Bolivia reafirmó su presencia en el panorama internacional de las “bebidas espirituosas” tras obtener 6 medallas en la 27ª edición del Spirits Selection by Concours Mondial de Bruxelles (CMB), uno de los certámenes más prestigiosos del mundo, celebrado en días pasados en Jalisco, México, cuna del Tequila y la Raicilla, informó este sábado la Cancillería.

“Bolivia se consolida como productor emergente de bebidas espirituosas de calidad, reafirmando que el Singani, bebida emblemática del país, siga ganando reconocimiento y prestigio en los escenarios más exigentes del mundo, gracias al esfuerzo y la pasión de los productores bolivianos”, afirmó el viceministro de Comercio Exterior e Integración, Huáscar Ajata, citado en un reporte institucional.

La autoridad gubernamental destacó que la articulación entre el Estado y los productores vitivinícolas permitió que Bolivia tenga una participación sobresaliente en un escenario altamente competitivo.

El concurso reunió 2.598 “espirituosos” de 70 países, evaluados a ciegas por 140 jueces internacionales de 45 nacionalidades.

Entre los reconocimientos más destacados, Bolivia obtuvo una Gran Medalla de Oro y el Trofeo “Revelation Singani” para el Singani Premium Yokich del Valle de Cinti Cepas Viejas y Centenarias, un galardón que lo ubica entre los mejores destilados del mundo.

A este logro se sumaron 2 medallas de oro para Reconquista Singani Reserva Dos Years – Bodega El Legado y Rujero Colección Privada – Bodegas y Viñedos de la Concepción S.A., además de 3 medallas de plata para Perla Azul Singani Premium 2021, Montecito Singani Premium 1 Year y Ginebra La República Andina (Gin).

“La participación boliviana fue destacada. De los singanis presentados, 6 fueron premiados, lo cual reafirma que este destilado de altura, de gran pureza aromática y carácter propio, es parte de la identidad nacional y de gran valor en la élite mundial”, destacó el viceministro.

El Ministerio de Relaciones Exteriores coordina con bodegas nacionales el envío de muestras a competencias internacionales, con el propósito de posicionar los vinos de altura y singanis bolivianos en los mercados globales.

“El apoyo institucional de la Cancillería del Estado Plurinacional de Bolivia fue determinante para facilitar el transporte y la participación de los productores nacionales, fortaleciendo así la estrategia de promoción internacional de los singanis y vinos bolivianos, reconocidos por su calidad, autenticidad y origen en los valles de altura”, precisó Ajata.

La empresa de Seguros y Reaseguros Univida inició este jueves la venta del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) 2026 vía digital y mediante los tradicionales puntos fijos desde el 1 de noviembre, manteniendo los precios por quinto año consecutivo, informó el gerente general, Larry Fernández.

“Desde hoy las personas que deseen adquirir el SOAT 2026 pueden hacerlo a través de todos nuestros canales digitales (…). Y a partir del 1 de noviembre comenzamos a vender en los puntos fijos que usualmente la gente está acostumbrada a comprar”, explicó en conferencia de prensa.

Fernández indicó que quienes adquieran el SOAT 2026 a partir de este jueves, a través de los canales digitales de la empresa Univida o de la entidad financiera de su preferencia, ahorrarán un 2%. Los canales digitales de la empresa son: www.univida.bo, Univida app, Whatsapp o Facebook.

Por quinto año consecutivo, el precio del SOAT se mantiene y también se mantiene la cobertura del mismo, es decir, de Bs 24.000 en gastos médicos y, adicionalmente, Bs 22.000 si la persona llegara a fallecer.

En coordinación con Tránsito, a partir del 1 de diciembre, Univida comenzará una agresiva campaña de comercialización del SOAT 2026 tanto a través de puntos fijos como de móviles desplegados en todo el país.

Univida mantiene la coordinación con los centros hospitalarios del país, los cuales tienen la obligación de atender a cualquier persona accidentada, teniendo en cuenta que el SOAT es obligatorio en el territorio nacional.

“El SOAT tiene como principal función garantizar el derecho a la vida y la salud de las familias bolivianas. Contar con una cobertura vigente es una manera de brindar tranquilidad a nuestros seres queridos y de anticiparnos a cualquier eventualidad que pudiera surgir en las carreteras de nuestro país”, señaló el gerente de la empresa aseguradora.

Los cívicos de Santa Cruz están listos para volver a tomar las calles ante una eventual prórroga del Gobierno.

