Los incendios forestales en Bolivia se prolongan por más de tres meses, incluso comenzaron antes que otros años, pero esta vez el número de focos de calor por día es cada vez mayor y lo peor está por venir, señalaron investigadores y ambientalistas.

Detrás de los millones de hectáreas de bosque que arden año tras año está el modelo económico extractivista que prioriza la agricultura extensiva y la minería ilegal, coincidieron los investigadores de la Fundación Tierra y de la Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático, Efraín Tinta y Noelia Martínez, respectivamente.

“El incendio sigue, está arrasando con todo. Se quemaron las casas y hay animales muertos. El fuego entró a los potreros y calcinó las vacas. Los bomberos están rendidos porque es más de un mes sin poder apagar los incendios. Ahora en la Chiquitanía sólo se respira humo”, lamentó Clara Masay, dirigente de la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia (Cnamib).

Incendios se anticiparon

Tinta explicó que hubo un cambio en el patrón habitual de incendios en Bolivia, se inició más temprano y con mayor intensidad, especialmente en Beni y Santa Cruz, lo que refleja una situación alarmante.

Señaló que los incendios solían empezar en julio y alcanzar su pico entre septiembre y octubre, para luego disminuir en noviembre; sin embargo, este año los incendios comenzaron con fuerza en junio, con un crecimiento sostenido hasta agosto, superando los registros habituales.

El patrón se mantuvo de 2001 a 2013, pero este año la tendencia se adelantó y se registró un aumento significativo en junio. Para agosto, se reportaron cerca de 2 mil focos de calor por día en todo el país, lo que indica un comportamiento atípico y preocupante en comparación con años anteriores.

En el caso de Santa Cruz, las quemas iniciaron en junio, cuando lo recurrente era que comiencen a mediados de julio. En estas últimas semanas se presentaron picos altos de focos de calor, los cuales se prevé que tengan un incremento mayor las siguientes semanas y no descenderán hasta finales de noviembre.

En el caso de Beni, también hubo un inicio temprano de registro de los focos de calor a partir de junio, tuvo una reducción importante a finales de julio y agosto, nuevamente sufrió incrementos considerables en los últimos días.

Las quemas en Bolivia han alcanzado cifras alarmantes en cuanto a la superficie quemada: 4 millones de hectáreas. Los departamentos más perjudicados son Santa Cruz, con 2,6 millones de hectáreas; Beni, con 1,3 millones de hectáreas, y La Paz, con 18.990 hectáreas, detalló Tinta.

Economía extractivista 

“Se está quemando la selva, el monte, los pueblos. Se va a acabar el agua. Los ríos están siendo contaminados y los peces están muriendo. Los territorios arden. Sólo somos los indígenas que luchamos y estamos siendo perseguidos, y hay mineros que destruyen las áreas protegidas”, denunció Miriam Pariamo, pobladora del norte paceño y dirigente de la (Cnamib).

Tinta señaló que es toda la Amazonía la que sufre un fuerte impacto por el cambio de uso de suelo destinado a la industria de la agricultura extensiva, principalmente en Brasil, y en Santa Cruz y Beni se vive el mismo fenómeno. “Los incendios son aprovechados para la ampliación de la frontera agrícola por la expansión de la mancha urbana”, añadió.

Martínez dijo que el problema de fondo tiene que ver con la expansión de la frontera agrícola, “para usar el bosque para actividades extractivas, para la agricultura y ganadería extensiva”. 

No se trata de los indígenas, porque ellos no van a “prenderle fuego para que se incendie su casa”; se trata de terceros que prenden el fuego para implementar monocultivos en grandes extensiones que no benefician a la economía ni a la seguridad alimentaria del país.

Mencionó que, en el norte paceño, los incendios forestales estaban relacionados con la minería ilegal que opera en áreas protegidas del país. “Necesita sacar a las poblaciones para habilitar extensiones de tierra para su actividad extractivista”, sostuvo.

Como Tinta, señaló que se trata de un modelo económico que se presenta en otros países como Brasil.

