Las ciudades argentinas de Rosario y Mendoza atraviesan una ola de crímenes ligada al narcoterrorismo. Ante esta situación las autoridades locales y nacionales emprendieron operativos para contrarrestar las acciones delincuenciales. 

Luego de cuatro asesinatos a manos de sicarios, la ciudad de Rosario provincia Santa Fe se encuentra paralizada: diversos sectores decidieron realizar medidas de fuerza, como precaución ante la inseguridad y para reclamar protección frente a la avanzada de la violencia narco.

En las últimas horas se vieron afectadas la circulación de colectivos, la atención en las estaciones de servicio, la atención en centros de salud y las clases en escuelas públicas; también en horario nocturno se suspendieron el servicio de taxis y la recolección de residuos.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich informó que la provincia de Buenos Aires se suma a la lucha contra el narcoterrorismo en Rosario, aportando vehículos, drones, helicópteros y otros medios logísticos.

“Estamos estudiando el envío de personal de Fuerzas Especiales de la provincia para que ayuden a superar la crisis que está sufriendo Santa Fe”, escribió en su cuenta de X.

Mendoza

En la ciudad de Mendoza de la provincia del mismo nombre, la Policía desplegó en el barrio Campo Papa, una histórica zona narco al oeste de Godoy Cruz, un megaoperativo en el que participaron cerca de 800 efectivos que ejecutaron alrededor de 40 allanamientos en busca de “armas, drogas y delincuentes”, indicaron fuentes del Gobierno provincial a Infobae.

El objetivo de los allanamientos no fue ninguna organización o jefe narco o criminal en particular, sino la desarticulación de kioscos de venta de droga, con 30 órdenes de allanamiento de la Justicia, en un operativo.

El barrio Campo Papa es un territorio con larga historia en las crónicas narco mendocinas, con más de una década de allanamientos, con varios homicidios cometidos en la década pasada.

El primer ministro de Haití, Ariel Henry, aceptó renunciar al cargo después de semanas de creciente presión y aumento de la violencia en la empobrecida nación caribeña.

La decisión se tomó tras una reunión de líderes regionales en Jamaica este lunes, para discutir una transición política en Haití.

Lo anunció el presidente de la Comunidad del Caribe (Caricom), Irfaan Ali, durante una rueda de prensa organizada tras la reunión en Jamaica sobre el país atormentado por la violencia de las pandillas y en medio de una crisis de gobierno.

“Tomamos nota de la dimisión del primer ministro Ariel Henry”, afirmó Mohamed Irfaan Ali, anunciando un “acuerdo para un gobierno de transición que allanará el camino para una transición pacífica del poder”.

En un discurso grabado difundido durante la noche, tras haber dimitido, el Primer Ministro reconoció que el país necesita “estabilidad” y “paz”.

“Mi gobierno se marchará inmediatamente después de la inauguración del Consejo. Seremos un gobierno interino hasta que nombren un primer ministro y un nuevo gabinete”, dijo.

Henry fue primer ministro durante el periodo más largo desde que se adoptó la Constitución de Haití en 1987. El político, que lleva una semana en Puerto Rico, no pudo regresar al país porque bandas criminales cerraron los principales aeropuertos de Haití y le impidieron aterrizar en República Dominicana.

Haití no ha celebrado elecciones desde 2016. A principios de este mes, las pandillas que controlan gran parte del país lanzaron una serie de ataques contra sitios estratégicos en la capital, Puerto Príncipe, como la sede de la presidencia, el aeropuerto y las prisiones, exigiendo la dimisión de Henry.

La renuncia anunciada por el Primer Ministro allanó el camino para el establecimiento de un Consejo Presidencial de Transición en Haití, compuesto por siete miembros votantes y dos observadores que representan a las fuerzas políticas, sociales y religiosas del país.

Este organismo, que goza de poderes constitucionales, tendrá como principal tarea organizar las elecciones presidenciales y legislativas lo antes posible.

La creación del Consejo, que se examina desde hace algún tiempo, se oficializó el final de la cumbre organizada en Kingston por la Caricom, en presencia del secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, que la consideró fundamental en el proceso de retorno a la normalidad institucional en Haití.

Los participantes del encuentro coincidieron en que los partidos haitianos deben concebir y gestionar un proyecto que conduzca a una reconstrucción política e institucional del país.

Por ello, además de Blinken y los líderes caribeños, en la cumbre participaron representantes de países de la región, la ONU, Canadá, Brasil, Francia y México. El acto fue seguido también online por los primeros ministros de Canadá y Kenia y el presidente de Benín, que contribuirá a la misión multinacional de apoyo a la seguridad (MMAS) para Haití.

El presidente de Caricom y Guyana, Irfaan Ali, confirmó que se ha evocado un plan a largo plazo para la reconstrucción de Haití, con ideas que serán presentadas a los haitianos.

Los trabajos fueron resumidos por Blinken quien, después de haber cifrado las asignaciones para el futuro haitiano en 300 millones de dólares, recordó los tres puntos en los que todos están llamados a trabajar para la transición: 1) La creación de un consejo presidencial: 2) La intervención de la misión multinacional encabezada por Kenia, y 3) El fortalecimiento de la policía, requisito previo para la celebración de elecciones generales.

Fuentes de la cumbre indicaron que los nombres de las personalidades que se incorporarán al Consejo, un órgano “independiente e integrador”, serán anunciados “en las próximas 48 horas”, por los partidos llamados a formar parte del mismo.

También están invitadas a participar la comunidad religiosa y las organizaciones de la sociedad civil haitiana, teniendo cada una un representante con capacidad consultiva u observadora.

En tanto, el presidente de la Conferencia Episcopal de Haití, Max Leroy Mésidor, afirmó que el país caribeño se desliza “peligrosamente hacia la guerra civil” debido al control cada vez más estricto del territorio por parte de bandas criminales y al rápido empeoramiento de la seguridad.

“La policía haitiana es impotente frente a las bandas bien armadas que se han convertido en un ejército organizado”, escribió en un comunicado.

El arzobispo de Puerto Príncipe también denunció que la Iglesia católica se ha convertido en uno de los objetivos de secuestros para pedir rescate, subrayando que la vida se ha vuelto extremadamente peligrosa para los obispos haitianos, especialmente en zonas controladas por bandas criminales, como la capital, Puerto Príncipe.

“No puedo visitar dos tercios de mi diócesis porque las carreteras están bloqueadas”, afirmó, y agregó que a pesar de las dificultades y los peligros, la Iglesia haitiana continúa su trabajo mostrando una gran resistencia.

“Nuestro pueblo quiere vivir y la principal misión de la Iglesia en Haití es mantener viva la esperanza”, afirmó.

“No es fácil, pero tratamos de trabajar porque debemos llevar nuestra cruz y seguir a Cristo, especialmente en este tiempo de Cuaresma”, concluyó. (ANSA).