El titular del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, ratificó ayer, ante los medios de comunicación, que las protestas serán un hecho si algún plan atenta contra la democracia y la realización de las Elecciones Generales 2025.

“Los ciudadanos vamos a extremar los esfuerzos para llegar a las elecciones del 19 de octubre, pero si alguien pretende anular las elecciones, va a estar la gente en las calles defendiendo el derecho que tenemos, hoy más que nunca, de tener un nuevo gobierno para que el país pueda avanzar”, avisó, a tiempo de identificar que el masismo estaría, según su visión, detrás de las tentativas. 

El domingo 19 de octubre, los bolivianos volverán a las urnas para elegir entre Rodrigo Paz (Partido Demócrata Cristiano) y Jorge Tuto Quiroga (Alianza Libre). Un proyecto normativo en el Parlamento apunta a la suspensión de los vocales del ente electoral y, por ende, a la prórroga del Gobierno.

El Gobierno denunció, este miércoles, supuestas acciones para atentar contra la democracia desde la Asamblea Legislativa Plurinacional. El presidente Luis Arce habló de un “golpe a la democracia”.

El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, denunció este jueves que los avasalladores de tierras aprovechan el foco del escenario electoral para infringir la ley, ingresar ilegalmente a predios, atentar contra la propiedad privada y la integridad física de las personas.

“Esto (el avasallamiento) también obedece a este periodo electoral que nos toca enfrentar en el país. De alguna forma, como todas las miradas están en la segunda vuelta, esto está siendo aprovechado por estos grupos, que de alguna manera ponen en riesgo no solo la propiedad privada sino también la integridad de las personas”, explicó Ríos a El Deber Radio.

En menos de tres días, en el departamento de Santa Cruz se registraron dos tomas violentas e ilegales en tierras fiscales.

El primero se presentó en el municipio de Montero, en el predio Patujú, el 3 de octubre. Dos días después, en el municipio de Ascensión de Guarayos, en Río Negro (subdividido en zonas como El Cielo y JR), más de 150 personas armadas ingresaron a la fuerza, destruyeron un campamento y comenzaron a ocupar ilegalmente el lugar.

En ambos casos, los avasalladores agredieron a los propietarios, a los trabajadores y a la prensa.

En el caso del avasallamiento en el predio Patujú, el ministro de Gobierno indicó que fueron aprehendidas 12 personas y que la justicia determinó detención preventiva de 180 días.

“Se tienen identificados cuáles son los autores intelectuales como también materiales y a qué institución pertenecerían estos; no mencionaré la institución para no entorpecer las investigaciones”, manifestó.

El jefe adjunto de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (UE), Alexander Gray, convocó este miércoles a los actores políticos y ciudadanos a respetar los resultados del proceso electoral y a canalizar cualquier denuncia o queja por las vías institucionales establecidas.

“En la primera vuelta, todos los actores aceptaron los resultados. ‘Fraude’ es una palabra muy fuerte, ¿no? Si gente ha identificado irregularidades y quiere poner una queja o una denuncia a los resultados de la primera vuelta, hay instancias para recibir eso”, afirmó Gray en declaraciones a la prensa.

El representante europeo recordó que la misión de observación de la UE desplegará 120 observadores en todo el país durante el balotaje del 19 de octubre, con el objetivo de verificar la transparencia y el correcto desarrollo de la jornada electoral.

La misión europea mantiene una posición de neutralidad e imparcialidad y su labor consiste en “observar, no intervenir”, garantizando que el proceso democrático se desarrolle dentro de los estándares internacionales.

El pasado 19 de septiembre, el presidente en ejercicio del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel, afirmó que la palabra “fraude” debería ser eliminada del diccionario político boliviano y reivindicó la imparcialidad del Órgano Electoral en el desarrollo del proceso democrático.

El TSE recordó que los partidos en carrera suscribieron un pacto contra la desinformación y exhortó a todas las fuerzas políticas a respetar los principios democráticos, con el fin de que la segunda vuelta se desarrolle en un clima de transparencia, respeto a la voluntad popular y participación libre y pacífica de la ciudadanía.

El carnet de vacunación contra el sarampión ya no será requisito para el cobro del Bono Juancito Pinto, ante el pedido de los padres de familia y para evitar que el tema se politice, informó este miércoles el ministro de Educación, Omar Veliz.

