El Órgano Electoral proclamó ayer los resultados oficiales de las elecciones nacionales del 17 de agosto y confirmó la segunda vuelta presidencial entre Rodrigo Paz y Jorge Quiroga, mientras que en la vicepresidencia la disputa será entre Edman Lara y Juan Pablo Velasco.

Con el 100% de las actas computadas, el Partido Demócrata Cristiano (PDC) obtuvo 1.717.432 votos válidos, equivalentes al 32,06% del total, seguido por Alianza Libre con 1.430.176 sufragios, es decir, el 26,70%.

En el caso de Cochabamba, la bancada estará conformada por seis fuerzas políticas y un representante indígena, de acuerdo con los datos oficiales difundidos por el Tribunal Supremo Electoral (TSE). El PDC logró dos senadores; Alianza Libre, uno, y Autonomía Para Bolivia (APB) Súmate, una representante. (Vea la infografía).

Respecto a las diputaciones plurinominales y uninominales, el PDC obtuvo seis escaños; Libre, cinco; Alianza Unidad, dos; APB Súmate, tres; y Alianza Popular (AP), uno. A estos se suman el representante supraestatal del PDC y el diputado indígena del pueblo Bia Yuqui. (Vea la infografía).

En el ámbito nacional, el PDC alcanzó 70 legisladores (cinco supraestatales), lo que se traduce en 65 escaños efectivos: 16 en el Senado y 49 en Diputados. La segunda fuerza política es Alianza Libre, con 53 asambleístas (dos supraestatales), que representan 51 escaños: 12 senadores y 39 diputados.

En tercer lugar, se ubica Alianza Unidad, con 35 legisladores (dos supraestatales), lo que equivale a 33 escaños distribuidos en siete senadores y 26 diputados. La cuarta fuerza, Alianza Popular, cuenta con ocho representantes, todos en la Cámara de Diputados. APB Súmate ocupa la quinta posición, con seis legisladores: un senador y cinco diputados.

Finalmente, el Movimiento Al Socialismo (MAS) obtuvo dos diputados y, de manera histórica, el Concejo Indígena Yuqui Bia Recuate (Bia Yuqui) logró un escaño por circunscripción especial.

Segunda vuelta

El TSE anunció que hoy se lanzará la convocatoria a la segunda vuelta. Según el calendario electoral modificado, la campaña se desarrollará del 27 de agosto al 15 de octubre. El 3 de septiembre se definirá la ubicación de las candidaturas en la papeleta electoral y el 19 de septiembre se sortearán los jurados electorales. 

El secretario de Cámara del TSE, Fernando Arteaga, detalló las fechas clave, que incluyen además el plazo para la renuncia de participación en la segunda vuelta, vigente hasta el 3 de septiembre.

El Tribunal Sexto de Sentencia de La Paz dispuso anoche levantar la medida de prisión preventiva a los líderes opositores Luis Fernando Camacho y Marco Pumari, encarcelados por su rol en la crisis política de 2019 en el país, y otorgó arresto domiciliario al primero y “libertad pura y simple” para el segundo.

El abogado Diego Gutiérrez, defensor de Pumari, informó que el Tribunal Sexto de Sentencia Anticorrupción de La Paz dispuso “la libertad pura y simple” para el exlíder cívico de Potosí, lo que supone que el opositor, que estuvo encarcelado desde 2021, podría salir de prisión hoy miércoles.

En tanto, al gobernador Camacho le otorgaron “la detención domiciliaria”, pero el político tiene otros procesos por los que está detenido preventivamente que deben revisarse en los próximos días.

El abogado defensor de Camacho, Martín Camacho, precisó a los medios que el gobernador “es libre” dentro del llamado caso ‘golpe de Estado I’, por el que fue encarcelado a finales de 2022.

El jurista precisó que este miércoles el opositor afrontará otra audiencia, aunque virtual, para revisar su situación jurídica en otro proceso por una huelga ciudadana realizada en Santa Cruz en 2022 para reclamar que se realice oportunamente el censo de población y vivienda.

