“Por la información que me han dado los profesionales (de ENDE) de cada 10 foquitos que hay acá, siete se encienden con (electricidad generada con) gas y el gas para el 2028 se va a acabar”, dijo este miércoles el presidente Rodrigo Paz en Cochabamba.

El jefe de Estado visitó las instalaciones de la empresa generadora en Cochabamba y luego de reunirse con sus ejecutivos y técnicos, brindó una conferencia en la que, entre otros temas, expuso la necesidad de reestructurar la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE)

 “Tenemos que reestructurar la empresa, evidentemente. Es nuestra empresa es una empresa que tiene que servir al pueblo y no a un partido ni a un Gobierno tiene que salir al pueblo boliviano aquí la meritocracia y el respeto a cada uno de ustedes va a ser lo preponderante para que saquemos con eficiencia no solo a ENDE Central sino a las 10 filiales que tiene”, dijo dirigiéndose a los periodistas y a los funcionarios de esa empresa estatal.

Asimismo, señaló que “ENDE se va a tener que abrir, es nuestra empresa nacional, la vamos a proteger, pero tiene que dar un mejor servicio a los bolivianos. Hoy día ha sido una sorpresa saber que la ley del rubro sigue siendo la Ley 1604 que se promulgó en el primer gobierno de Sánchez de Lozada y a la que le han puesto parches.

“O sea, no hemos generado una nueva normativa para dinamizar y modernizar el rubro y a su vez generar un mejor servicio. Tenemos que hacer normativa, leyes para dar a ENDE mayores capacidades de crecimiento, porque si no ENDE no va a ser viable y ENDE tiene que ser viable.

Necesitamos transformar normativas para que la platita pueda llegar (en inversiones) haya seguridad jurídica y ENDE pueda tener buenos socios para invertir y crecer. Pero tiene que ser socios internos el que pueda distribuir también va a tener que poder generar.

ENDE genera el 85% de la energía eléctrica que se consume en el país. O sea, no hay cómo ENDE no pueda ser exitosa, si es básicamente un monopolio, pero hay que darle los instrumentos para hacerla dinámica y para poder generar competitividad esto es algo que tenemos que entender”, afirmó.

Descentralización

“Otro aspecto es que la platita que vayamos a generar como ingresos la quiero redistribuir en los municipios y en las gobernaciones, paro que la gente también reciba sus beneficios en sus municipios, para la salud y la educación.

Vamos a acabar con este Estado centralista para que la platita que se mueva vaya a las regiones y vamos a dar señales muy claras en ello”, agregó el presidente.

La presidenta del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Paola Prudencio, anunció una reestructuración para atender las 17.000 causas que dejaron pendientes los magistrados autoprorrogados cesados; en tanto, el vicepresidente Edmand Lara convocó al Legislativo a trata la convocatoria a   elecciones judiciales complementarias.

“La Asamblea Legislativa es la única instancia autorizada para la preselección de candidatos a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y del Tribunal Constitucional Plurinacional. Por eso, pedimos a las respectivas comisiones trabajar con rapidez, para que tengamos cuanto antes a las nuevas autoridades electas”, demandó Lara.

Dos salas constitucionales, una de Santa Cruz y otra de Potosí, atendieron dos acciones populares presentadas por ciudadanos y dispusieron el cese de funciones de los magistrados autoprorrogados de manera “inmediata”. 

Prudencio indicó que el TCP puede seguir funcionando con los cuatro jueces electos mediante voto y en funciones, por lo que no existe un vacío de poder. “Una vez recuperada la institucionalidad del tribunal, tenemos que resolver 17.000 causas que nos están heredando estos cinco ciudadanos”, expresó.

Mencionó la necesidad de reestructurar el TCP, adelantó que habrá auditorías internas para conocer el estado real del TCP y habrá transparencia en el sorteo de causas que llegan al máximo tribunal, que volverá a ser público.

