La Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado de la Cámara de Diputados aprobó este martes el proyecto de ley que garantiza la libre transitabilidad y la protección del pueblo boliviano frente a los bloqueos de carreteras.

La propuesta legislativa establece penas de tres a ocho años de privación de libertad para quienes obstruyan las vías de manera dolosa.

“Al haberse considerado en su integridad el proyecto de ley, conforme a lo dispuesto por el artículo 105 del Reglamento General, queda aprobado tanto en su estación en grande como en detalle. Señor secretario técnico, remita a la Cámara de Diputados el presente proyecto de ley”, señaló el diputado Manolo Rojas, presidente de dicha comisión.

10 propuesta unificadas

La iniciativa legislativa consta de 28 artículos y es resultado de la unificación de diez propuestas normativas referidas a la prevención de los bloqueos. El diputado Omar Muriel Vásquez manifestó que el proyecto de ley “es mucho más completo y refleja mayor amplitud y responsabilidad”.

El proyecto de ley establece un régimen penal que determina penas de tres a seis años de privación de libertad cuando los bloqueos afecten servicios de emergencia, salud, abastecimiento, evacuación, infraestructura o actividades laborales. La pena será de ocho años de privación de libertad cuando se registre el uso de violencia o armas, destrucción de infraestructura o cobros.

Por otro lado, determina que la Policía Boliviana, el Ministerio Público y las instituciones públicas competentes deberán incorporar programas de capacitación en gestión de conflictos, derechos humanos, libre transitabilidad, derecho al trabajo, investigación penal y uso legítimo de la fuerza.

En sus disposiciones transitorias, establece que el Órgano Ejecutivo deberá adecuar, en un plazo de 60 días calendario, los protocolos necesarios relacionados con la prevención y el diálogo, el tránsito de los servicios de emergencia, el abastecimiento indispensable, la protección del derecho al trabajo, la advertencia y el ‘desescalamiento’, el restablecimiento de la circulación, la documentación de los operativos, y el uso proporcional de la fuerza.

Un documento de imputación formal revela que la red criminal que operaba en el Ministerio Público daba protección al narcotraficante Sebastián Marset a cambio de pagos mensuales de hasta 500.000 dólares. En caso están involucrados Roger Mariaca, Martín Irusta, Alberto Zeballos y Rubén Aparicio, entre otros. 

En el documento se señala que el 1 de octubre, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) detectó la difusión de un video en redes sociales, en el que el narcotraficante Sebastián Marset dijo que Mariaca es su amigo, al igual que el exministro de Gobierno, Eduardo del Castillo y Rubén Aparicio.

Tras el material, la Policía aprehendió a Rubén Aaparicio en La Paz. Se le secuestró dinero, joyas, documentos personales y un teléfono celular iPhone 17 Pro Max.

El 1 de octubre, la Policía desplegó un operativo en el Aeropuerto Internacional Viru Viru de Santa Cruz, y aprehendió a Roger Rider Mariaca Montenegro y Alberto Zeballos Flores.

A Mariaca se le secuestró $us 2.100, Bs. 19.850, dos dispositivos iPhone 17 Pro y Pro Max, un iPad Pro, joyas de valor y una mochila. Zeballos fue encontrado con Bs. 11.280, joyas de oro, dispositivos pendrive USB, una laptop Microsoft y un pin institucional de la Fiscalía.

Un día antes, Martín Daniel Irusta Flores fue aprehendido en flagrancia en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado en la ciudad de Sucre, en el momento en que intentaba extraer y sustraer expedientes y documentación confidencial vinculada al caso para borrar el rastro documental e institucional.

El documento señala que, según los antecedentes expuestos por la comisión de fiscales, “la estructura delictiva presuntamente operó como una organización criminal que brindaba cobertura y alquiler de protección al narcotraficante Sebastián Marset (quien pagaba montos de hasta $us 500.000 mensuales)”

Con este dinero, se le permitía evadir operativos de captura policial. Además, subraya que Mariaca, durante sus funciones como Fiscal Departamental de Santa Cruz y posteriormente como Fiscal General del Estado, nombró de manera directa y sin convocatoria a Martín Irusta como Fiscal Superior en Recursos Humanos el 5 de febrero de 2026, a pesar de sus antecedentes por enriquecimiento ilícito.

Asimismo, Aparicio era el brazo de protección policial en Santa Cruz e Irusta como operador de contención dentro del Ministerio Público.

Mariaca, Irusta, Aparicio y Zeballos fueron imputados por organización criminal y tráfico de sustancias controladas.

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, afirmó este jueves que el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, y otros funcionarios aprehendidos deben pasar a disposición de una autoridad jurisdiccional.

