La Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado de la Cámara de Diputados aprobó este martes el proyecto de ley que garantiza la libre transitabilidad y la protección del pueblo boliviano frente a los bloqueos de carreteras.

La propuesta legislativa establece penas de tres a ocho años de privación de libertad para quienes obstruyan las vías de manera dolosa.

“Al haberse considerado en su integridad el proyecto de ley, conforme a lo dispuesto por el artículo 105 del Reglamento General, queda aprobado tanto en su estación en grande como en detalle. Señor secretario técnico, remita a la Cámara de Diputados el presente proyecto de ley”, señaló el diputado Manolo Rojas, presidente de dicha comisión.

10 propuesta unificadas

La iniciativa legislativa consta de 28 artículos y es resultado de la unificación de diez propuestas normativas referidas a la prevención de los bloqueos. El diputado Omar Muriel Vásquez manifestó que el proyecto de ley “es mucho más completo y refleja mayor amplitud y responsabilidad”.

El proyecto de ley establece un régimen penal que determina penas de tres a seis años de privación de libertad cuando los bloqueos afecten servicios de emergencia, salud, abastecimiento, evacuación, infraestructura o actividades laborales. La pena será de ocho años de privación de libertad cuando se registre el uso de violencia o armas, destrucción de infraestructura o cobros.

Por otro lado, determina que la Policía Boliviana, el Ministerio Público y las instituciones públicas competentes deberán incorporar programas de capacitación en gestión de conflictos, derechos humanos, libre transitabilidad, derecho al trabajo, investigación penal y uso legítimo de la fuerza.

En sus disposiciones transitorias, establece que el Órgano Ejecutivo deberá adecuar, en un plazo de 60 días calendario, los protocolos necesarios relacionados con la prevención y el diálogo, el tránsito de los servicios de emergencia, el abastecimiento indispensable, la protección del derecho al trabajo, la advertencia y el ‘desescalamiento’, el restablecimiento de la circulación, la documentación de los operativos, y el uso proporcional de la fuerza.

Un documento de imputación formal revela que la red criminal que operaba en el Ministerio Público daba protección al narcotraficante Sebastián Marset a cambio de pagos mensuales de hasta 500.000 dólares. En caso están involucrados Roger Mariaca, Martín Irusta, Alberto Zeballos y Rubén Aparicio, entre otros. 

En el documento se señala que el 1 de octubre, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) detectó la difusión de un video en redes sociales, en el que el narcotraficante Sebastián Marset dijo que Mariaca es su amigo, al igual que el exministro de Gobierno, Eduardo del Castillo y Rubén Aparicio.

Tras el material, la Policía aprehendió a Rubén Aaparicio en La Paz. Se le secuestró dinero, joyas, documentos personales y un teléfono celular iPhone 17 Pro Max.

El 1 de octubre, la Policía desplegó un operativo en el Aeropuerto Internacional Viru Viru de Santa Cruz, y aprehendió a Roger Rider Mariaca Montenegro y Alberto Zeballos Flores.

A Mariaca se le secuestró $us 2.100, Bs. 19.850, dos dispositivos iPhone 17 Pro y Pro Max, un iPad Pro, joyas de valor y una mochila. Zeballos fue encontrado con Bs. 11.280, joyas de oro, dispositivos pendrive USB, una laptop Microsoft y un pin institucional de la Fiscalía.

Un día antes, Martín Daniel Irusta Flores fue aprehendido en flagrancia en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado en la ciudad de Sucre, en el momento en que intentaba extraer y sustraer expedientes y documentación confidencial vinculada al caso para borrar el rastro documental e institucional.

El documento señala que, según los antecedentes expuestos por la comisión de fiscales, “la estructura delictiva presuntamente operó como una organización criminal que brindaba cobertura y alquiler de protección al narcotraficante Sebastián Marset (quien pagaba montos de hasta $us 500.000 mensuales)”

Con este dinero, se le permitía evadir operativos de captura policial. Además, subraya que Mariaca, durante sus funciones como Fiscal Departamental de Santa Cruz y posteriormente como Fiscal General del Estado, nombró de manera directa y sin convocatoria a Martín Irusta como Fiscal Superior en Recursos Humanos el 5 de febrero de 2026, a pesar de sus antecedentes por enriquecimiento ilícito.