Añadió que los cinco magistrados removidos no sólo enfrentan órdenes de aprehensión por usurpación de funciones y falsedad ideológica, sino también por falsedad material, delitos que deberán ser procesados en la justicia.

En paralelo a estos anuncios, una comisión de fiscales allanó las oficinas del TCP en Sucre como parte de la investigación que se inició.

El fiscal de materia, Javier Gorena, confirmó que el operativo se realizó con el apoyo de un equipo técnico de laboratorio de la Felcc y del investigador asignado al caso, en el marco de las pesquisas relacionadas con los exmagistrados. Las instalaciones fueron precintadas mientras los investigadores recaban documentación y evidencias.

Mientras avanzan las investigaciones, la nueva Sala Plena, conformada solo por los cuatro magistrados electos, ya convocó a sesiones para obtener información institucional urgente y programar  la agenda institucional.

La magistrada Paola Verónica Prudencio Candia juró este martes como la nueva presidenta del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), luego de que sus colegas eligieron para ocupar esas funciones, en la sesión de sala plena instalada previamente.

La elección se produjo luego de que, horas antes, los cinco magistrados prorrogados fueron cesados de inmediato por decisión de una Sala Constitucional de Potosí que dio respuesta así a un Acción de Libertad.

En su primer discurso como presidenta del TCP, Prudencio afirmó que esta jornada se restableció la legalidad y la institucionalidad y que el tiempo del autoprórroga ha concluido.

“Quienes intentaron gobernar este tribunal, con mandatos fenecidos, emitiendo resoluciones para proteger sus propios cargos y amenazando a otros jueces, han cesado en sus funciones. A partir de este momento, las puertas de este tribunal se cierran a la arbitrariedad y se abren nuevamente a la supremacía de la Constitución Política del Estado”, dijo.

Entre las primeras determinaciones que se asumirán de aquí en adelante, informó que será la conformación de salas y la comisión de admisión, la transmisión pública de sorteo de expedientes, la unificación jurisprudencial para reducir la carga procesal, entre otras.

“No vamos a permitir que se manipule la historia procesal de este tribunal, vamos a auditar lo actuado porque la confianza de ustedes se recupera con verdad, no con discursos vacíos, no venimos a encubrir actos inconstitucionales, ilegales y arbitrarios”, añadió.

La nueva presidenta del TCP también instó a los jueces y vocales a que emitan sus fallos conforme a la Constitución Política del Estado, la ley y protejan a la ciudadanía.

También indicó que el tribunal “ya no será un órgano de persecución” ni tampoco velará por “intereses subjetivos particulares” y que, por el contrario, retomará su rol verdadero como el garante en la administración de justicia sin llamadas, presiones, ni amenazas de nadie.

En Samaipata, vecinos continúan removiendo el lodo para recuperar sus pertenencias y los rescatistas buscan a dos mujeres desaparecidas, a más de una semana de la riada que golpeó a varias comunidades, entre ellas Achira, el pasado domingo 16 de noviembre.

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, informó que se reunirá con ministros de distintas reparticiones para coordinar soluciones destinadas a los productores afectados por el desborde de los ríos. Además, el tránsito en la zona fue rehabilitado, aunque aún con restricciones por el estado del terreno.

En un informe actualizado, la municipalidad señaló que 1.138 familias resultaron afectadas, 20 viviendas fueron destruidas y otras 56 presentan daños de consideración.

El alcalde Eustaquio Casillas explicó que las lluvias recientes provocaron derrumbes, anegamientos y el desborde de cursos de agua que comprometieron barrios urbanos y comunidades rurales, además de causar la pérdida de 645 hectáreas de cultivos. 

Las tareas de limpieza avanzan con dificultad debido al lodo que todavía cubre gran parte de la zona.

El alcalde señaló que persiste la búsqueda de dos mujeres desaparecidas, una de 87 años y otras de 23, que estaba embarazada.