“Al haberse presentado aprehensiones, no solamente contra el Fiscal General, sino también contra otras autoridades del Ministerio Público, corresponde que pasen a disposición de una autoridad jurisdiccional”, afirmó.

Mariaca, el exfiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, el fiscal superior Martín Irusta, entre otros funcionarios, fueron aprehendidos la noche del miércoles por la Policía ante denuncias vinculadas con hechos de corrupción para favorecer al narcotráfico.

“Al estar a disposición de una autoridad jurisdiccional, se deberá respetar en todo momento el debido proceso y, además, valorar los elementos de la investigación que ya está en curso”, añadió Saucedo.

Mariaca fue trasladado desde la capital cruceña hasta El Alto y actualmente se encuentra en instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) de El Alto, por medidas de seguridad.

El Gobierno aseguró que continuará con las acciones para desbaratar las organizaciones que se dedicaban a favorecer al narcotráfico y al crimen organizado en el país.

Agentes encapuchados aprehendieron anoche al fiscal general del Estado, Roger Mariaca, cuando se preparaba para salir del avión, que lo trasladó de Sucre a Santa Cruz presuntamente para que responda por los cargos que presentó el Departamento de Estado de Estados Unidos en su contra al revocarle la visa, según reportó la Red DTV y otros medios de la capital cruceña. 

En el mismo operativo, también, fue aprehendido el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, quien aparece entre los 12 funcionarios y exfuncionarios vetados el lunes por EEUU por recibir sobornos del narcotráfico y favorecer a delincuentes peligrosos. 

“Mariaca (…) abusó de sus cargos públicos al solicitar y aceptar sobornos para facilitar el narcotráfico y ayudar a criminales violentos a evadir la justicia”, señala el comunicado difundido este lunes por el Departamento de Estado. 

La aprehensión se dio tres días después de que el Departamento de Estado de EEUU presentó una acusación contra Mariaca por presunta protección al narcotráfico. Además, Zeballos está incluido en una lista de personas cuyo ingreso al país del norte está vetado, al igual, que el exministro de Justicia Iván Lima. 

El secretario de Seguridad Ciudadana de Santa Cruz, Jorge Santiestevan, confirmó anoche además la aprehensión de un exministro de Gobierno, en medio de las investigaciones relacionadas con el fiscal general Roger Mariaca y el narcotraficante Sebastián Marset. De manera extraoficial, inicialmente se había reportado el posible arresto, mientras se aguardaba información sobre la identidad y situación jurídica del aprehendido.

Las versiones apuntan a que se trataría del exministro Eduardo Del Castillo. La situación cobra relevancia tras la difusión de videos y declaraciones de meses atrás, en los que Marset se refiere a Mariaca y afirma que este le proporcionaba información, mientras que en otro menciona a Del Castillo, a quien identifica como “Sonia”, y asegura que le realizaba pagos mensuales a través de un intermediario.

Intervención

Personal del Ministerio Público denunció en vivo anoche, desde Sucre, “el secuestro” del fiscal general Mariaca; el allanamiento de las instalaciones de su sede central y “la aprehensión” de los funcionarios.

Periodistas llegaron hasta las puertas de la Fiscalía General del Estado, pero policías no les dejaron ingresar, por lo que personal de comunicación empezó una transmisión en vivo.

En el mismo video en vivo, un coronel de Policía comunicó a los funcionarios que no estaban siendo aprehendidos, sino arrestados. Los uniformados arguyeron que era una situación irregular y estaban fuera de horario en entidades públicas. 

Finalmente, se los llevaron.

Antes de la discusión, los funcionarios alcanzaron a decir que se estaban vulnerando derechos y no se estaba respetando la institucionalidad del Estado. Denunciaron “el secuestro” de Mariaca e hicieron un llamado a todos los fiscales de materia “a que puedan coadyuvarnos y precautelar la legalidad”.

Cuando ellos salían, escoltados por uniformados, llegó personal de la Policía Internacional (Interpol).

El comandante de las Fuerzas Armadas (FFAA), Víctor Hugo Balderrama, aseguró ayer que los militares y la Policía están listos “para defender al pueblo y la Constitución”, tras el ultimátum lanzado ayer por el expresidente Evo Morales de realizar movilizaciones si hasta el 3 de octubre no se abroga el decreto que retira la subvención al diésel.

En similar tono, el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano,lamentó las amenazas y el ultimátum que lanzó el evismo desde Lauca Ñ, en el trópico de Cochabamba.

Justiniano aseguró que cualquier manifestación que “atente contra la vida” de los ciudadanos “será respondida mediante el uso de la fuerza”.

Dureza

Consultado sobre el anuncio de movilizaciones del evismo, el presidente Rodrigo Paz  señaló que con sus advertencias lo que Morales busca es que “nos matemos entre bolivianos” en octubre y lo acusó de buscar violencia para borrar sus “casos de violación, de pedófilo”.

