Viacha sufre por las dos explosiones de magnitud y Defensa indaga las causas

El gobierno municipal de Viacha declaró tres días de duelo por los fallecidos en las explosiones de un depósito militar en el cuartel Bolívar y para acompañar a las familias de los heridos.

El alcalde de Viacha, Jenry Patzi, lamentó que el municipio no cuente mínimamente con un hospital de segundo nivel para atender a los heridos y con una unidad de bomberos para mitigar este tipo de estragos.

El presidente Rodrigo Paz manifestó: “Expreso mi más profunda solidaridad con las familias de las personas fallecidas, con quienes resultaron heridas y con todos los vecinos afectados por las explosiones registradas en instalaciones del Regimiento Bolívar, en Viacha”.

El vicepresidente Edmand Lara exigió una investigación y pidió no minimizar las explosiones por pirotecnia.

 

Los dos fallecidos y las siete personas desaparecidas son conscriptos del Centro General de Mantenimiento del RAM-2 “Bolívar”. Dos de los 81 heridos se encuentran en estado grave. Continúa la búsqueda entre los escombros y la investigación para establecer las causas de las explosiones.

El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano Urenda, informó que dos personas fallecieron, siete se encuentran desaparecidas y 81 resultaron heridas tras dos detonaciones de consideración registradas esta tarde en el Centro General de Mantenimiento del RAM-2 “Bolívar”, en Viacha.

Justiniano explicó que, de acuerdo con la información preliminar, la primera detonación habría involucrado pólvora negra correspondiente a material pirotécnico almacenado en el lugar. Posteriormente se produjo una segunda explosión, de mucha mayor magnitud, cuyas causas y material involucrado todavía son determinados mediante las pericias especializadas.

El ministro confirmó que los dos fallecidos y las siete personas reportadas como desaparecidas son conscriptos del Centro General de Mantenimiento. Los dos fallecidos ya fueron levantados por el Ministerio Público y serán trasladados a la morgue para la correspondiente autopsia médico-legal.

Respecto de las siete personas desaparecidas, Justiniano señaló que los equipos continúan con la remoción de escombros y la búsqueda en el área afectada. Remarcó que no se especulará con un número adicional de víctimas hasta verificar cada caso de manera oficial.

“Por una cuestión de respeto y de seguridad de lo que estamos haciendo, no vamos a convertir una información preliminar en una cifra oficial hasta concluir con la remoción de los escombros y verificar cada caso”, afirmó.

De las 81 personas heridas, al menos dos se encuentran en estado grave y reciben atención médica. La ministra de Salud realiza seguimiento de la atención y evolución de las personas afectadas en los diferentes hospitales.

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Levantan el bloqueo vial en Yapacaní

Pasadas las 21:00 de este jueves, los bloqueadores de Yapacaní suspendieron su medida de presión en la ruta que une Santa Cruz con Cochabamba. La carretera quedó con promontorios de tierra, por lo que los conductores tuvieron que limpiar la vía para continuar sus viajes, interrumpidos desde el miércoles recién pasado.

Esta jornada, el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, sostuvo una reunión con los dirigentes del sector que reclamaban por la situación del diésel. Tras varias horas de deliberación, se logró un consenso con el sector.

Un grupo de bloqueadores se opuso al acuerdo y pretendían mantener la medida de presión en la ruta.

Finalmente, después de las 21:00, los movilizados que se resistían al acuerdo con el Gobierno dejaron los puntos de bloqueo. Según reportes de medios locales, la maquinaria pesada fue impedida de llegar hasta la zona que estaba con promontorios de tierra, por lo que los conductores tuvieron que usar palas para retirar la tierra y avanzar a sus destinos.

Se conoce que, como parte del acuerdo, la petrolera estatal distribuirá 300.000 litros de diésel a los cuatro surtidores del municipio de Yapacaní.

El ministro agregó que se explicó que los productores tendrán acceso a 2.500 litros de combustible al mes y será una comitiva de control social la encargada de fiscalizar que el diésel se entregue a los usuarios.

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El OEP pone en marcha proceso de reforma electoral

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) y los nueve tribunales electorales departamentales (TED), dieron este miércoles un paso decisivo hacia la reforma electoral boliviana, al definir los pasos de ese proceso en el Encuentro Nacional del Órgano Electoral Plurinacional – Rumbo a la Reforma Electoral 2026.

La jornada permitió evaluar la experiencia de los recientes procesos electorales, identificar las principales fortalezas y dificultades del sistema y establecer las bases para una propuesta de reforma integral, moderna y técnicamente sustentada, informa un artículo publicado en el sitio oficial del TSE, fuentedirecta.