Camacho tendrá detención domiciliaria con salidas laborales y “arraigo”, lo que supone que no puede salir de su región, deberá pagar una fianza de 100.000 bolivianos (unos 14.300 dólares o 12.284 euros) y presentarse cada 15 días ante la Fiscalía, precisó por su parte el TSJ en un comunicado.

Jeanine Áñez estaba acusada en este caso en calidad de “cómplice”, pero en 2024 el tribunal decidió apartarla al determinar que ya fue juzgada y sentenciada en 2022 por los mismos hechos en otro proceso conocido como ‘golpe de Estado II’.

El lunes, un tribunal de La Paz anuló uno de los procesos ordinarios contra Áñez y pidió que en su lugar se inicie un juicio de responsabilidades contra la expresidenta en el llamado caso ‘Senkata’, por las muertes de civiles durante la crisis de 2019 en esa zona de la ciudad de El Alto, vecina de La Paz.

El tribunal dispuso también un “mandamiento de libertad” para Áñez, pidiendo que espere el juicio fuera de prisión, aunque para esto hay una serie de trámites y pasos legales que se deben cumplir previamente. 

El Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz instaló este lunes una audiencia virtual en el marco del caso Senkata, en la que participa Jeanine Áñez. La sesión, prevista inicialmente para las 9:30, se retrasó casi una hora debido a problemas técnicos en la plataforma Zoom.

La audiencia tiene como objetivo la consideración de la excepción de incompetencia del tribunal, planteada por la defensa de Áñez, que busca que su proceso pase a la vía del juicio de responsabilidades, en lugar de continuar en la justicia ordinaria.

La convocatoria judicial responde al instructivo 18/2025 del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), emitido el pasado viernes 22 de agosto, que ordena la revisión de los plazos de detención preventiva en los procesos de Áñez, Luis Fernando Camacho y del excívico potosino, Marco Antonio Pumari, todos investigados por los hechos ocurridos en 2019.

En tanto, representantes y familiares de las víctimas de los hechos de Senkata advirtieron que, de otorgarse algún beneficio procesal a la exautoridad, recurrirán a organismos internacionales para impedir lo que consideran un acto de impunidad.

“Lo que ellos quieren es salir de toda culpa, porque si se determina un juicio de responsabilidades no se tiene dos tercios en la Asamblea Legislativa para que vaya a juicio y si pasa a la nueva Asamblea ahí se tiene dos tercios, pero para dejarla en libertad”, advirtió el representante de las víctimas de Senkata, David Inca, en entrevista con Radio Pío XII.

Este mismo lunes, a las 14h00, se tiene prevista otra audiencia relevante en el marco del caso “Golpe de Estado I”, en la que comparecerán Camacho y Pumari. Al igual que en el caso de Áñez, se evaluará la legalidad y vigencia de sus medidas cautelares.

Actualmente, Áñez cumple detención preventiva por varios procesos relacionados con su rol durante la crisis política de 2019, incluyendo el caso Senkata, donde se investigan las intervenciones militares y policiales en El Alto, que dejaron decenas de muertos y cientos de heridos, que fueron documentados por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), un equipo de juristas y expertos en derechos humanos creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La audiencia judicial para revisar la detención preventiva de los líderes opositores Luis Fernando Camacho y Marco Pumari, por su participación en los sucesos de la crisis política de 2019, fue aplazada hasta hoy por decisión del Tribunal Sexto de Sentencia Anticorrupción de La Paz.

La audiencia se enmarca en un instructivo emitido el viernes pasado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que ordenó verificar los plazos de las detenciones preventivas en todos los procesos contra la expresidenta interina Jeanine Áñez (2019-2020), Camacho y Pumari.

Según explicó el abogado Diego Gutiérrez, defensor del exlíder cívico potosino Marco Pumari, la suspensión busca “evidenciar si existen o no riesgos procesales”. Recordó que su defendido lleva 44 meses en detención preventiva en la cárcel de Cantumarca (Potosí) y sostuvo que los riesgos señalados inicialmente ya no tienen sustento, puesto que la documentación requerida fue presentada y todos los testigos ya declararon.

Los abogados de Camacho y Pumari solicitaron la libertad irrestricta de ambos, argumentando que los plazos legales de la detención preventiva se han cumplido. Camacho fue arropado por sus seguidores políticos, amigos cercanos y su familia que gritaban: Ya falta poco.