El ampliado de la Federación Departamental de Campesinos Túpac Katari determinó un paro general con bloqueo de caminos desde el 16 de septiembre, exigiendo la renuncia del presidente Luis Arce y del vicepresidente David Choquehuanca por dividir a las organizaciones sociales y por la ineficiente gestión pública.

“De manera unánime ha determinado decretar un paro general nacional con bloqueo de caminos hasta que renuncie el presidente Luis Arce y su vicepresidente David Choquehuanca por dividir a las organizaciones sociales, por la incapacidad de su gestión pública y destruir la economía del pueblo boliviano”, informó el ejecutivo de ese sector, David Mamani.

El encuentro se organizó en respuesta al enfrentamiento con la Policía que se registró la semana pasada, cuando intentaron recuperar su sede.

Mamani dijo que otra de las conclusiones del ampliado fue desconocer al vicepresidente David Choquehuanca, porque traicionó a la nación aimara y a las organizaciones campesinas. La misma suerte corrieron el dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, y el ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), Lucio Quispe, porque no lucharon por las reivindicaciones de los movimientos sociales.

“Hemos decidido emitir una resolución en la cual, primero, se ha expulsado y se ha desconocido de manera definitiva al secretario ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi, al ejecutivo de la Csutcb, Lucio Quispe, por traicionar a sus bases, a sus afiliados de las 20 provincias del departamento de La Paz”, señaló.

El ministro de Educación, Omar Veliz Ramos, confirmó este lunes que los estudiantes de los departamentos de Beni, Santa Cruz y Pando pasarán clases virtuales debido a los altos niveles de contaminación por los incendios forestales.

Señaló que los otros departamentos también podrían autorizar las clases virtuales si es que las direcciones departamentales lo ven necesario. Dijo que la instructiva es a nivel nacional, pero de prioridad en Beni, Pando y Santa Cruz.

“Se está retomando la modalidad virtual en estos tres departamentos, la modalidad a distancia se aplica según la estrategia docente (…) Es muy alta la contaminación ambiental en Beni, Pando y Santa Cruz”, dijo Veliz.

“La modalidad a distancia permite evitar que los estudiantes salgan a hacer (actividades) deportivas en las que inhalen el aire contaminado. Depende de los índices de calidad del aire”, dijo.

Los incendios forestales afectaron miles de hectáreas y provocaron niveles históricos de contaminación ambiental.

El presidente Luis Arce denunció este martes que hay sectores que buscan impulsar la confrontación entre bolivianos para convulsionar el país por ambiciones electorales. 

“Ante los que apuestan por el odio, la mentira, la violencia y la confrontación entre bolivianas y bolivianos buscando convulsionar el país por ambiciones electorales, nuestra respuesta siempre será más trabajo y gestión en favor del pueblo boliviano”, escribió el mandatario en sus redes sociales.

Señaló que “pensar en Bolivia no es bloquearla; pensar en Bolivia es industrializarla”. Además, recordó los acuerdos alcanzados en el diálogo por la economía que reunió a los representantes del sector empresarial del país.

“Como parte de los acuerdos del Diálogo Nacional por la Economía y la Producción, eliminamos los aranceles para la importación de materia prima e insumos para la industria farmacéutica, garantizando así la estabilidad de precios de los medicamentos para el pueblo boliviano, además fijamos el arancel cero para la importación de agroquímicos y maquinaria para el sector agroindustrial”, detalló Arce.

Sectores campesinos, del transporte y los gremiales se articulan para volver a salir a las calles con el objetivo de protestar para exigir soluciones ante la compleja situación económica que afronta el país.

La situación es crítica en cuatro municipios de Santa Cruz porque no pueden sofocar los incendios forestales, pese al esfuerzo de los bomberos y voluntarios; el fuego tampoco puede ser controlado en Beni y Pando; se suma la mala calidad del aire por la humareda, incluso en La Paz y Cochabamba.

De los 53 incendios forestales en Santa Cruz, los más críticos están en Concepción, Urubichá, Ascensión de Guarayos y San Ignacio, todas estas poblaciones están en la Chiquitanía.