Entre los principales temas identificados están el fortalecimiento de la representación política y la democracia interna de las organizaciones políticas, la administración y justicia electoral, la integridad del padrón electoral, la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas y la eficiencia de la gestión electoral.

Propósito de la reforma

El OEP reafirmó que la reforma debe fortalecer la independencia imparcialidad, transparencia y capacidad técnica de la institución, garantizando el ejercicio de los derechos políticos de la ciudadanía y la integridad de los procesos democráticos.

Asimismo, las propuestas serán construidas sobre la experiencia del TSE y los TED, las lecciones aprendidas de los últimos procesos electorales y las recomendaciones de las misiones de observación electoral nacionales e internacionales.

El proceso incorporará además los enfoques de derechos humanos, igualdad de género e interculturalidad.

Talleres en cada departamento

Como parte de la hoja de ruta hacia reforma, el OEP realizará nueve talleres departamentales para ampliar el diálogo y recoger propuestas de organizaciones políticas, de la sociedad civil, naciones y pueblos indígena originario campesinos, instituciones académicas y otros sectores de la sociedad.

El objetivo de esos encuentros es que la futura reforma responda tanto a estándares nacionales comunes como a las particularidades territoriales, sociales, culturales y políticas de los nueve departamentos.

El TSE anunció que presentará posteriormente una propuesta integral de reforma electoral, resultado de este proceso de diálogo, análisis técnico y construcción colectiva.

La institución dará a conocer el próximo martes 8 de septiembre, en la ciudad de La Paz, el cronograma de los nueve talleres departamentales.

Con este proceso, el Órgano Electoral Plurinacional abre formalmente el debate nacional para actualizar las reglas electorales y fortalecer la democracia boliviana, con una propuesta construida desde la experiencia institucional y con participación de los diferentes sectores del país.

La realización del evento en Tiquipaya fue posible gracias al apoyo de la Unión Europea, mediante el Centro Europeo De Apoyo Electoral en Bolivia.

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Diésel: confirman bloqueos viales en 3 municipios cruceños

Para este miércoles 2 de septiembre, se anunciaron bloqueos en los municipios de Yapacaní, San Julián y Cuatro Cañadas, en el departamento de Santa Cruz, en rechazo al Decreto Supremo 5676 que elimina la subvención del diésel a quienes consumen más de 120 litros por mes.

El bloqueo en Cuatro Cañadas es promovido por la Federación Sindical de Comunidades Interculturales de productores agropecuarios de este municipio. “Conforme (con) la resolución asumida por el sector, desde las 00:00 horas del miércoles 2 de septiembre de 2026 se desarrollará una medida de presión de 24 horas consistente en el bloqueo y cierre temporal de carreteras determinado por las organizaciones productivas”, indica el instructivo.

En San Julián, organizaciones sociales junto con el alcalde de este municipio, Carlos Vaca, tras un ampliado el pasado sábado, anunciaron una medida similar.

Los dirigentes denunciaron afectaciones a los pequeños productores en plena campaña de cosecha de invierno de girasol y sorgo y expusieron que uno de los principales cuestionamientos es el límite de 120 litros mensuales de combustible al precio subvencionado.

“Como autoridad también nos ponemos al lado del pueblo”, señaló el alcalde Vaca al confirmar el bloqueo, que se cumplirá por 24 horas.

En el municipio de Yapacaní, los interculturales anunciaron que también iniciarán un bloqueo en el puente que une Santa Cruz con Cochabamba, en rechazo al decreto del diésel.

Señalan que, tras un anterior diálogo con autoridades nacionales, otorgaron 48 horas para la abrogación de esa norma, plazo que concluyó sin respuesta favorable. Por ello, decidieron retomar las medidas de presión.

Por parte del Gobierno, el presidente Rodrigo Paz indicó que el decreto puede modificarse, pero no dejarse sin efecto.

Estas medidas de presión se anuncian en medio del Estado de excepción, que está vigente desde el 20 de junio, que prohíbe cualquier tipo de bloqueo o manifestación que perjudique el libre tránsito de personas en las carreteras.

 

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Paz propone realizar reformas parciales a la Constitución

El presidente Rodrigo Paz manifestó este lunes, en Santa Cruz de la Sierra, su apertura para realizar modificaciones “claves” en la Constitución Política del Estado, de manera rápida con dos tercios de la Asamblea Legislativa y reconoció que una gran reforma requeriría un proceso más largo.

