EEUU califica a Maduro como un “narcoterrorista y fugitivo”

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, afirmó que Maduro “no es ni líder legítimo, ni jefe de Estado”. Señaló que un jurado de Nueva York lo ha encausado por varios delitos.

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, calificó este jueves al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, como “fugitivo de la justicia norteamericana” y “narcoterrorista”, en medio de un aumento de la presencia militar estadounidense frente a las costas de Venezuela. Rubio realizó estas declaraciones durante una visita oficial a Quito, en la que se reunió con la ministra de Relaciones Exteriores de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, y con el presidente Daniel Noboa.

Rubio afirmó que Maduro “no es ni líder legítimo, ni jefe de Estado”, al señalar que un gran jurado en el Estado de Nueva York lo ha encausado por delitos de narcotráfico y terrorismo. “Nicolás Maduro es un narcotraficante y es un terrorista narco, y no lo digo yo, lo dice un gran jurado en el estado de Nueva York”, sostuvo Rubio durante la rueda de prensa. Agregó que “no es un gobierno, ni un régimen político. Es una organización terrorista de crimen organizado que se ha apoderado de un territorio nacional”, en referencia al aparato estatal venezolano.

El alto funcionario estadounidense destacó que la presencia militar de Estados Unidos en la región responde a la voluntad de “librar una guerra contra estos grupos”. “No vamos sólo a perseguir a los narcotraficantes con lanchas rápidas… El presidente ha dicho que quiere hacer la guerra a estos grupos”, enfatizó Rubio en su intervención pública.

En ese contexto, Rubio justificó el reciente ataque militar estadounidense contra una embarcación que, según autoridades estadounidenses, transportaba drogas desde Venezuela y estaba tripulada por miembros del grupo criminal venezolano Tren de Aragua. El secretario precisó que la orden fue destruir la nave porque representaba “una amenaza inmediata” para Estados Unidos y defendió la decisión del presidente: “En vez de interceptarla, por orden presidencial la volamos. Y va a volver a pasar. El punto es que el presidente va a librar la guerra contra las organizaciones narcoterroristas”. Según las autoridades estadounidenses, el cargamento estaba destinado al mercado de drogas en Estados Unidos y el ataque dejó once muertos.

La medida estadounidense ha generado reacciones mixtas en varios países de la región. Líderes latinoamericanos han mostrado cautela frente a posibles ampliaciones de la acción militar de Estados Unidos. El secretario de Relaciones Exteriores de México, Ramón de la Fuente, reiteró la preferencia de su país por la “no intervención” y la “solución pacífica de los conflictos”.

Durante su estancia en Ecuador, Rubio anunció asimismo la designación de dos bandas criminales locales, Los Lobos y Los Choneros, como organizaciones terroristas extranjeras. 

 

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Bolivia avanza en una normativa contra la violencia sexual vía digital contra los niños

Por unanimidad, la Cámara de Diputados sancionó el pasado miércoles la Ley para la Protección de la Integridad Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes en Entornos Digitales y la remitió al Órgano Ejecutivo para su promulgación.

El presidente de Diputados, Omar Yujra, informó el martes que: “Habiéndose aprobado en sus dos estaciones, en grande y en detalle, y siendo Cámara revisora, queda sancionada la presente ley, remítase al Órgano Ejecutivo para fines constitucionales”.

Impulsada por el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, la norma tiene como objetivo proteger de manera integral la integridad sexual de niñas, niños y adolescentes frente a nuevas formas de violencia y abuso sexual que se cometen mediante el uso de tecnologías digitales, como redes sociales, aplicaciones, plataformas de mensajería y videojuegos en línea.

Con ese fin se logró incorporar nuevos delitos al Código Penal, como el contacto con fines sexuales a través de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), el abuso sexual digital, la exposición a contenido sexual y la producción y posesión de material de abuso infantil.

La norma plantea una pena privativa de 10 a 15 años de cárcel para las personas que distribuyan, arrienden, intercambien, vendan o comercialicen contenido digital que contenga representación visual de las partes íntimas de niñas, niños y adolescentes, o de exhibicionismo corporal con fines económicos.

Además, establece que toda persona que contacte a niñas, niños y adolescentes a través de comunicaciones electrónicas, enviando mensajes, videos, fotografías u otro contenido erótico o sexual, será sancionada con 4 a 8 años de privación de libertad.

Además, se establecerá medidas urgentes de protección, como la eliminación de contenido ilegal y el alejamiento virtual de los agresores.