Alerta sanitaria

La Sociedad Boliviana de Neumología sugirió ayer la declaratoria de la alerta sanitaria debido a la contaminación ambiental por los chaqueos e incendios forestales.

Se recordó que el atentado a la salud y el medioambiente se repite año tras año y representa un riesgo a la salud pública y que los responsables sean sancionados de acuerdo a la legislación nacional vigente.

La Sociedad Boliviana de Neumología sugirió además el reinicio del uso del barbijo o mascarilla, principalmente en grupos de riesgo como aquellos portadores de asma bronquial, bronquitis crónica y otras enfermedades broncopulmonares crónicas.

El director del Instituto Nacional de Estadística (INE) Humberto Arandia afirmó este miércoles que se convocará a una mesa nacional “técnica” para evaluar los resultados del censo 2024 y calificó como “políticos” los cuestionamientos que realizaron varios sectores a los datos.

Arandia dijo que no hay fecha para esta mesa técnica, pero que se convocará a todas las autoridades “académicas” que entiendan el tema técnico del censo y aseveró que están abiertos a cualquier auditoría.

“Nosotros no tenemos absolutamente ningún problema. El que nada tiene, nada teme. Y de la misma manera invitamos cordialmente a participar en esta mesa técnica a todas las autoridades académicas, no políticas”, dijo Arandia a Unitel.

“Definitivamente no encontramos un sustento técnico que esté rechazando a lo que son las cifras del censo. Verdaderos expertos en demografía a nivel tanto nacional como internacional pueden hablar de la coherencia y de la consistencia de los resultados. Encontramos que más estamos hablando de posiciones de carácter meramente político”, ratificó.

Ayer, la Asamblea de la Cruceñidad declaró un paro de 24 horas para este viernes 6 de septiembre contra los datos del censo que fueron presentados por el INE el pasado fin de semana. La Paz y El Alto también cuestionaron los resultados, pero no adelantaron ninguna medida de presión.

Arandia dijo que los cuestionamientos del Cimité cruceño son políticos y no técnicos y que el INE está recorriendo el país para socializar los resultados. Una vez concluida esta labor “realizaremos la convocatoria para esta mesa (nacional) bajo protocolos estrictos internacionales” y que “si se requiere que abramos las cajas, (estas) serán abiertas”.

De acuerdo al rector de la Uagrm, Vicente Cuéllar, en un estudio técnico se tuvo hallazgos que “muestran claramente de que hay una diferencia de aproximadamente 373.000 a 374.000 personas que no fueron contadas en Santa Cruz, porque el INE hizo mal su trabajo”.

Al respecto, Arandia lo invitó a utilizar “una calculadora” y “que haga el cálculo de cuánto era la población, manejada al 1 de enero de 2012, le sume el total de nacimientos en Santa Cruz, que son 718.321, y que reste el total de defunciones 282.970 y que a eso le reste el efecto de la emigración internacional y la emigración interna y encontrará con una calculadora cuál es la cifra real que estamos manejando”.

Afirmó que Cuéllar es “un candidato” que está intentando sacar rédito político de un tema técnico.

“Vamos a convocar a una mesa nacional y, en ella, vamos a discutir con todos porque este es un problema país, no es un problema regional”, dijo el director del INE.

“La definición del lugar la llevaremos adelante, posteriormente, y se van a invitar a actores académicos que manejen el tema”, aseveró.

El defensor del pueblo, Pedro Callisaya, lamentó la represión policial contra los campesinos que buscan recuperar la sede de la Federación Túpac Katari en la ciudad de La Paz. Exhortó al Gobierno que busque soluciones en lugar de incentivar la violencia.

“La Policía está ejercitando un acto de represión con uso indiscriminado de gases y también tenemos denuncias de que se estuviese utilizando balines. Estamos en la verificación en este momento de la existencia o no de heridos”, dijo Callisaya.

La sede de los campesinos fue tomada en julio por dirigentes afines al Gobierno, que desconocieron al ejecutivo David Mamani, quien se había manifestado en contra del presidente, Luis Arce.

