Morales exigen una nueva elección para la presidencia de Diputados y agredieron a Yujra lanzándole agua, papeles, entre otros.

Además, también intentaron tomar la testera de la Cámara Baja, lo que derivó en forcejeos entre los legisladores.

Se desconoce cuándo será la próxima sesión de Diputados y si se agendará la ley corta para viabilizar las elecciones judiciales íntegras en todo el país.

Una sesión bochornosa

Si bien la testera estuvo rodeada esta vez por personal de seguridad para evitar que suban los asambleístas por los costados, los “evistas” se dieron formas para llevar adelante su protesta. Los “evistas” arremetieron a empujones y gritos. Incluso algunas parlamentarias se subieron a la testera impulsadas por sus compañeros. Rechazan que Yujra sea presidente de Diputados, porque consideran que su elección fue ilegal y que se posesionó de manera irregular, a puertas cerradas.

 

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Gremiales marchan en La Paz contra el alza de precios

Como se había anunciado, las trabajadoras gremiales cumplieron este jueves su marcha en la ciudad de La Paz, en protesta contra el alza de precios que afecta sus ventas y su capacidad de cubrir la canasta básica familiar.

“La canasta familiar ha subido demasiado y no nos alcanza”, dijo una de las manifestantes. “Las ventas han bajado mucho, la economía ya no da para las personas, estamos una pena en sí”, agregó otra marchista.

Las gremiales explicaron que, ante la falta de dólares, han subido los precios de los productos para vender.

Señalaron que los mayoristas han incrementado hasta el doble o triple los costos, mientras que ellas como comerciantes ya no saben cómo explicar esta situación a sus clientes.

Así como notan la baja en sus ventas, las gremiales protestaron contra el alza y escasez de los alimentos. Dijeron que varias no tienen cómo cubrir la canasta familiar e, incluso, han tenido que hacer filas de madrugada para conseguir arroz.

Las comerciantes acusan al Gobierno por la situación económica y realizaron su marcha con cánticos contra el Ejecutivo.

“Esta marcha no es política. Quiero decirle al señor presidente que la gente más humilde está sufriendo. Tal vez los que tienen sueldos jugosos no les afecte el alza de la canasta familiar”, dijo la dirigente Aurora Patiño.

La representante pidió al Gobierno que convoque a dialogar al sector y ofrezca soluciones. De lo contrario, advirtió con radicalizar las medidas.

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Micreros de Santa Cruz levantan paro y deciden cobrar Bs 2,50 sin autorización

Los transportistas urbanos de Santa Cruz suspendieron el paro de 48 horas que iniciaron ayer, tras una reunión en el Sindicato 24 de Noviembre; sin embargo,  informaron que, a partir de mañana, comenzarán a cobrar una tarifa de 2,50 bolivianos de día y 3 bolivianos desde las 21:00, pese a no contar con una normativa que respalde este ajuste.

El dirigente del sector, Ronald García, justificó la medida señalando que la tarifa de 2 bolivianos es  insostenible para los transportistas. “Si nos van a sancionar, que lo hagan, no hay ningún problema. Hoy la población ha visto que el transporte es necesario, han estado pagando  10, 15, 20 bolivianos para llegar a sus fuentes de trabajo”, afirmó.

García  confirmó que mantendrán esta “tarifa transitoria” mientras se espera una resolución definitiva del Concejo Municipal, que está analizando el tema. El próximo martes, los transportistas asistirán a una reunión con la comisión de Constitución para discutir una posible ley que oficialice el ajuste.

Las sanciones

El alcalde Jhonny Fenándes rechazó el anuncio del incremento y anunció que se intensificarán los operativos de control para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente, que establece el pasaje de 2 bolivianos  para adultos. 

Además, advirtió con sanciones a los conductores y líneas que incumplan con esta disposición. “Si los transportistas no prestan servicio durante tres días consecutivos, se considera una falta grave que puede derivar en la pérdida del derecho a operar la línea. La ley y el reglamento son claros al respecto”, aseguró.

El Alcalde también enfatizó que las sanciones serán aplicadas tanto a los conductores como a los propietarios que incurran en infracciones porque  “los delitos son personales”. 

Fernández dijo que puede haber multas de hasta  5 mil bolivianos  e incluso la suspensión de las  licencias de operación a los infractores de la normativa vigente.

Precisó que, además de los operativos en las calles, se están procesando más de 100 denuncias provenientes de redes sociales y reportes ciudadanos para identificar a las líneas y choferes que estén cobrando tarifas superiores a lo estipulado.

Los pasajeros denunciaron que los choferes del transporte público ya estaban cobrando 2,5 bolivianos.

 

 

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Boric promulga ley que penaliza delitos en ‘narcofunerales’

El presidente de Chile, Gabriel Boric, promulgó este miércoles una ley que establece normas para la realización de “funerales de alto riesgo”, ceremonias cada vez más recurrentes en el país suramericano que han obligado en múltiples ocasiones a suspender clases en instituciones educativas por la presencia de armas y otros riesgos asociados a estos hitos.

Después de varios meses de tramitación, el pasado 7 de noviembre el Congreso despachó el proyecto que establece nuevas regulaciones, entre ellas la restricción del plazo para desplegar este tipo de ceremonias a 24 horas y la penalización de delitos que puedan ocurrir en las mismas.

“Esta ley, como otras que hemos tramitado en nuestro gobierno, son para personas como tú, como tus vecinos y vecinas, para todos los habitantes de San Ramón y de todo Chile que merecen vivir en paz”, afirmó el mandatario desde una comuna popular de la capital chilena.