Asimismo, Aparicio era el brazo de protección policial en Santa Cruz e Irusta como operador de contención dentro del Ministerio Público.

Mariaca, Irusta, Aparicio y Zeballos fueron imputados por organización criminal y tráfico de sustancias controladas.

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, afirmó este jueves que el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, y otros funcionarios aprehendidos deben pasar a disposición de una autoridad jurisdiccional.

“Al haberse presentado aprehensiones, no solamente contra el Fiscal General, sino también contra otras autoridades del Ministerio Público, corresponde que pasen a disposición de una autoridad jurisdiccional”, afirmó.

Mariaca, el exfiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, el fiscal superior Martín Irusta, entre otros funcionarios, fueron aprehendidos la noche del miércoles por la Policía ante denuncias vinculadas con hechos de corrupción para favorecer al narcotráfico.

“Al estar a disposición de una autoridad jurisdiccional, se deberá respetar en todo momento el debido proceso y, además, valorar los elementos de la investigación que ya está en curso”, añadió Saucedo.

Mariaca fue trasladado desde la capital cruceña hasta El Alto y actualmente se encuentra en instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) de El Alto, por medidas de seguridad.

El Gobierno aseguró que continuará con las acciones para desbaratar las organizaciones que se dedicaban a favorecer al narcotráfico y al crimen organizado en el país.

Agentes encapuchados aprehendieron anoche al fiscal general del Estado, Roger Mariaca, cuando se preparaba para salir del avión, que lo trasladó de Sucre a Santa Cruz presuntamente para que responda por los cargos que presentó el Departamento de Estado de Estados Unidos en su contra al revocarle la visa, según reportó la Red DTV y otros medios de la capital cruceña. 

En el mismo operativo, también, fue aprehendido el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, quien aparece entre los 12 funcionarios y exfuncionarios vetados el lunes por EEUU por recibir sobornos del narcotráfico y favorecer a delincuentes peligrosos. 

“Mariaca (…) abusó de sus cargos públicos al solicitar y aceptar sobornos para facilitar el narcotráfico y ayudar a criminales violentos a evadir la justicia”, señala el comunicado difundido este lunes por el Departamento de Estado. 

La aprehensión se dio tres días después de que el Departamento de Estado de EEUU presentó una acusación contra Mariaca por presunta protección al narcotráfico. Además, Zeballos está incluido en una lista de personas cuyo ingreso al país del norte está vetado, al igual, que el exministro de Justicia Iván Lima. 

El secretario de Seguridad Ciudadana de Santa Cruz, Jorge Santiestevan, confirmó anoche además la aprehensión de un exministro de Gobierno, en medio de las investigaciones relacionadas con el fiscal general Roger Mariaca y el narcotraficante Sebastián Marset. De manera extraoficial, inicialmente se había reportado el posible arresto, mientras se aguardaba información sobre la identidad y situación jurídica del aprehendido.

Las versiones apuntan a que se trataría del exministro Eduardo Del Castillo. La situación cobra relevancia tras la difusión de videos y declaraciones de meses atrás, en los que Marset se refiere a Mariaca y afirma que este le proporcionaba información, mientras que en otro menciona a Del Castillo, a quien identifica como “Sonia”, y asegura que le realizaba pagos mensuales a través de un intermediario.

Intervención

Personal del Ministerio Público denunció en vivo anoche, desde Sucre, “el secuestro” del fiscal general Mariaca; el allanamiento de las instalaciones de su sede central y “la aprehensión” de los funcionarios.

Periodistas llegaron hasta las puertas de la Fiscalía General del Estado, pero policías no les dejaron ingresar, por lo que personal de comunicación empezó una transmisión en vivo.

En el mismo video en vivo, un coronel de Policía comunicó a los funcionarios que no estaban siendo aprehendidos, sino arrestados. Los uniformados arguyeron que era una situación irregular y estaban fuera de horario en entidades públicas. 

Finalmente, se los llevaron.

Antes de la discusión, los funcionarios alcanzaron a decir que se estaban vulnerando derechos y no se estaba respetando la institucionalidad del Estado. Denunciaron “el secuestro” de Mariaca e hicieron un llamado a todos los fiscales de materia “a que puedan coadyuvarnos y precautelar la legalidad”.

Cuando ellos salían, escoltados por uniformados, llegó personal de la Policía Internacional (Interpol).