Ayer, con Mamani al mando, se organizó una marcha para retomar los ambientes que se encuentran en la zona San Pedro; sin embargo, la Policía puso vallas metálicas y utilizó gases lacrimógenos y en aerosol contra los Ponchos Rojos.

Callisaya llamó a respetar los derechos a la vida, a la integridad, a la libertad de circulación de las y los bolivianos, sin utilizar la fuerza en exceso y de forma desproporcionada. Recordó que el Estado es responsable de la integridad de la vida y de la libertad personal de todos.

Pidió que “el Estado, antes que usar la represión, genere espacios de resolución de esta conflictividad en todas las movilizaciones que se están dando a lo largo de nuestro país”. El defensor del Pueblo señaló que este tema es orgánico y se debería solucionar en ese marco, por lo cual le llama la atención la presencia policial en la sede. El enfrentamiento dejó al menos 11 heridos. Al momento de romper el cordón policial, tres efectivos del orden fueron agredidos por manifestantes y otros tres policías, en plena gasificación.

Un policía fue agredido cuando se dirigía con su motocicleta hacia sus compañeros para resguardar la sede de la organización sindical. Fue increpado y agredido, incluso hay videos que muestran cómo algunos le tiraron piedras.

Sin previo debate y por unanimidad, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) aprobó ayer la convocatoria pública para postulantes a la selección y designación del Fiscal General del Estado.

Desde mañana, 4 de septiembre, se tiene previsto el registro de postulantes.

Plazo de 45 días

La sesión finalmente pudo desarrollarse después de que el viernes de la pasada semana fuera suspendida y reprogramada ante la ausencia de dos legisladores secretarios en la Cámara de Diputados, lo que habría motivado a que no exista el quorum correspondiente.

La norma fija un plazo de 45 días para las 13 etapas. El presidente de la Comisión Mixta de Justicia, senador Roberto Padilla, informó que hoy se difundirá la convocatoria en tres medios de comunicación de alcance nacional y en las páginas oficiales de la Vicepresidencia del Estado, Cámara de Diputados y del Senado.

“Después de eso, empezamos con la presencia de los notarios, el día miércoles (mañana) para abrir las actas y en el plazo de 15 días de recepción de la documentación de todos los postulantes”, explicó Padilla.

Sólo la lectura del contenido del proyecto de convocatoria tomó más de 40 minutos. Luego de la votación de aprobación, el presidente de la Asamblea, David Choquehuanca, ordenó su publicación.

“En cumplimiento de las previsiones constitucionales y legales, con el voto de unanimidad por los asambleístas, queda aprobada la convocatoria pública a postulantes para la selección y designación de la o el Fiscal General del Estado, por secretaria procédase a la publicación conforme a ley, previa adecuación de forma y estilo”, solicitó.

Trece etapas

La ley fija un plazo de 45 días para las 13 etapas de selección de postulantes, dos días para la emisión de la convocatoria a sesión de la ALP para la designación del Fiscal General del Estado por voto de dos tercios de las y los asambleístas presentes y 10 días para cumplir con ese proceso hasta la posesión de la nueva autoridad que reemplazará a Juan Lanchipa, quien termina su mandato el 23 de octubre.

Una vez que se publique la convocatoria, los postulantes tendrán 15 días para presentar su postulación en la Comisión Mixta de Justicia Plural. Los aspirantes deben cumplir 18 requisitos: nueve generales y nueve específicos.

Procedimiento de selección

Las etapas de selección incluyen presentación de postulaciones (15 días); verificación de requisitos habilitantes comunes y específicos (3 días); publicación de los postulantes habilitados e inhabilitados (1 día); presentación de impugnaciones (2 días); impugnaciones (4 días); notificación de impugnaciones y publicación de habilitados para la fase de evaluación de méritos (1 día); evaluación de méritos (4 días); revisión de méritos (2 días); notificación de recurso de revisión de méritos (1 día); exámenes orales y exposición de plan de trabajo (5 días), y aprobación de los informes.