Una vez en vigencia, se permitirá el uso de agentes encubiertos digitales para investigar estos delitos; se fortalecerá el rol del sistema educativo y de salud, estableciendo obligaciones de prevención, denuncia y atención integral.

También se impulsará la corresponsabilidad de las familias, empresas tecnológicas y gobiernos subnacionales, además alinea la legislación boliviana con tratados internacionales de protección de la infancia, como la Convención sobre los Derechos del Niño.

Fiscalía

“Celebro con esperanza y determinación esta aprobación, porque el avance de las tecnologías, si bien trajo múltiples beneficios, también genera nuevos riesgos que amenazan la seguridad y la integridad de nuestras niñas, niños y adolescentes, pero con esta aprobación estamos avanzando con decisión hacia un país más seguro para nuestra niñez”, dijo el fiscal Roger Mariaca.

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Fiscal pide preventiva de 6 meses para Murillo; tiene 15 procesos y 2 sentencias

La justicia definirá hoy a qué cárcel le corresponde ingresar al exministro de Gobierno Arturo Murillo, quien arribó ayer a la ciudad de La Paz, deportado de Estados Unidos luego de cumplir una pena de cárcel en ese país por delitos de lavado de dinero.

La exautoridad del Gobierno de Jeanine Áñez tiene dos sentencias por cumplir en cárceles de Bolivia, además de 15 procesos en curso por diversos delitos.

Desde ayer en la tarde, Murillo espera su audiencia cautelar en una celda de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de la ciudad de La Paz.

La audiencia será a las 13:45 de este viernes con la presencia del acusado, informó el fiscal Omar Yujra.

La Fiscalía pedirá al tribunal sexto de sentencia que Murillo sea enviado con detención preventiva al penal de San Pedro, por un periodo de seis meses, mientras se lleva adelante el proceso.

Este caso en particular está relacionado con la compra con sobreprecio de agentes químicos durante la gestión de Jeanine Añez.

El exministro ya tiene una sentencia de ocho años de cárcel por este proceso, aunque ahora se encuentra en etapa de apelación restringida, y será resuelta según el trámite correspondiente, indicó Yujra.

Estado de salud

El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, informó ayer que Murillo padece de hipertensión arterial y un cuadro de ansiedad. Sin embargo, a su llegada a Santa Cruz y traslado a La Paz, el exministro no demostró signos de mala salud o debilidad. 

Por el contrario, en los dos momentos en que la prensa lo pudo ver mostró un rostro serio y firme, mucho más en el aeropuerto de El Alto.

Procesos y sentencias

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, precisó que “a la fecha”, Murillo “tiene 15 procesos penales” abiertos en el país, de los que diez están en fase de juicio oral, es decir que ya existe una acusación formal “por diferentes hechos” y otros dos están en “etapa preparatoria”, en la que ya “se encuentra con imputación formal para que resuelva el juez cautelar”.

Los tres restantes están “en etapa preliminar, en la cual los fiscales determinarán el imputar o rechazar el caso cuando amerite y conforme a procedimiento”, indicó.

El Fiscal General recordó que, además de estos procesos, ya hay dos “sentencias condenatorias”, una por ocho años de cárcel dentro del caso denominado ‘gases lacrimógenos’, por la compra irregular de material antidisturbios con un sobreprecio de 2,3 millones de dólares.

Mariaca explicó que hay “diferentes comportamientos legales” en cada proceso, ya que sobre Murillo pesan tanto sentencias condenatorias como mandamientos de rebeldía y órdenes de aprehensión que se tendrán que resolver conforme a procedimiento.

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La justicia ordena la libertad de Jeanine Añez en el “caso Sacaba”

La justicia emitió en las últimas horas el mandamiento de libertad a favor de la expresidenta Jeanine Añez dentro del caso por la llamada ‘masacre’ de Sacaba, ocurrida durante su Gobierno en noviembre del 2019.

La orden de libertad fue emitida en la localidad de Sacaba, en el departamento de Cochabamba, y está firmada por Javier Chuquimia, presidente del tribunal primero de Sentencia Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia las Mujeres.

Ya el pasado 30 de agosto, la justicia había anulado los obrados en la vía penal en el caso de la denominada masacre de Sacaba y dispuso que la expresidenta Jeanine Añez sea procesada a través de un juicio de responsabilidades.