Paralelamente, el Gobierno central y la Sociedad de Ingenieros de Santa Cruz continúan coordinando acciones para garantizar la provisión de agua potable en Achira.

Técnicos del Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico realizarán una nueva evaluación para definir los trabajos necesarios en tuberías, redes y obras dañadas tras la riada.

La ayuda y los voluntarios siguen llegando; ayer el vicepresidente Edmand Lara arribó a Achira con ayuda para las familias que persisten en la zona. “Le agradezco a la gente su cariño. Venimos a ver nosotros las necesidades que hay. Me decía Juan Yujra que necesitamos trabajar de manera urgente y pronta para arreglar los caminos y devolverle el normal tránsito vehicular a las carreteras”, indicó a El Deber.

Desde el Senamhi se emitió una alerta naranja por lluvias y posibles desbordes en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Beni y Pando. 

La situación de los magistrados prorrogados cambió radicalmente este martes. En principio, estas autoridades hicieron conocer que terminaba la prórroga de mandato e iban a abandonar sus funciones en 10 días; sin embargo, dos salas constitucionales, una en Potosí y otra en Santa Cruz, ordenaron que sean apartados de inmediato.

A lo anterior se suma una orden de aprehensión y alerta migratoria emitida contra estas mismas exautoridades.

Son cuatro las ordenes de aprehensión que fueron emitidas por un juzgado de La Guardia que dispone la aprehensión de los magistrados Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano, René Yván Espada Navia, Julia Elizabeth Cornejo Gallardo y Karem Lorena Gallardo Sejas.

Los documentos especifican que las órdenes de aprehensión tienen por objetivo que estas personas sean conducidas ante el modulo policial de La Guardia para ser puestas a disposición de la Justicia para resolver una acción popular.

Este mismo juzgado de La Guardia emitió una solicitud al Ministerio de Gobierno para activar una alerta migratoria contra los cinco magistrados prorrogados del TCP.

En contacto con UNITEL, el abogado Oliver Coronado, señaló que fue él quien interpuso un recurso de acción popular contra los prorrogados por usurpación de funciones y por atentado a la seguridad jurídica del Estado.

Agregó que solicitó la aprehensión y la emisión de una alerta migratoria con el objetivo de estén presentes en la audiencia cautelares que está previsto que se realice este miércoles.

“Mañana (miércoles) es la audiencia de acción popular”, manifestó Coronado.

El coronel Maximiliano Dávila, exdirector de la FELCN durante el gobierno de Evo Morales, aseguró desde Estados Unidos que fiscales y agentes de la DEA le ofrecieron beneficios judiciales si implicaba a Morales, García Linera y otras exautoridades en casos de narcotráfico. Dávila, extraditado en 2022, mencionó que rechazó la oferta porque “jamás tuvo información que los relacionara con drogas”.

En entrevista con el programa Fama, Poder y Ganas, Dávila afirmó que la presión era parte de un “montaje” de sus abogados de oficio en EEUU, quienes filtraron información a fiscales para forzarlo a declarar contra exautoridades. Uno de los ofrecimientos era enviarlo a protección de testigos y acelerar su liberación si cooperaba, algo que rechazó. “No puedo incriminar a personas que jamás vi vinculadas al narcotráfico”, indicó.

Asimismo, cuestionó la irregularidad de su extradición, señalando que la orden judicial boliviana prohibía entregarlo si había un proceso político. 

Dijo que nunca cometió delitos en Estados Unidos, solo cumplía funciones policiales en Bolivia, y denunció que sus abogados lo “engañaron” para aceptar acuerdos usados en su condena. 

Además, Dávila acusó directamente a la DEA de actuar de manera ilegal en territorio boliviano a pesar de su expulsión en 2008 y afirmó que agentes estadounidenses y locales realizaron actividades encubiertas entre 2020 y 2021 y pidió al Gobierno boliviano revisar su caso, afirmando que no cederá a presiones ni involucrará a inocentes pese a estar detenido más de dos años en condiciones que calificó de injustas. 