Finalmente, el anunciado Congreso de la dirigencia evista del Movimiento al Socialismo (MAS) se transformó en un ampliado ante el rechazo del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de supervisar el encuentro.

A través de sus redes sociales, Evo Morales confirmó que el ahora ampliado se realiza para “analizar la situación política, económica y social” del país y reprochó que el TSE haya rechazado supervisar lo que sería el Congreso del MAS.

“Hemos iniciado nuestro congreso, pero como no hay supervisión por un Tribunal Supremo Electoral que se sometió a los intereses del imperio y a las ambiciones de los que gobiernan el país, automáticamente se convirtió en ampliado. Con los movimientos sociales revolucionarios y legítimos vamos a analizar la situación política, económica y social con el objetivo de defender la democracia y salvar Bolivia”, señaló.

Días atrás, Morales ya había advertido que la “paciencia” de los evistas se “está rebasando” y justificó las posibles futuras movilizaciones al señalar que es la única manera para “defender” el Instrumento Político.

“Ahora vamos a ver con el pueblo. Hasta ahora hemos aguantado, estamos de bomberos apagando incendios, pero en algún momento nos va a rebasar y será responsabilidad de ellos”, reiteró.

Incluso, afirmó que no será su responsabilidad ni de sus seguidores las posibles acciones que se vayan a tomar en el fallido Congreso.

La Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) rechazó acompañar y observar el Congreso del Movimiento al Socialismo (MAS) convocado por Evo Morales para el próximo 3 de septiembre en Villa Tunari.

Tal y como ocurrió en más de una ocasión en los últimos meses, el rechazo se produce debido a que el Congreso no fue consensuado por la dirigencia del MAS, a la cabeza de Evo Morales, con las organizaciones sociales matrices del Instrumento Político, que están liderados por dirigentes que, según el evismo, son afines al Gobierno.

El Pacto de Unidad, compuesto por las organizaciones sociales matrices del MAS, rechazaron dialogar con Morales para consensuar la realización del Congreso masista.

Las organizaciones sociales, en ese sentido, reiteraron su pedido para que el TSE reconozca el Congreso que realizaron, en mayo pasado, en El Alto y en el que se eligió como presidente del instrumento político a Grover García.

El Tribunal Supremo Electoral también rechazó validar dicho Congreso debido a que no fue consensuado con la dirigencia de Morales.

Además, en paralelo, en mayo pasado, también había rechazado otra convocatoria de la dirigencia evista para llevar adelante el encuentro.

En la actualidad, cabe recordar, el MAS ya tiene una amonestación grave por no renovar su directiva y corre el riesgo, incluso, de perder su personería jurídica.

Este lunes 2 de septiembre está programado el inicio del juicio oral contra la expresidenta Jeanine Añez y otras exautoridades por el caso Senkata, donde se pretende pedir la pena máxima de 30 años de cárcel por el delito de genocidio, según la Procuraduría.

“Es un caso que está en acusación a punto de ingresar a juicio oral público y contradictorio, lo que significa que la Fiscalía, las entidades involucradas, hemos ofrecido las pruebas para lograr una máxima condena contra la señora Añez”, declaró el procurador Cesar Siles, en entrevista con el canal estatal.

La autoridad dijo que en este actuado judicial se presentará varios documentos que alegan la violación a los derechos humanos a las personas que están en calidad de víctimas.

“Se habla de suficientes indicios y elementos de prueba que servirán para sustentar los hechos. Las pruebas son los levantamientos de cadáveres, pruebas testificales, certificados médicos forenses, certificados de defunción”, dijo Siles.

Además, Siles mencionó que otros cinco implicados aún están en calidad de rebeldía. Se trata de los exministros Arturo Murillo, Luis Fernando López, Víctor Hugo Zamora, y el exdirector de la Felcc de La Paz, Iván Rojas.

 “Ellos serán declarados rebeldes en la etapa de juicio. Esperamos llegar a una sentencia en este semestre”, dijo.

La autoridad dijo que se tiene un registro de 10 fallecidos y varios heridos en este hecho ocurrido en noviembre de 2019 en la ciudad de El Alto.