El primer mandatario se pronunció en referencia a la propuesta de reforma constitucional que presentó el expresidente Jorge Tuto Quiroga, quien abogó por modificar la Constitución principalmente para quitar el candado a las inversiones.

Paz planteó “reformas constitucionales, pero claves”.

“Dos, tres, cuatro reformas, ahora (…)  teniendo dos tercios en el Parlamento se puede hacer eso rapidito”, dijo, y agregó que “cuando haya que hacer las grandes reformas, eso ya son procesos más largos”.

 

Según la Carta Magna, las reformas parciales se pueden hacer mediante ley aprobada por dos tercios, y referendo aprobatorio, mientras que reformas de fondo requieren de una asamblea constituyente.

Leyes para obras

En otro planteamiento a la Asamblea Legislativa, el presidente pidió aprobar las leyes que permitirán realizar obras.

“Si no quieren estar a favor del presidente, no tengo ningún problema, pero aprueben las leyes que el día de mañana llevarán obras a su pueblo, a sus regiones”, dijo durante el acto realizado en Santa Cruz.

El presidente rechazó la actitud de parlamentarios que se niegan a aprobar leyes que permitirán financiamiento para la protección social y respaldar el sistema financiero, generado estabilidad para el dólar.

En ese marco, hizo un llamado a los gobernadores y alcaldes para “hacer una sola fuerza” y que las brigadas parlamentarias puedan aprobar esas leyes en beneficio de las regiones.

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Policía alista el traslado de Cerimedo a Chonchocoro por segunda detención

La Policía Departamental de La Paz informó ayer que alista el traslado del exasesor presidencial Fernando Cerimedo del penal de Palmasola de Santa Cruz a Chonchocoro en La Paz como consecuencia de la segunda orden de detención que la justicia boliviana dictó el sábado por el caso de presunto enriquecimiento ilícito con afectación al Estado.

El subcomandante departamental de La Paz, Martín Gálvez, informó ayer que la Policía Boliviana ya tomó los recaudos necesarios para garantizar el traslado de Fernando Cerimedo. “Se están tomando los recaudos necesarios” y el Comando Departamental está previendo “colaborar con las cápsulas de traslado que se van a necesitar”, reportó la Red DTV.

Sin embargo, Gálvez aclaró que todavía no existe una fecha definida para el traslado. “Estamos esperando todavía que haya algún resultado y que se genere un plan de operaciones para que nosotros podamos actuar oportunamente”, señaló. Aseguró que la institución informará cuando dicho plan esté establecido: “Oportunamente vamos a informar una vez que tengamos dicho plan”.

La defensa de Fernando Cerimedo anunció que apelará la detención en el penal de máxima seguridad de Chonchoro por los problemas de salud de su cliente y espera que el imputado se mantengan en la cárcel ubicada en Santa Cruz.

 

El exasesor y estratega de la campaña de segunda vuelta de Rodrigo Paz enfrenta cuatro procesos, dos con orden de detención preventiva por la tentativa de feminicidio de su expareja Nadia Beller y el otro por enriquecimiento ilícito y legitimación de ganancias ilícitas.

Fiscal general

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, rechazó la versión de la defensa de Fernando Cerimedo, que calificó las investigaciones derivadas del atentad0 contra Nadia Beller como parte de un supuesto “golpe de Estado” e intento de desestabilización del Gobierno de Rodrigo Paz.

“Enfáticamente rechazamos dicha aseveración irresponsable y sin pruebas”, afirmó Mariaca, al señalar que el intento de feminicidi0 no fue provocado por el Ministerio Público ni por el presidente.

 

El fiscal general explicó que, a partir de los indicios reunidos y de la declaración de la víctima, se abrieron y ampliaron investigaciones por violencia familiar, presunto enriquecimiento ilícito, falsedad ideológica y posibles hechos vinculados al narcotráfico en el departamento del Beni.

 

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Intervención policial-militar despeja vía Santa Cruz-Beni

La intervención de la Policía y las Fuerzas Armadas, realizada este jueves al final de la tarde, permitió despejar el bloqueo en el sector del puente San Pablo, en la carretera Santa Cruz-Beni, y restablecer el tránsito vehicular.

Con el uso de agentes químicos, los uniformados lograron retirar los promontorios de tierra y troncos instalados por productores de la provincia Marbán desde el miércoles 26 de agosto.

Durante la intervención, se reportó al menos un soldado herido en el rostro, producto del impacto de una piedra en el rostro, mientras que tres personas del sector movilizado fueron arrestadas.