“El requisito del carnet de vacuna contra el sarampión lo vamos a retirar; estamos retirando [el requisito] y pueden recoger los padres, tutores o apoderados con el carnet de identidad original y una fotocopia”, anunció Veliz en conferencia de prensa conjunta con la ministra de Salud, María Renée Castro.

El pago del Bono Juancito Pinto se iniciará este lunes 13 de octubre y se extenderá hasta el 29 de noviembre, para beneficiar a más de 2,3 millones de estudiantes del país.

Ante la emergencia sanitaria por sarampión, el Gobierno inicialmente había solicitado el carnet de vacunación del estudiante como requisito para el cobro del incentivo escolar.

El ministro explicó que a su despacho llegaron cartas de la Junta Nacional de Padres de Familia y también pedidos del pueblo boliviano para levantar el requisito del carnet de vacuna contra el sarampión para el cobro del bono. Además, mencionó que el tema cobraba interés de algunos sectores políticos.

“Hemos estado viendo que esta situación se está empezando a politizar y como Ministerio de Educación y como Gobierno nacional no vamos a permitir que se politice el Bono Juancito Pinto, que es un derecho y tiene un objetivo [orientado a] la permanencia en la educación de nuestros estudiantes”, enfatizó.

La ministra de Salud, María Renée Castro, señaló que la decisión de retirar el requisito fue asumida, además, con el compromiso de las Juntas de Padres de Familia de garantizar que los estudiantes que no cuentan con las vacunas de sarampión u otras del esquema regular deben ir a completarlas hasta fin de año.

“Hoy que hay una emergencia sanitaria declarada por sarampión, es evidente que es una enfermedad que puede poner en riesgo las labores educativas; por lo tanto, padres y madres de familia, tenemos que garantizar que nuestros hijos estén inmunizados con todo el esquema de vacunación hasta antes de concluir el año escolar”, dijo.

Castro señaló que a la fecha se aplicaron más de 1,7 millones de dosis de vacunas contra el sarampión y se cuenta con más de un millón de dosis disponibles para la población que no fue inmunizada.

En Bolivia, a la fecha, se registran 385 casos de sarampión, de los cuales el 80% corresponde a menores de 19 años.

El Bono Juancito Pinto, de Bs 200, tiene el objetivo de disminuir la tasa de deserción escolar, incentivando la matriculación, permanencia y culminación del año educativo de los estudiantes.

Por segundo año consecutivo, la población de Tipuani, en la provincia Larecaja del departamento de La Paz, se enfrenta a una emergencia por inundaciones. El desborde del río que atraviesa la zona, tras intensas lluvias registradas, dejó bajo el agua a varios barrios del área urbana y afectó al menos a 250 familias, según estimaciones preliminares del alcalde Fernando Vera.

Videos difundidos en redes sociales muestran casas cubiertas casi hasta el techo, calles convertidas en corrientes de lodo y vecinos clamando ayuda mientras intentan rescatar sus pertenencias. “Estamos pidiendo ayuda”, expresó uno de los pobladores en una grabación que se viralizó ayer.

De acuerdo con la autoridad municipal, el desastre se originó tras el deslizamiento de un cerro en una zona alta del municipio, lo que obstruyó el cauce del río y generó una acumulación de agua de entre 15 y 20 kilómetros. “A consecuencia de eso, hubo lluvias torrenciales en la parte de arriba y llegó una oleada o mazamorra que derrumbó los muros de contención preparados para evitar inundaciones”, explicó Vera en declaraciones a medios nacionales.

El dirigente vecinal Fidel Vélez atribuyó la gravedad del suceso a la falta de obras preventivas y señaló la responsabilidad de las cooperativas mineras que operan en el área. “Otra vez cinco barrios están completamente inundados, debido a la falta de trabajos de prevención que debieron realizar las cooperativas y la Alcaldía”, declaró a El Deber,

La magnitud del daño ha reavivado la preocupación por la vulnerabilidad de este municipio minero, que cada temporada de lluvias enfrenta emergencias similares. “Queremos la presencia del Estado. Entre hermanos trabajamos para evitar inundaciones, pero es insuficiente. Hemos pedido la reubicación de las familias que siempre son afectadas, pero no hemos tenido ninguna ayuda hasta el momento”, lamentó el alcalde.

No se reportaron víctimas fatales; sin embargo, decenas de familias permanecían atrapadas en sus viviendas y los accesos al pueblo continuaban bloqueados por el lodo. Los pobladores esperan la llegada de equipos de rescate y asistencia humanitaria del nivel departamental y nacional.

