El precio del pan de batalla en Bs 0.50 está plenamente vigente y garantizado, por un acuerdo con los panificadores y el control en el 70% de su estructura de costos, informó el viceministro de Comercio Interno y Logística Interna, Grover Lacoa

El viceministro de Comercio Interno y Logística Interna, Grover Lacoa, respondió así al anuncio del dirigente de los panificadores Dandy Mallea, quien advirtió que, de subir el costo de los pasajes, se incrementará el precio de la unidad del pan de batalla.

El precio del pan de batalla en Bs 0.50 está plenamente vigente y garantizado, por un acuerdo con los panificadores y el control en el 70% de su estructura de costos, informó el viceministro de Comercio Interno y Logística Interna, Grover Lacoa.

La posición surge en respuesta al anuncio del dirigente de los panificadores Dandy Mallea, quien advirtió que, de subir el costo de los pasajes, se incrementará el precio de la unidad del pan de batalla.

“No observamos ninguna razón valedera para que ningún dirigente del sector panificador pueda cuestionar este acuerdo y pretenda azuzar las agua para buscar un posible incremento en el precio del pan, porque su estructura de costos, que la tenemos plenamente identificada, está completamente controlada”, afirmó.

La estatal Empresa de Apoyo a la producción de Alimentos (Emapa) entrega a los panificadores harina a precio subvencionado. A la fecha, entregó 667.192 quintales de harina a los panificadores de Cochabamba, La Paz, El Alto, Beni, Sucre, Potosí y Oruro a un precio subvencionado de Bs 136 a las tres primeras regiones y a Bs 123 a las demás.

El Gobierno y la Confederación Nacional de Panificadores de Bolivia acordaron en enero garantizar el precio del pan de batalla en Bs 0,50, como resultado de un convenio para la provisión subvencionada de harina de trigo durante 2024.

Sobre el azúcar, otro insumo importante en la elaboración del pan, Lacoa informó que tiene un precio “expectante”, para el sector.

“Con estos insumos, que son básicamente la harina y el azúcar, estamos garantizando que más del 70% de la estructura de costos del pan se mantenga completamente inalterable”, insistió en conferencia de prensa junto al gerente de Emapa, Franklin Flores.

La Confederación de Gremiales de Bolivia, luego de un ampliado nacional realizado ayer en Tarija, dio un plazo de 72 horas al Gobierno para que abrogue el Decreto Supremo 5143 que busca regular la situación de Derechos Reales (DDRR), dar una solución definitiva a la escasez de dólares y retiro del proyecto de Ley 145/2023. Si no atienden sus demandas, han advertido con medidas de presión de manera escalonada a partir del viernes, según el diario chapaco El País.

El ejecutivo de la Confederación de Gremiales de Bolivia, Jesús Cahuana Maren, detalló que las 72 horas se cumplen el jueves y, en caso de no haber una respuesta positiva por parte del Gobierno, empezarán con movilizaciones a partir del viernes en los departamentos del eje central y escalonadamente se replicará en el resto de las regiones.

De no ser atendidas las demandas del sector gremial, tendrán como respuesta marchas a partir del viernes en las tres principales ciudades del eje troncal del país, al igual que Oruro.

Posteriormente, estas marchas se masificarán en otros puntos del país en caso de no haber respuesta y, de continuar el mismo escenario, se radicalizarán las medidas con bloqueos en diferentes rutas del país; no obstante, esto será analizado en un nuevo ampliado de evaluación que se llevará adelante el 24 de mayo.

“Los otros departamentos marcharán después escalonadamente”, remarcó.

“No descartamos otro tipo de movilizaciones”, manifestó el dirigente alteño Antonio Siñani, apoyado por otros miembros de la Confederación que llegaron hasta Tarija para participar del encuentro, según reporte de Unitel. 

Más preocupaciones

Antes del inicio del ampliado nacional, el secretario ejecutivo de la Confederación de Trabajadores Gremiales de Bolivia, Jesús Cahuana, había expresado el rechazo a esa norma y que el sector se encuentra en estado de emergencia.

Minutos más tarde, en una marcha por la plaza central de la ciudad de Tarija, los gremialistas repudiaron enérgicamente la normativa. 

Al sector también le preocupa la escasez de dólares en el mercado financiero. “Estamos exigiendo al Gobierno que solucione la falta de esta divisa porque ya surgen amenazas de las panaderías de subir el precio del pan, el aumento de los repuestos y otros productos a causa de la mala gestión”, expresó Siñani.

El decreto está en manos del TCP

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) tiene en sus manos la decisión sobre la constitucionalidad o no del Decreto Supremo 5143 de Derechos Reales promulgado por el presidente Luis Arce y resistido por varios sectores políticos, sociales y empresariales y que se ha convertido en otro tema conflictivo dentro de la pugna política entre “arcistas”, por un lado, y “evistas” y opositores de CC y Creemos, por el otro, según reporte del diario Correo del Sur.

El documento fue firmado por ambas partes al promediar las 08:30 de este martes. Los pobladores y productores de la zona de Mairana en Santa Cruz iniciaron el bloqueo hace dos días en demanda de combustible.

Los productores agrícolas levantaron el bloqueo en la ruta antigua entre Santa Cruz y Cochabamba tras firmar un acuerdo con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

Desde la ANH, según Unitel, indicaron que no se fijó un cupo máximo de 120 litros de combustible para los agrícolas.

Según el documento firmado, los productores deberán cumplir una serie de requisitos, mismos que fueron flexibilizados, para poder acceder a más de 120 litros.

Las dirigencias de las organizaciones que sostenían la medida de presión se mostraron conformes con el acuerdo y pidieron disculpas a toda la población que resultó afectada durante las jornadas de bloqueo.

“Inicialmente disculparnos con la población afectada y también agradecer a todos mis compañeros de los movimientos sociales. (Con este acuerdo) estamos levantando los bloqueos”, indicó uno de los dirigentes de los productores agrícolas.

Pobladores de los municipios de Samaipata y Mairana tomaron la determinación de bloquear la carretera para exigir a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) flexibilizar los requisitos para la compra de combustible que va destinado a los pequeños productores agrícolas de la región.