“Es el mismo señor que nos pide que nos matemos entre bolivianos en octubre. Si tiene algo que decir siéntese a la mesa a negociar. ¿Por qué quiere violencia?, ¿para que le borren sus casos de violación, de pedófilo?, ¿vamos a seguir escuchando al mismo señor?”, cuestionó.

Paz agregó  que Morales “ya caerá ante la justicia” y pidió que ésta sea severa con el dirigente cocalero.

El comandante Balderrama recordó además que existe un estado de excepción vigente y ratificó a la población que las FFAA están “para protegerla, para garantizar la libre transitabilidad”.

El pasado sábado, en un congreso de sus seguidores en Lauca Ñ , Morales dio un ultimátum al Gobierno para abrogar los decretos supuestamente inconstitucionales.

“Estamos dando ultimátum, si no abrogan las normas de privatizaciones, de entrega de recursos naturales a las transnacionales, decretos inconstitucionales, si no es de buenas, va a ser a malas”, aseguró.

Por su parte, el ministro Justiniano cuestionó que desde el Chapare se pretenda generar un nuevo escenario de conflicto.

El ministro recordó que se encuentra vigente un estado de excepción y señaló que cualquier manifestación debe mantenerse dentro del ámbito de la protesta pacífica.

“Cuando se bloquea una carretera no se perjudica al Gobierno. Se perjudica a la gente y más que nunca la gente quiere trabajar, no quiere conflicto, no quiere bloqueos, no quiere movilizaciones”, sostuvo.

El departamento de Estado de Estados Unidos afirma que el fiscal general Bolivia, Roger Mariaca, recibió sobornos para facilitar el narcotráfico.

“Mariaca (…) abusó de sus cargos públicos al solicitar y aceptar sobornos para facilitar el narcotráfico y ayudar a criminales violentos a evadir la justicia”, señala el comunicado difundido este lunes por el Departamento de Estado.

El documento agrega que las acciones de Mariaca ponen en peligro los esfuerzos del presidente Trump para combatir el narcoterrorismo, al tiempo que socavan las mismas instituciones democráticas que Bolivia, como participante del programa Escudo, busca fortalecer.

Además, EEUU informa que la “participación en casos graves de corrupción” hace que el fiscal general de Bolivia y sus familiares directos no puedan ingresar a los Estados Unidos.

“El mensaje del presidente Trump y del secretario Rubio es claro: los funcionarios corruptos –y los criminales a quienes protegen– no son bienvenidos en Estados Unidos”, señala el comunicado.

Vetados de cuatro países

El Gobierno de Donald Trump ha revocado las visas de 27 funcionarios y exfuncionarios latinoamericanos y sus familiares por acusaciones de corrupción.

Los privados de visa de ingreso a EEUU afectados son de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, todos esos países están gobernados por líderes de derecha que mantienen relaciones amistosas con Trump.

El Departamento de Estado anunció las revocaciones este lunes y dijo que forman parte del compromiso de Estados Unidos de defender la gobernabilidad democrática en el hemisferio frente a la corrupción y el narcotráfico.

“Socavar a un Gobierno elegido democráticamente representa una amenaza para la seguridad y el Estado de derecho en las Américas y no será tolerado”, señala el Departamento de Estado en un comunicado.

Una veintena de bolivianos afectados

Entre los afectados, además del Fiscal General de Bolivia figuran además dos decenas de funcionarios judiciales y del Ministerio Público. De ellos, 12 tenían visas vigentes y nueve no podrán obtener una si presentan una solicitud. También fueron afectados dos colombianos, un empresario y un legislados, dos ecuatorianos y un juez peruano.

Mariaca, quien fue elegido para un mandato de seis años en 2024, durante el gobierno de Luis Arce, es acusado de abusar de su cargo público al solicitar y aceptar sobornos para facilitar el narcotráfico. También se le acusa de ayudar a delincuentes violentos a evadir la justicia, según los documentos.

“Sus acciones ponen en peligro los esfuerzos del presidente Trump para combatir el narcoterrorismo y, al mismo tiempo, socavan las propias instituciones democráticas que Bolivia, como miembro del Escudo de las Américas, está trabajando para fortalecer”, señala el comunicado.

La Administración Trump presenta las revocaciones como parte de sus esfuerzos más amplios para combatir la corrupción, particularmente la relacionada con el narcotráfico y la migración ilegal, entre los miembros del bloque ‘Escudo de las Américas’, liderado por Estados Unidos y creado este año por Trump en el hemisferio occidental.