La situación generó reacciones políticas. El expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé alertó sobre el uso excesivo de la detención preventiva, al que calificó como una práctica que debe ser revisada con una política de Estado “más allá de intereses políticos o medidas aisladas”.

En la misma línea, el exprecandidato presidencial Jaime Dunn expresó en redes sociales su respaldo a la liberación de todos los considerados presos y perseguidos políticos en Bolivia, reclamando una reforma estructural que garantice “libertad, independencia, transparencia y equidad”.

Los juristas Silvia Salame, Ramiro Orías y Audalia Zurita coincidieron en que la prisión preventiva en el país se convirtió en una regla y no en una excepción. Con consecuencias de hacinamiento, vulneración de garantías y persecución política. En contraste, el senador del MAS Félix Ajpi manifestó su preocupación y advirtió que una eventual liberación de Camacho y Pumari sería “una señal clara de sometimiento del Órgano Judicial a intereses políticos, tanto de la oposición como del expresidente Evo Morales”.

Por su parte, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, permanece recluido desde fines de 2022 en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, en La Paz.

El proceso

El caso, denominado “Golpe de Estado I”, se abrió en 2020 tras la denuncia de la exdiputada del MAS Lidia Patty, por los hechos que derivaron en la renuncia de Evo Morales (2006-2019).

Camacho fue imputado por terrorismo, seducción de tropas y cohecho activo, entre otros delitos, por su liderazgo en las protestas poselectorales de 2019, cuando presidía el Comité Cívico de Santa Cruz.

En este proceso también fue acusada Jeanine Áñez en calidad de “cómplice”; sin embargo, en 2024 el tribunal la apartó, al determinar que ya había sido juzgada y sentenciada en el caso paralelo “Golpe de Estado II”.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) activó tres avisos meteorológicos ante el riesgo de nevadas, heladas y lluvias, además de ráfagas de viento que alcanzan hasta los 90 kilómetros por hora. La pronosticadora Heidy Quispe advirtió que el frente frío se extenderá durante los próximos días con impactos en la salud, la producción agrícola y la actividad cotidiana de la población.

El país enfrenta un brusco descenso de temperaturas por el ingreso de un frente frío que afecta a gran parte del territorio nacional, con variaciones térmicas de entre 6 y 12 grados menos respecto a lo habitual de la temporada. El fenómeno, que ingresó por el Chaco boliviano durante el fin de semana, avanza por Santa Cruz, Beni y Pando, y mantiene en alerta a otras regiones del oriente, los valles y el altiplano. El Senamhi informó que la baja térmica oscila entre 6 y 12 grados menos respecto a los valores normales de esta época del año. La alerta alcanza al Chaco boliviano —incluyendo Tarija y Chuquisaca—, al Trópico de Cochabamba y al norte del departamento de La Paz.

Las nevadas se mantienen en la Cordillera Oriental, afectando a La Paz, Oruro, Potosí y la zona alta de Cochabamba. Además, se registran lluvias dispersas en Santa Cruz, Cochabamba y La Paz.

En paralelo, se prevé heladas en los valles de Tarija, Chuquisaca y Santa Cruz, con efectos potenciales sobre la producción agrícola y la salud de la población.

El Senamhi recomendó a tomar previsiones, especialmente en sectores vulnerables como niños y adultos mayores.

A menos de dos meses de la inédita segunda vuelta electoral del 19 de octubre en Bolivia, los candidatos presidenciales Rodrigo Paz  Pereira, del Partido Demócrata Cristiano (PDC) y Jorge Quiroga Ramírez, de la  Alianza Libre, apuestan por propuestas ambiciosas para conquistar a un electorado que les de la victoria, principalmente aquellas destinadas a mejorar la economía de las familias y del país; sin embargo,  los  expertos y analistas económicos cuestionan cómo conseguirán recursos sin agravar la coyuntura actual-

Bonos y subsidios.

La principal bandera de Paz Pereira es el “capitalismo popular”, un modelo basado en créditos estatales baratos, una drástica reducción de impuestos y una redistribución fiscal del 50/50 que destinaría Bs 70.000 millones directamente a emprendedores, comerciantes y transportistas, sin pasar por los gobiernos subnacionales.