Cerca de las 18.00, la Policía y las Fuerzas Armadas lograron tomar el control del sector, lo que permitió que los vehículos afectados por el bloqueo pudieran transitar con normalidad y llegar a sus destinos.

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Paz niega cualquier vínculo de su Gobierno con Cerimedo

Fernando Cerimedo fue el estratega de la campaña electoral de Rodrigo Paz Pereira para la segunda vuelta electoral, pero “nunca hubo (con él) una relación de trabajo directa como la que se puede llevar adelante con ministros, viceministros, delegados presidenciales”, declaró este miércoles el presidente del Estado, en un video publicado en sus redes sociales.

Es la primera vez que el presidente se refiere de manera pública al caso del asesor político argentino detenido en el penal de Palmasola en el marco del proceso penal que se sigue por la supuesta comisión de intento de feminicidio.

Paz Pereira señaló que después de su triunfo electoral, Cerimedo cooperó durante la etapa inicial del Gobierno. Sin embargo, aclaró que, debido a su actividad internacional y a su presencia intermitente en Bolivia, no existió una relación contractual entre el Estado y él.

“El señor Cerimedo jamás tuvo la autorización de representar a este boliviano, a la Presidencia, al Gobierno o a mi familia”, manifestó, antes de explicar que las representaciones institucionales corresponden a autoridades que cuentan con un mandato funcional.

Valores familiares

El jefe de Estado también se refirió a su familia y destacó los valores sobre los que fue construida. “Somos familia de valores cristianos, una familia que se construye creyendo en la patria. Somos una familia que respetamos al prójimo. Somos una familia que vivimos bajo el concepto de la solidaridad y bajo el concepto de la prosperidad de la comunidad”, señaló.

En ese contexto, rechazó que los escándalos puedan ser utilizados para afectar a su entorno familiar y reafirmó su compromiso con la transparencia. “Por eso no puede ser que generando escándalos quieran dañar nuestra forma de convivencia y de comportamiento”, sostuvo.

Investigaciones transparentes

El presidente del Estado Rodrigo Paz Pereira afirmó que el Gobierno otorgó todas las garantías para que las investigaciones sobre el intento de feminicidio a Nadia Beller ocurrido en Santa Cruz sea realicen en el marco de la corrección.

“Pedí a la Policía (Boliviana) que genere todas las investigaciones pertinentes a la justicia y, como Ejecutivo nacional, como cabeza del Ejecutivo, dimos todas las garantías para que las investigaciones sean transparentes, sean pulcras y que sean en la búsqueda de la verdad para todos los bolivianos”, sostuvo el primer mandatario.

Además, señaló que la investigación debe establecer las circunstancias y hechos relacionados con la pareja involucrada en el caso. En ese marco, reafirmó su defensa de procesos sustentados en elementos objetivos.

“Por eso soy el primero, el primero en defender en nuestra democracia la transparencia de los procesos de investigación, no sobre escándalos, sino sobre pruebas. El escándalo no es una prueba”, enfatizó.

“Son momentos difíciles”

Finalmente, Paz llamó a los bolivianos a mantener la unidad y trabajar por la recuperación del país, ante el complejo escenario económico. “Los bolivianos queremos salir adelante, los bolivianos queremos prosperar”, afirmó, al destacar la necesidad de avanzar en la aprobación y aplicación de leyes y reformas que permitan cambiar el destino del país.

“Son momentos difíciles porque nos dejaron un país difícil de llevar adelante con una economía muy compleja. Pero vamos a salir adelante. Vamos a salir adelante porque entre todos vamos a poner el hombro con nuestra fe en Dios, con nuestra fe en la patria, pero sobre todo con nuestra fe en cada familia que quiere salir y progresar en Bolivia. Fuerza Bolivia”, concluyó.

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Evistas tratan de reactivar trámite para su partido

El evismo ha presentado ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) un recurso extraordinario de revisión, con el cual pretende reactivar su trámite de otorgación de personalidad jurídica para su sigla E-Pueblo.

En concreto, con el recurse se pretende que el TSE anule una resolución de diciembre de 2025, mediante la cual decidió rechazar la otorgación de la personalidad jurídica.

El argumento del evismo consiste en que supuestamente el Tribunal no cumplió sus mismos plazos para emitir informes, por lo cual la resolución de rechazo debería ser nula.

El abogado Marcelo Galván, representante del equipo jurídico de Evo Pueblo, explicó que se presentó un recurso extraordinario para que se rechace la resolución que deja sin personería jurídica a Evo Pueblo debido a incumplimiento de plazos e irregularidades en el proceso.