La lista

“Los funcionarios extranjeros corruptos ya no pueden ingresar libremente a Estados Unidos”, reza el comunicado del Departamento de Estado del país norteamericano, que incluye entre los ciudadanos bolivianos alcanzados por la nueva política a un exministro de Justicia de Luis Arce, además de fiscales, jueces, magistrados y un exejecutivo de la Aduana y otras personas.

“Esta política restringe las visas para ciudadanos extranjeros, y sus familiares directos, que atentan contra un Gobierno democráticamente elegido mediante actividades de corrupción o narcotráfico en nuestra región”, reza el comunicado difundido este lunes.

El comunicado agrega que el Departamento de Estado está tomando “medidas inmediatas para imponer restricciones de visas conforme a esta política en apoyo de Bolivia” así como a países que participan en la Iniciativa Escudo de las Américas, entre ellos Colombia, Ecuador y Perú.

El Departamento de Estado revocó las visas existentes para los siguientes bolivianos y sus familias:

1. Martín Daniel Irusta Flores, fiscal superior.
2. Albania Chane Caballero Saavedra, primera jueza investigadora Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres en el departamento de Santa Cruz.
3. Alberto Zeballos Flores, fiscal titular de Santa Cruz.
4. Rosario Ximena Flores Paniagua, jueza de instrucción penal en el departamento de Santa Cruz.
5. Iván Manolo Lima Magne, exministro de Justicia y Transparencia Institucional.
6. Álvaro Mauricio Navia Morales, actual fiscal superior y ex fiscal departamental de Chuquisaca.
7. Israel Ramiro Campero méndez, magistrado constitucional.
8. Alberto Samuel Soto De La Vía, expresidente ejecutivo de la Aduana Nacional.
9. Iván Ramiro Campero Villalba, ex magistrado suplente del Tribunal Supremo de Justicia.
10. Rodrigo Aldo Vedia Espinoza, juez del Primer Juzgado de Instrucción Penal de La Guardia.
11. Frans William Cabrera Quispe, coronel de la Policía Boliviana.
12. José Luis Iriarte Cussi, empresario privado.

Otros nueve ciudadanos bolivianos que actualmente no poseen visa, y sus familias, fueron declarados inhábiles para recibir la autorización de ingreso a EEUU.

El expresidente Evo Morales emplazó al Gobierno de Rodrigo Paz a abrogar hasta el 3 de octubre el Decreto Supremo 5716, que eliminó la subvención estatal al diésel, bajo la advertencia de que la medida deberá ser revertida “por las buenas o por las malas”.

El ultimátum fue incluido en las resoluciones aprobadas por el denominado congreso de “Evo Pueblo”, reunido en Lauca Ñ, donde Morales permanece debido a una orden de aprehensión vigente que le impide trasladarse libremente a otras regiones del país.

Según las determinaciones aprobadas, si el Gobierno no atiende sus demandas, desde el 3 de octubre de 2026 se convocará a una “gran movilización nacional para salvar Bolivia”, en defensa del Estado Plurinacional y contra las políticas económicas que, según Morales, afectan a la población.

Entre las principales exigencias figura la abrogación del DS 5716, además del DS 5727, al que las organizaciones afines a Morales atribuyen la intención de promover la privatización, cierre y liquidación de empresas públicas.

Morales llamó a la unidad de las organizaciones sociales afines para sumarse a la “lucha por la soberanía bajo los principios del antiimperialismo, anticolonialismo y anticapitalismo hasta derrotar al neoliberalismo”.

Ministerios
Las resoluciones también cuestionan la política energética del Gobierno y exigen recuperar la soberanía sobre el sector. En ese marco, plantean la restitución del Ministerio de Planificación y del Ministerio de Energías, con el argumento de que ambas carteras permitirían recuperar la conducción de la política económica y avanzar en un cambio de la matriz energética.

Contra  EEUU
El encuentro también rechazó lo que Morales considera una política de “sumisión” del Gobierno a Estados Unidos, el Comando Sur y el Fondo Monetario Internacional (FMI), entidades a las que atribuyó la imposición de políticas neoliberales y una agenda de seguridad contraria a los intereses nacionales.

Condori presente
Nilton Condori, el senador suplente electo por la alianza Unidad y suspendido sin salario por la Asamblea Legislativa por ocho meses, participó ayer en el ampliado de Evo Pueblo. En su intervención, convocó a la unidad de la izquierda en el país y pidió a Morales y a los seguidores de este a construir “una identidad propia en la política” y “fusilar a los ladrones” del Gobierno, porque considera que “están robando el futuro del país”.

“Este aymara, este boliviano, viene a buscar unidad ¿Para qué? Para acabar, para extirpar a esta élite ociosa que nos han delinquido doscientos años, que nos han robado. Esa es mi furia, mía…”,  dijo Condori.