La propuesta es calificada de “populista” por diversos analistas. Jorge Komadina advirtió que la iniciativa carece de una fuente clara de financiamiento: “Son promesas que interpelan a sectores populares, pero que no explican de dónde saldrán los recursos”, dijo

Añadió  que el pacto fiscal no sólo es técnicamente inviable sin una reforma constitucional, sino que ignora la precaria situación de las finanzas públicas: “No tienen respaldo real y no hay explicación de dónde saldrá ese dinero”.

Otra oferta ratificada después de su victoria con el 32,06  por ciento en la primera vuelta es la de nacionalizar los autos ilegales conocido como “chutos”.

Otra promesa que ha generado polémica es el aumento de la Renta Dignidad a Bs 2.000 mensuales. Según cálculos del economista Fernando Romero, esa medida implicaría un gasto anual de Bs 30.171 millones, lo que equivaldría a casi el 10% del Presupuesto General del Estado (PGE) o el doble de lo destinado a la subvención de hidrocarburos. “Es simplemente inviable en la actual coyuntura fiscal”, sostuvo.

A ello se suma el paquete de promesas lanzadas por su compañero de fórmula, Edman Lara, a través de TikTok: subsidios de lactancia de Bs 2.400 mensuales, laptops para estudiantes, pase directo a universidades y Fuerzas Armadas para quienes cumplan el servicio militar, además de aumentos salariales para policías y maestros.

Las redes sociales convirtieron sus videos en virales, pero también en blanco de críticas. El financista  y político Jaime Dunn fue contundente: “Si tú me dices que vas a implementar bonos, muéstrame qué vas a recortar. Si no lo haces, me estás diciendo que vas a imprimir billetes. Y si vas a imprimir más, vas a generar inflación. Retráctate si has hablado una estupidez”.

Una apuesta por el agro

En la vereda opuesta, el expresidente Jorge Tuto Quiroga propone un enfoque más tradicional, centrado en un “shock de confianza”. Su plan estrella es la obtención de hasta $us 12.000 millones de financiamiento externo de organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial y CAF, con el fin de estabilizar la economía, garantizar dólares al sector importador y devolver divisas a los ahorristas.

También plantea una reducción del aparato estatal: cierre o privatización de empresas públicas, disminución de 17 a 12 ministerios y levantamiento progresivo de la subvención a los combustibles, comenzando por el diésel.

Sin embargo, sus propuestas tampoco escapan al escepticismo. “El FMI no entrega 12.000 millones por la linda cara. Bolivia podría aspirar a 3.000 millones, y con condiciones duras”, advirtió  Komadina.

 Añadió que si bien el ajuste es necesario, su aplicación inmediata podría generar conflictividad social.

Quiroga también propone un pacto agropecuario basado en seguridad jurídica, acceso a biotecnología y tierra, como forma de reactivar exportaciones y generar divisas. Aunque el sector agroexportador ha recibido bien la iniciativa, analistas señalan que los beneficios no serían inmediatos.

Finalmente, su idea de suprimir el Estado Plurinacional y retornar a la República ha sido tachada de “políticamente inviable” por Komadina, quien advierte que abriría un proceso constituyente largo y desgastante, justo en un momento donde se necesita estabilidad institucional.

Segunda vuelta

La segunda vuelta enfrenta a dos visiones radicalmente distintas: Paz, con un enfoque distributivo y de expansión estatal disfrazado de “popular”; Quiroga, con una propuesta de ajuste y liberalización de corte clásico. Sin embargo, comparten una misma debilidad: muchas de sus promesas carecen de sustento técnico y responden más a la lógica electoral que a un diagnóstico realista de la economía nacional.

Como resume el analista Komadina “En un país que no quiere escuchar sobre sacrificios, la demagogia electoral se impone sobre la sinceridad económica”.

Ambas organizaciones políticas, además deben sumar alianzas para lograr la gobernabilidad  a partir del 8 noviembre. Hasta el momento, los representantes de la Alianza Unidad ratificaron su apoyo al PDC, en tanto asuman medidas que  favorezcan a estabilizar la situación; en tanto que el líder  de Autonomía Para Bolivia (APB) Súmate, Manfred Reyes Villa, señaló que no respaldará a ninguno.

