Bolivia recibirá a Tailandia por la Copa Davis 2024

Bolivia recibirá a Tailandia en febrero de 2024 por los play-offs del Grupo Mundial II de la Copa Davis, según determinó el sorteo que se realizó ayer en Londres, Inglaterra.

La selección que se imponga ascenderá al Grupo Mundial II, donde se enfrentará con una de las 12 perdedoras de los play-offs del Grupo Mundial I.

 

Fue la Federación Internacional de Tenis (ITF, por sus siglas en inglés) la que llevó adelante el sorteo de los play-offs del Grupo Mundial I y II con 48 selecciones (24 por serie).

Bolivia volverá a enfrentarse a los tailandeses, pero esta vez será en territorio nacional ya que en septiembre de 2022, se jugó en Asia, donde los locales ganaron por 3-1 en el Grupo II.

Está previsto que los partidos se jueguen entre el 2 y 4 de febrero. La Federación Boliviana de Tenis (FBT) debe definir las fechas, la sede de los partidos y la superficie de la cancha.

Bolivia se enfrentará a Tailandia después de quedarse con una de las tres plazas de ascenso que hubo en el Grupo III de la Zona Americana que se llevó a cabo en junio pasado en Asunción, Paraguay, donde salió subcampeón.

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Siles afirma que encontró una Procuraduría descuidada, cerrada y hermética; anuncia su descongestionamiento

El procurador general del Estado, César Siles, ofreció este jueves una conferencia de prensa en la que dio detalles de cómo encontró esa instancia estatal tras la salida de Wilfredo Chávez.

“En realidad, toda la parte transversal de la Procuraduría ha sido bastante descuidada, cuando la parte transversal es importante y trascendental para el éxito del trabajo”, señaló el actual Procurador.

 

Siles asumió el cargo de Procurador en lugar de Wilfredo Chávez a inicios de septiembre. Éste último, ahora, volvió a asumir como abogado del jefe del Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales.

La autoridad, en ese sentido, observó principalmente que en encontró a una Procuraduría “muy cerrada y hermética”.

“Encontramos una Procuraduría muy cerrada y hermética; a partir de hoy tendrán una Procuraduría de cara al pueblo, al debate y al sufragio público”, dijo en su primera conferencia de prensa como titular de esa cartera.

En ese sentido, Siles también anunció un ajuste en estructura de la PGE, porque se ha constatado una “superposición”, “colisión” y “duplicidad” de funciones, no solamente a nivel interno, sino también respecto a otras identidades del estado, como la Contraloría, el Ministerio de Justicia y hasta el Ministerio Público.

Según Siles, tampoco las direcciones departamentales de la PGE han cumplido el “rol decisivo” que deberían tener, de acuerdo con sus competencias.

“Tenemos que descongestionar procesalmente a la misma Procuraduría; tenemos que tener criterios de intervención más sólidos y más transparentes”, afirmó Siles.

Además, en el acto presentó a los tres subprocuradores interinos de Defensa y Representación Legal del Estado, Sidney Morales; de Supervisión e Intervención, Iván Córdoba, y de Competencia, Aldo Torres.

Procesos

El Procurador General del Estado detalló que en la subprocuraduría 1, de Defensa y Representación Legal del Estado, existen actualmente un portafolio de 111 casos, entre peticiones, acuerdos de solución amistosa y medidas cautelares.

Además, informó de siete sentencias que se encuentran en etapa de supervisión; dos sentencias que fueron cumplidas por el Estado boliviano y tres opiniones consultivas. Eso, únicamente, en el sistema interamericano de protección de derechos humanos.

“En el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos tenemos pendientes siete solicitudes”, agregó Siles.

Señaló que, en temas arbitrales, hay nueve casos activos: cinco arbitrajes comerciales y cuatro emergentes de las denuncias presentada por Bolivia a tratados bilaterales de inversiones.

“Hemos previsto generar un Consejo de Asistencia para la Defensa Arbitral, con una función de elaborar estrategias y lineamientos para la etapa conciliatoria tanto procesos de arbitraje en materia comercial como materia de inversión”, planteó Siles.