 

‎‎El jurista indicó que se subsanaron todas las observaciones e incluso se cambió el nombre de Evo Pueblo a E. Pueblo. Esperan la respuesta por parte del TSE en un plazo de 15 días, caso contrario se recurrirá a la justicia constitucional.

Recordó que por esa vía la Falange Socialista Boliviana y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria recobraron sus personerías jurídicas.

Explicó que, de aprobarse su trámite, E-Pueblo recién estaría habilitado a recolectar las firmas necesarias para lograr su sigla. Adelantó que pretende hacer el proceso mediante registro biométrico.

E-Pueblo es la sigla que propuso el evismo al TSE, debido a que la denominación de Evo Pueblo fue rechazada al hacer alusión a una persona.

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Un proyecto de ley busca reglamentar la eutanasia en Bolivia

La regulación de la eutanasia y el acceso universal a la muerte digna ingresaron en forma oficial al debate del escenario político en Bolivia, después de que el diputado Diego Brañez (APB-Súmate) presentara el proyecto denominado “Ley de cuidados paliativos, muerte digna y eutanasia” ante la Cámara de Diputados. 

La iniciativa surge por un argumento de impacto. De acuerdo con el proyectista, en el país hay procedimientos clandestinos de eutanasia que ocurren a la sombra del sistema que rige en el país.  

Urgencia 

El impulsor de la norma justificó la urgencia de la ley en cuestión luego de alertar sobre la existencia de un mercado ilegal de la eutanasia en clínicas y hogares. Según Brañez, la prohibición no frena la práctica, sino que empuja a las familias y a médicos de confianza a pactar en forma oculta la aplicación de dosis elevadas de sedantes para acelerar el deceso piadoso. 

“Se practica la eutanasia ilegal en nuestro país”, aseguró Brañez cuando defendía la necesidad de regularizar esta situación sin dar evidencia de los casos. Al carecer de un marco legal, estas acciones se realizan sin fiscalización estatal, de manera insegura y bajo el temor constante a la persecución penal.  No obstante, Brañez aclaró que “la meta de la propuesta de ley no es la muerte”, sino que se trata del hecho de “morir con dignidad y sin dolor”, como un derecho y no un delito. También aclaró que el paciente afectado por una enfermedad terminal tiene el derecho a recibir cuidados paliativos antes de decidir por sí mismo su muerte asistida y legalizada.  

Propuesta 

El proyecto de ley introduce varias disposiciones que ya empezaron a levantar fuertes controversias éticas, médicas y jurídicas en el país. El punto más sensible de la propuesta exige modificar el artículo 257 del Código Penal, referente al homicidio piadoso. El proyecto busca eximir por completo de sanciones a los médicos que ejecuten la eutanasia.  Críticos de sectores jurídicos advierten de que esto podría abrir una ventana peligrosa a la impunidad en caso de que falle el control. En cuanto a la obligación institucional sobre los hospitales, aunque la ley garantiza el derecho a la objeción de conciencia para que ningún médico sea obligado a actuar en contra de sus creencias, impone un candado polémico. 

Las clínicas y hospitales tienen prohibido declararse objetores. Si un médico se niega, el centro de salud está obligado por ley a reemplazarlo en un plazo máximo de 48 horas, lo que genera rechazo en instituciones médicas de convenio o con principios religiosos. 

Mientras gremios como el Colegio Médico cuestionan que se debata la muerte asistida en un sistema sanitario con carencias estructurales, sectores de oposición afirman que la pobreza extrema en el país podría presionar a las familias de escasos recursos a optar por la eutanasia gratuita antes que enfrentar deudas impagables por tratamientos médicos que requieran de plazos largos. 

El corazón de esta propuesta consiste en crear un marco integral para el fin de la vida. El texto no ofrece la eutanasia como primera opción, sino como un último recurso médico. El proyecto exige al Estado la creación de una red nacional de cuidados paliativos de carácter gratuito y universal a través del Sistema Único de Salud (SUS), un sistema que ingresará a una reforma profunda para transformarse en el Seguro Integral de Salud (SIS), de acuerdo con anuncios de autoridades del Ejecutivo.   

De esta manera, el sistema público deberá asegurar medicamentos contra el dolor y apoyo psicológico a toda persona con diagnósticos médicos irreversibles, y no solo a pacientes con problemas de cáncer. Cuando la medicina paliativa resulte insuficiente para mitigar el sufrimiento físico o psicológico, se podrá activar el protocolo de una muerte digna.  

El paciente mayor de edad  boliviano o extranjero con un año de residencia legal podrá solicitar. 

 

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