En otra contingencia, en Potosí se registró la madrugada de ayer una intensa granizada que alcanzó los 25 centímetros  de altura e impidió el tránsito en la ruta Potosí – Oruro.

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) abastecerá de combustibles esta semana al 70% u 80%, debido a que no recibió las divisas suficientes para la importación, informó este martes el presidente de la estatal, Armin Dorgathen.

“Estimamos que esta semana vamos a estar con un abastecimiento al 70, al 80 por ciento para poder proveer en las estaciones de servicio. Estimamos que ya para el jueves o viernes vamos a poder subir los volúmenes de gasolina y de diésel”, explicó en conferencia de prensa.

Ante esa situación, pidió a los usuarios cuyos vehículos tienen los tanques a la mitad o llenos de combustible evitar hacer filas, para permitir que quienes realmente lo necesitan puedan abastecerse.

“Esto va a ser por un par de días, hasta que podamos asegurar los recursos con el Ministerio de Economía (…). Esperamos que los recursos puedan ser garantizados esta semana; de esa manera, a partir del viernes podamos iniciar mayores cargas la próxima semana”, señaló.

No obstante, enfatizó que YPFB prevé volver a abastecer de carburantes al 100% el viernes o sábado.

La falta de divisas para la importación de combustibles se debe a que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) bloqueó los créditos externos gestionados por el Gobierno nacional para la inversión pública. Esos financiamientos también permiten el ingreso de divisas necesarias para la importación.

“La Asamblea nunca hizo su trabajo, no permitió que ingresen las divisas al país y el Ministerio de Economía tiene que realizar diferentes gestiones para garantizarlas y, de esa forma, asegurarnos las divisas a nosotros”, remarcó Dorgathen.

El juez 14º de instrucción penal, anticorrupción y violencia contra la mujer de la ciudad de La Paz declaró infundada la excepción de incompetencia por inhibitoria interpuesta por el Ministerio de Desarrollo Productivo y ratificó que Jeanine Áñez debe ser procesada a través de un juicio de responsabilidades.

Mediante una publicación en redes sociales, Áñez confirmó la información y aseveró que es “inocente de las barbaridades que tramaron para ponerme en su picota y exhibirme como trofeo de sus tropelías”, dijo.

“El juez 14º de instrucción penal, anticorrupción y violencia contra la mujer de la ciudad de La Paz declaró infundada la excepción de incompetencia por inhibitoria interpuesta por el Ministerio de Desarrollo Productivo del régimen del MAS y Luis Arce, mediante la cual pretendían continuar otra Patraña orquestada en mi contra: condenarme por el funcionamiento de FUNDEMPRESA”, (sic), señaló la expresidenta encarcelada.

Añadió que “éste fue otro de los nueve procesos judiciales que perpetraron para castigarme cobardemente por asumir la Presidencia de Bolivia cuando ellos cometieron fraude, renunciaron y huyeron del país, dejando caos, confrontación y abandono de sus responsabilidades”.

En este caso, Áñez es acusada por haber ampliado, presuntamente de manera irregular, la concesión de Fundempresa para administrar las matrículas de comercio, mediante el Decreto Supremo 4356 de 2020.

El caso había sido denunciado en jurisdicción de juicio de responsabilidades, pero el Ministerio de Desarrollo Productivo solicitó trasladarlo a proceso ordinario.

Así, Áñez sigue sumando decisiones judiciales a su favor. Y es que la expresidenta logró anular su detención preventiva en otros tres casos, entre ellos por las llamadas ‘masacres’ de Sacaba y Senkata ocurridos en su Gobierno, mismos en los que la justicia determinó que debe ser procesada a través de un juicio de responsabilidades.

Las resoluciones judiciales se dieron después de que el TSJ instruyera a todos los tribunales del país revisar los plazos de cumplimiento de las detenciones preventivas de Áñez, el gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho, y el exlíder cívico potosino Marco Pumari.

El TSJ, asimismo, aceptó un recurso de revisión presentada por Áñez para tratar de anular su sentencia de 10 años de cárcel por el ‘caso Golpe II’.

En ese último caso, Áñez, quien fungía como segunda vicepresidenta del Senado, fue sentenciada a 10 años de cárcel por la forma en la que asumió la presidencia el 2019, tras la renuncia del presidente Evo Morales, además del vicepresidente Álvaro García Linera y principales autoridades del legislativo, tras las denuncias de fraude electoral en las elecciones de ese año.