Tras su llegada al país – después de participar en la conferencia climática COP30 en Brasil y asistir a la final de la Copa Sudamericana en Paraguay-, Edmand Lara aseguró que no renunciará a la Vicepresidencia ante lo que considera la intención del Gobierno de “reemplazarlo” por el Viceministerio de Coordinación Legislativa.

En la sesión de honor realizada en el municipio de Arani, Lara señaló que no renunciará a su cargo ya que fue elegido “por el pueblo” y no fue designado “a dedo” como el viceministro de Coordinación legislativa, Wilson Santamaría.

“A mí me han elegido democráticamente, no a dedo (…) El capitán Lara no va a renunciar, me ha elegido el pueblo”, aseveró el Vicepresidente.

En esa línea, advirtió que el Viceministerio de Coordinación Legislativa fue creada para “que cumpla mis funciones” y pidió a legisladores, autoridades subnacionales y al “pueblo” no permitir “que vulneren la Constitución” Política del Estado.

“Vamos a luchar, todo es posible cuando hay voluntad. Necesito el respaldo del pueblo, los corruptos no quieren dejar de robar, se han articulado otra vez (…) No nos van a usar de escalera, pedimos lo justo”, señaló.

El Vicepresidente, en ese contexto, poco antes de arribar a Arani, se estrelló contra Wilson Santamaría y le exigió responder por las masacres de Sacaba y Senkata, como las calificó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ocurridas el 2019.

“Tiene que responder por las muertes de Senkata y Sacaba, no puede quedar en la impunidad, vamos a pedir informes de dónde y en qué está ese caso. Les pido a los diputados y senadores de Cochabamba, no se vendan, seguramente van a venir los del Gobierno y les van a ofrecer pegas a sus familiares y a sus hijos”, expresó Lara, según un video difundido por CTV.

Finalmente, Lara respondió a lo expresado por la vocera presidencial, Carla Faval, quien había lamentado que el Vicepresidente haya estado de viaje 6 de los 14 días de gestión que lleva el Gobierno.

“Andan diciendo que no hago nada, he hecho mucho”, señaló Lara a tiempo de asegurar que en sus dos semanas de Vicepresidente se ha reunido con embajadores de China, Japón, la India y otros países.

El abogado Yamil García fue posesionado este lunes como Viceministro de Transparencia, Seguridad Jurídica y Derechos Humanos, dependiente del Ministerio de la Presidencia, tras la reorganización del ex Ministerio de Justicia.

Durante su posesión, García aseguró que su gestión estará enfocada en restituir la independencia del Órgano Judicial, tanto en términos normativos como financieros y presupuestarios. “Esta independencia no solamente debe quedar en texto, sino que se debe trabajar en asegurar la independencia financiera y presupuestaria del Órgano Judicial”, afirmó.

El nuevo viceministro también se comprometió a promover la transparencia, asegurando que se “ponga a la luz todo aquello que estuvo en la oscuridad durante todos estos años” y a establecer reglas claras para garantizar la seguridad jurídica, eliminando prácticas que calificó de arbitrarias como “la lógica del meterle nomás”.

“Cambios necesarios”

Con experiencia en la administración pública, García fue Secretario de Seguridad de la Gobernación de Tarija durante la gestión de Adrián Oliva. Su nombramiento tiene como objetivo, según el presidente Rodrigo Paz, generar vínculos con el sistema de administración de justicia para implementar reformas profundas. “Vamos a apoyar todos los cambios necesarios para que Bolivia entre en el siglo XXI. Estamos en este siglo XXI, pero todavía no hemos entrado al siglo XXI, vivimos con la lógica del siglo XX con una justicia del pasado”, sostuvo el mandatario.

El Viceministerio de Transparencia es uno de los cargos derivados del ex Ministerio de Justicia; aún resta designar al titular del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, Descolonización y Despatriarcalización.