En cuanto a la subprocuraduría 2, de Supervisión e Intervención, se encontraron 550 procesos penales, civiles, coactivos, contenciosos y contenciosos administrativos, a nivel nacional, “en los que la misma Procuraduría es una de las partes procesales”.

Pero además informó de otros 263 casos, a escala nacional, en procesos de supervisión donde “la procuraduría realiza seguimiento o patrocinio”, aunque señaló que la participación de la Procuraduría en estos últimos genera muchas dudas.

“Hemos encontrado en esta área de competencia una Procuraduría con intervenciones que generan muchas dudas y susceptibilidades. Queremos a partir de ahora una Procuraduría transparente, priorizando el rol constitucional de supervisión”, aclaró.

Finalmente, sobre la tercera subprocuraduría, de Asesoramiento, Intervención y producción normativa, informó que ese despacho emitió dos dictámenes en 2023, además de 145 recordatorios y 32 recomendaciones.

“Nos parece insuficiente (esa producción) para lo que va del año. Queremos activar en esta área la iniciativa y producción legislativa en el marco competencial de la Procuraduría”, reclamó.

Adelantó que desde esas tres oficinas se plantearán modificaciones a la legislatura “que no se ha tocado desde 2009 (cuando entró en vigencia la Constitución Política del Estado vigente).

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Caso Dani Alves: La Audiencia rechaza que las patronales del ocio sean acusación popular

La Audiencia de Barcelona ha desestimado el recurso interpuesto por la Fecasarm y la patronal estatal de ocio nocturno para personarse como acusación popular en la causa contra el exjugador del Barça Dani Alves, por presuntamente haber agredido sexualmente a una joven el pasado 30 de diciembre en una discoteca de Barcelona.

En una resolución, la sección tercera de la Audiencia de Barcelona desestima el recurso de apelación de las patronales catalana y estatal de ocio nocturno contra el auto del juzgado de Instrucción 15 de Barcelona de febrero de 2023, que ya denegaba a Fecasarm y a SPAIN NIGHTLIFE poder ser acusación popular en esta causa, a lo que también se oponían tanto el ministerio fiscal como los abogados del jugador brasileño.

 

En su recurso de apelación, las dos patronales aducían un interés legítimo para ser parte en este proceso penal con el objetivo de “proteger la imagen y prestigio del sector del ocio nocturno y el de sus clientes”, ya que los hechos investigados se produjeron en el interior de una discoteca, así como para “evitar casos similares en el futuro”.

Sin embargo, la sección tercera de la Audiencia de Barcelona rebate en su auto ambas motivaciones de las patronales para sustentar su legitimidad en la causa judicial que se sigue contra Alves, en prisión preventiva desde el pasado 20 de enero en el centro penitenciario Brians 2.

“La reputación y la imagen o prestigio del sector empresarial del ocio nocturno no estarían cuestionados o no sería necesaria la intervención como parte para preservar lo que no está en peligro”, argumenta el tribunal en su resolución, tras destacar además que “en ningún momento se ha cuestionado la actuación de las personas que lo hicieron en nombre del establecimiento, tanto en la atención de la víctima como en el seguimiento de protocolos”.

Asimismo, para la sala, el hecho de que la presunta agresión sexual se hubiera cometido en el interior de una discoteca es “circunstancial”, puesto que “se producen continuamente hechos similares en lugares muy diferentes y dispares”.

De esta manera, la Audiencia de Barcelona entiende que un proceso penal “no es un espacio adecuado ni, por lo tanto, legítimo, para conseguir la preservación de la reputación y de la imagen del sector empresarial del ocio nocturno, con base en un hecho del todo circunstancial”.

El auto recalca así que este fin puede ser satisfecho en otros ámbitos, por lo que la “preservación” de la reputación e imagen del sector empresarial del ocio nocturno “no es, en este caso concreto, un interés legítimo y personal” que pueda justificar el ejercicio de la acusación popular.

El tribunal también rechaza la otra motivación de los empresarios, la de “evitar” que se produzcan hechos similares en el futuro, ya que no puede establecerse “ninguna relación directa” entre la prevención de los delitos contra la libertad sexual y la intervención del empresariado del ocio nocturno como acusador popular en este proceso penal.

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