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, anunció ayer que planteará a la Sala Plena no autorizar encuestas de preferencia electoral para la segunda vuelta, al considerar que generan inseguridad y desconfianza en el proceso.

Ávila reconoció que las encuestas, pese a ser un instrumento valioso, han perdido credibilidad en Bolivia debido a sus constantes errores. “En cada proceso electoral las encuestas fallan, desprestigiando a este mecanismo. Lamentablemente en Bolivia se está deslegitimizando por los errores que están cometiendo”, afirmó.

El vocal sostuvo que se requieren cambios normativos y sanciones más severas contra las empresas encuestadoras para evitar que sus fallas afecten el proceso. “Para la segunda vuelta, a mí se me ocurrió, y es una idea personal, quiero recalcar, voy a plantear en Sala Plena que no deberíamos autorizar encuestas porque eso crea un clima de inseguridad, de poca confianza en el proceso y dejar que los ciudadanos ejerzan su derecho”, declaró en el programa Hagamos Democracia de la red Erbol.

Ávila explicó que la suspensión regiría “hasta no tener la seguridad de que esas encuestas hagan un buen trabajo y yo creo que nadie ahorita tiene esa seguridad”.  Reconoció que existe normativa interna para el registro de encuestadoras, pero admitió que el TSE debe asumir decisiones más drásticas: “El Tribunal Supremo Electoral tiene que tomar una decisión drástica por el tema de la publicidad, la publicación de la encuesta, si tiene dudas. Y lo vamos a hacer”.

Redes sociales 

En relación con la difusión de contenidos en redes sociales, Ávila recordó que este es un problema global señalado por observadores de la Unión Europea. Por ello, informó que el TSE trabaja en alianza con Chequea Bolivia y Bolivia Verifica para enfrentar la desinformación que se difunde en RRSS.

Mientras crece la expectativa por la posible liberación del exdirigente cívico, Marco Pumari, y del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, también suman los reclamos y críticas para que la medida del Tribunal Supremo de Justicia llegue a más presos en situación de detención preventiva.

La audiencia para considerar la situación jurídica de Camacho y Pumari está programada para hoy, a las 14:00, en el Salón Rosado del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. La medida fue anunciada el pasado viernes por Romer Saucedo, presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), y ordena la revisión de los plazos legales de detención preventiva de la expresidenta Jeanine Áñez, de Camacho y Pumari.

En tanto, reclusos con prisión preventiva de los penales de Palmasola, en Santa Cruz, y Villa Busch, en Pando, se declararon ayer en estado de emergencia reclamando el mismo trato que Áñez, Camacho y Pumari.

“La justicia boliviana ha actuado de manera selectiva y discriminatoria, otorgando beneficios y ventajas indebidas a estos tres procesados, mientras miles de personas permanecemos en el abandono absoluto. Exigimos la igualdad ante la ley, no aceptamos una justicia parcializada que solo se mueve por presión política o mediática”, señala parte del comunicado emitido por los presos de Villa Busch. De igual modo, los privados de libertad de Palmasola emitieron un comunicado casi exactamente con el mismo tenor, en el que también se declaran en emergencia por el mismo motivo.

Confianza

El equipo jurídico de Pumari informó ayer que tras la revisión del caso “Golpe de Estado I”, solicitará al Tribunal de Justicia de Potosí la suspensión de todas las medidas cautelares, para que pueda reencontrarse con su familia y asumir su defensa en libertad.

En tanto, Martín Camacho, abogado del gobernador cruceño, solicitó al Tribunal de Sentencia que considere la proporcionalidad, razonabilidad y excesividad de la detención preventiva que enfrenta su defendido.

Actualmente, el gobernador enfrenta siete procesos judiciales. Por dos de ellos, permanece con detención preventiva. Lleva dos años y nueve meses recluido en el penal de Chonchocoro.

La viceministra de Seguridad Ciudadana, Carola Arraya, consideró que la medida del TSJ tiene carácter político. Sostuvo su argumento en que la medida asumida por el TSJ solo se aplica a tres detenidos preventivos y no a cientos que están en la misma situación.