Interés general

Por su parte, la ministra del Interior, Carolina Tohá, subrayó sobre la nueva ley: “una restricción a los derechos que todas las personas tienen cuando fallecen, para ellos, incluso para sus cercanos, en beneficio del interés general”.

“Nuestros derechos se terminan cuando empiezan a afectar los derechos de los demás (…) en el caso de los funerales de estas personas hay ya demasiados antecedentes, que su manera de llevar adelante la despedida cuando pierden una persona es a costa de los demás, haciendo sufrir a los demás, amenazando a los demás, festinando con el miedo de los demás”, declaró la secretaria de Estado.

Catálogo de delitos

Concretamente, la ley establece un “catálogo de delitos frecuentes” en este tipo de funerales, los que serán sancionados con alta pena: desórdenes públicos, irrupción violenta, obstrucción de la circulación en la vía pública, saqueos, delitos regulados en la Ley de Control de Armas relacionados con fuegos artificiales, artefactos pirotécnicos y porte de armas blancas.

La determinación si un funeral es de “alto riesgo” quedará en manos de la Delegación Presidencial de cada región, cuya autoridad “debe considerar el informe técnico de Carabineros de Chile. Además, deberá solicitar información a la Policía de Investigaciones y Gendarmería de Chile”, puntualizó Presidencia.

Tanto en la capital chilena, Santiago, como en otras ciudades del país en el litoral central y norteño, los ‘narcofunerales’ son cada vez más frecuentes, eventos que han obligado en múltiples ocasiones a suspender las clases en establecimientos educativos y la vida comunitaria por los riesgos asociados a estas ceremonias.

Durante los últimos años, el combate al crimen organizado se ha perfilado como una de las principales preocupaciones de la población chilena, que resiente un aumento sostenido de delitos violentos y homicidios en diversos puntos del país.

 

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Relatoría Especial de la CIDH visitará el país, evaluará el impacto de los incendios

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó en las últimas horas que una delegación de la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Redesca) visitará el país para realizar una evaluación de los impactos que dejaron los incendios forestales en Bolivia.

La visita de trabajo se realizará entre el 9 y el 11 de diciembre de este año, según información oficial.

“El objetivo de la visita es evaluar los impactos de los incendios forestales en los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (Desca) de las comunidades locales, los pueblos indígenas y otras personas directamente afectadas, así como en la biodiversidad y los ecosistemas. Además, se analizará la posibilidad de formular recomendaciones destinadas a fortalecer las políticas de prevención y respuesta ante este tipo de tragedias ambientales en el contexto de la crisis climática”, informó la CIDH.

Otros aspectos

Para el biólogo y experto en medioambiente Milton Fernández, al margen de los daños sobre la pérdida de millones de hectáreas de cobertura forestal y la muerte de millones de animales, que fueron quemados vivos, la CIDH debería evaluar también el daño a los recursos básicos para las poblaciones afectadas, como el suministro de agua de las vertientes y  cursos de agua que utilizan las comunidades de los bosques amazónicos. 

“El agua debe ser potable o bebible sin mayor riesgo para los animales y el ser humano, pero ocurre lo contrario,  porque se ha documentado, en varios riachuelos de la Amazonía,  la existencia de elevados niveles de  contaminación,  con ceniza procedente de la quema de los árboles y la vegetación. Esta situación  está matando a los peces de los ríos  y, por otra parte, el agua contaminada no es bebible para el ser humano”, advirtió. 

 El experto también enfatizó en que se han registrado niveles preocupantes de mercurio, que utilizan en la explotación del oro y que termina depositado en los ríos, los cuales se han secado debido a los incendios. 

“El mercurio puede ser removido por el viento y transportado a la atmósfera, para luego volver al suelo con las lluvias, contaminando todo tipo de superficies. Otro proceso es la existencia de lluvia ácida producida por la elevada concentración de cenizas y hollín suspendida en la atmósfera, que, al llegar al suelo, acidifican los suelos forestales, agrícolas y ganaderos”, concluyó.

Las leyes incendiarias

“Sólo hay una manera de prevenir los incendios y desastres ecológicos, es abrogando todas las leyes y decretos incendiarios. El Gobierno no debe permitir el uso del fuego para fines de  expansión agrícola. Aunque los campesinos indiquen que son ‘fuegos controlados’, no existe y nunca existirá ‘el incendio controlado’, porque no es posible controlar la intensidad y dirección del viento, como el principal agente para avivar e incrementar los incendios forestales”, dijo Milton Fernández

 

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Tres mil familias fueron afectadas por el desborde de un río en Luribay

Cerca de 3 mil familias de 86 comunidades de Luribay, departamento de La Paz, fueron afectadas por el desborde del río y  por derrumbes como consecuencia de intensas lluvias, informó ayer su alcalde, Mario Cáceres.

“Los ríos colapsaron y se llevaron las chacras de tomate, choclo, papa y otros cultivos. Pedimos ayuda a las autoridades, porque las autoridades de la alcaldía trabajan con maquinaria pequeña, que es insuficiente”, explicó.

La riada también se llevó la plataforma del camino principal, dejando sin acceso al municipio que es productor de frutas y verduras.

Cáceres informó que envió notas a la Gobernación de La Paz y a Defensa Civil para que colaboren en la atención del desastre natural. “Necesitamos excavadoras tornamesas, gaviones y otros materiales”, aseguró.

Los comunarios temen que la afectación sea mayor ante los pronósticos de que las lluvias continuarán en la región.

Desde el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) se activaron dos nuevas alertas naranja por posibles desbordes de ríos en los departamentos de La Paz, Potosí, Cochabamba, Oruro y Chuquisaca.

 

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