Continuidad de instancias de protección

El flamante viceministro de Transparencia, Seguridad Jurídica y Derechos Humanos, Marcelo Yamil García, afirmó que las instancias de protección de víctimas, como el Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (Sepdavi) continuarán funcionando, ahora bajo la tutela de esta cartera, pues el Ministerio de Justicia ya no existe.

“En relación a las instancias de protección a las víctimas, Sepdavi y otras, están garantizadas, el Estado no va a dejar en desprotección a ninguna víctima y vamos a mantener esos servicios”, dijo García tras su posesión.

El pasado jueves, el presidente Rodrigo Paz anunció el cierre del Ministerio de Justicia, señalando que era una instancia que se dedicaba a “perseguir”. Sin embargo, esta decisión fue cuestionada por la Defensoría del Pueblo, porque varias instancias de protección están bajo tutela de ese despacho.

Instituciones como el Comité Nacional de la Persona con Discapacidad (Conalpedis), Servicio Plurinacional de Defensa Pública (Sepdep), Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (Sepdavi) Servicio Integral de Justicia Plurinacional (Sijplu) y otras que brindan asistencia jurídica, psicológica y social gratuita a personas de recursos limitados o de poblaciones en situación de vulnerabilidad, corrían riesgo de desaparecer, según la Defensoría.

En medio de la polémica entre el binomio de primeros mandatarios, la vocera presidencial Carla Faval observó el tiempo que estuvo el vicepresidente Edmand Lara fuera del país, mientras que el presidente Rodrigo Paz se ha mantenido en territorio nacional para tomar decisiones.  

“De 14 días de gestión, seis el Vicepresidente estuvo fuera. Hubiese sido importante que el Vicepresidente se mantenga en el país para poder dar prioridad a asuntos como lo que pasó en Samaipata y prioridades que ha tenido la población en este momento”, dijo Faval en conferencia de prensa.

Lara viajó la semana pasada a Brasil para la cumbre COP30 y después fue visto en la final de la Copa Sudamericana en Paraguay.

En el caso de Paz, la Vocera destacó que “el presidente no ha abandonado el país, se ha mantenido presente y firme tomando decisiones para poder estabilizarlo”.

Faval confirmó que, cuando llegue Lara al país, habrá una reunión entre el Presidente y Vicepresidente, pero ratificó que el Gobierno no habla mediante TikTok.

“Por TikTok no hablamos, no es serio comunicar al país por TikTok, y esa es la postura que se está manejando”, enfatizó.

La polémica se atizó el fin de semana con videos publicados por Lara en TikTok, donde pidió a Paz apartar al Ministro de Gobierno, por tener casos judiciales pendientes y lo acusó de incumplir sus promesas.

El responsable político del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), Rolando Reynaga, el retorno oficial de la organización política al escenario nacional, asegurando que la sigla contará con personalidad jurídica vigente para participar en las elecciones subnacionales y en los próximos procesos electorales.

Reynaga destacó que el partido volverá a competir con una propuesta orientada a la recuperación democrática y a la ampliación de oportunidades para la ciudadanía.

“El MIR Nueva Mayoría está nuevamente en cancha para pelear por la democracia y para que la gente tenga oportunidad. El legado de Jaime Paz Zamora está más vigente que nunca (…) El MIR está en marcha con personalidad jurídica vigente para participar en las subnacionales como en los próximos procesos electorales”, afirmó.

El dirigente informó que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) entregará la resolución de personalidad jurídica el martes 25 de noviembre, formalizando el regreso de la histórica sigla política.

Consultado sobre la posibilidad de que el partido acoja al presidente Rodrigo Paz, Reynaga expresó respaldo directo:

“Por supuesto que sí, Rodrigo Paz es un gallo”, dijo, aludiendo a la figura del mandatario como un liderazgo con fuerza dentro del escenario político.