La Confederación de Gremiales de Bolivia, luego de un ampliado nacional realizado ayer en Tarija, dio un plazo de 72 horas al Gobierno para que abrogue el Decreto Supremo 5143 que busca regular la situación de Derechos Reales (DDRR), dar una solución definitiva a la escasez de dólares y retiro del proyecto de Ley 145/2023. Si no atienden sus demandas, han advertido con medidas de presión de manera escalonada a partir del viernes, según el diario chapaco El País.
El ejecutivo de la Confederación de Gremiales de Bolivia, Jesús Cahuana Maren, detalló que las 72 horas se cumplen el jueves y, en caso de no haber una respuesta positiva por parte del Gobierno, empezarán con movilizaciones a partir del viernes en los departamentos del eje central y escalonadamente se replicará en el resto de las regiones.
De no ser atendidas las demandas del sector gremial, tendrán como respuesta marchas a partir del viernes en las tres principales ciudades del eje troncal del país, al igual que Oruro.
Posteriormente, estas marchas se masificarán en otros puntos del país en caso de no haber respuesta y, de continuar el mismo escenario, se radicalizarán las medidas con bloqueos en diferentes rutas del país; no obstante, esto será analizado en un nuevo ampliado de evaluación que se llevará adelante el 24 de mayo.
“Los otros departamentos marcharán después escalonadamente”, remarcó.
“No descartamos otro tipo de movilizaciones”, manifestó el dirigente alteño Antonio Siñani, apoyado por otros miembros de la Confederación que llegaron hasta Tarija para participar del encuentro, según reporte de Unitel.
Más preocupaciones
Antes del inicio del ampliado nacional, el secretario ejecutivo de la Confederación de Trabajadores Gremiales de Bolivia, Jesús Cahuana, había expresado el rechazo a esa norma y que el sector se encuentra en estado de emergencia.
Minutos más tarde, en una marcha por la plaza central de la ciudad de Tarija, los gremialistas repudiaron enérgicamente la normativa.
Al sector también le preocupa la escasez de dólares en el mercado financiero. “Estamos exigiendo al Gobierno que solucione la falta de esta divisa porque ya surgen amenazas de las panaderías de subir el precio del pan, el aumento de los repuestos y otros productos a causa de la mala gestión”, expresó Siñani.
El decreto está en manos del TCP
El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) tiene en sus manos la decisión sobre la constitucionalidad o no del Decreto Supremo 5143 de Derechos Reales promulgado por el presidente Luis Arce y resistido por varios sectores políticos, sociales y empresariales y que se ha convertido en otro tema conflictivo dentro de la pugna política entre “arcistas”, por un lado, y “evistas” y opositores de CC y Creemos, por el otro, según reporte del diario Correo del Sur.