“Después de 16 horas de audiencia virtual ininterrumpida, acaba de emitir resolución el Tribunal N⁰ 1 de Sacaba. Restituyendo el Estado de Derecho, ha determinado —en razón de su incompetencia para procesarme en la justicia ordinaria— la anulación de obrados, la remisión de antecedentes a la Fiscalía General del Estado por corresponder a la expresidente Jeanine Añez y 17 acusados, la aplicación de la Ley 044 como debió tramitarse desde un inicio; asimismo, otorgó la libertad a los 18 acusados arbitrariamente y el levantamiento de todas las medidas cautelares personales (sic)”, informó Añez en esa oportunidad.

Esa fue la segunda resolución judicial que consiguió Añez sobre los hechos del 2019. Días antes, un tribunal de El Alto también anuló los obrados del denominado ‘caso Senkata’ y dispuso que Añez sea juzgada en un juicio de responsabilidades.

Ambos casos están referidos a los operativos policiales-militares autorizados por Añez para enfrentarse a sectores movilizados, afines a Evo Morales, en Senkata y Sacaba.

Cabe recordar que justicia también determinó que Añez sea procesada por juicio de responsabilidades en el llamado ‘caso EBA’.

Las resoluciones a favor de Añez se dieron después de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) instruyera a los tribunales departamentales de justicia a verificar el cumplimiento de los plazos procesales de la detención preventiva de Añez, el gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho, y el exlíder cívico potosino, Marco Pumari.

No obstante, Añez aún no podrá salir de la cárcel de Miraflores, pues tiene una sentencia de 10 años de cárcel por el llamado ‘caso Golpe II’, referido a la forma en la que sumió la presidencia a finales del 2019.

 

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Fredy Laive, el candidato a diputado por Súmate, asume la Subalcaldía de Itocta

Fredy Laive Bautista, funcionario municipal durante la administración del exacalde José María Leyes y candidato por APB-Súmate a diputado uninominal por la circunscripción C-22, fue designado como nuevo subalcalde de Itocta. 

OPINIÓN verificó que Laive realizó su declaración jurada hoy en la Alcaldía.

Es preciso recordar que antes de ser candidato por la sigla que lanzó como candidato presidencial a Manfred Reyes Villa (APB-Súmate), Laive también fue dirigente de la Federación Departamental de Juntas Vecinales (Fedjuve) y presidente del Distrito 9.

 

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ICAM se va contra la Alcaldía y exige el pago de cerca de Bs 8 millones

El alcalde suplente temporal Diego Murillo argumentó que los recursos propios se destinan a lo que se dejó de percibir por concepto de IDH.

La Alcaldía de Cochabamba les debe cerca de 8 millones de bolivianos a cuatro empresas que son parte de la Cámara de Industria Comercio y Servicios de Cochabamba (ICAM). Los ejecutivos de esta institución demandan el pago de las deudas que se arrastran desde años anteriores.

El alcalde suplente temporal Diego Murillo argumentó que las demoras se deben a que los recursos propios se destinan a lo que se dejó de percibir por concepto del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).

Durante las semanas recientes. Distintos sectores demandan pagos adeudados por la institución municipal, desde donde la principal defensa que se expone es que no se efectivizan los recursos del IDH, a cargo del Gobierno nacional, y que eso repercute.

El presidente de la ICAM, Amilkar Rocha, cuestionó que no se realicen los pagos, cuando los mismos dependen de los recursos propios municipales y no de otras fuentes. Detalló que las empresas perjudicadas son el Grupo Valag S.R.L., Vecomar SRL, Línea Horizontal S.R.L. y Mopar S.A.

Detalló que desde finales de junio se realizaron diversas gestiones con la Alcaldía para buscar una solución a esta problemática. El representante de Vecomar S.R.L. informó que en reunión del 13 de agosto la Municipalidad se comprometió a dar un adelanto de como “una décima parte” de la deuda durante la primera semana de septiembre. Hasta ayer, aquello no había ocurrido.

Rocha dijo que la deuda total para estas cuatro empresas alcanza en total 7.969.226 bolivianos. A Línea Horizontal S.R.L., que entrega alimentos para el desayuno escolar, la Alcaldía le debe 2.158.982 bolivianos, de 2024 y 2025. Mopar S.A. le vendió a la Municipalidad un camión balde, y le deben 500 mil bolivianos desde 2023. A Vecomar S.R.L. le deben 3.706.828 bolivianos por cemento asfáltico, desde 2022 hasta 2023. Además, a Grupo Valag S.R.L. le adeudan 1.603.416 bolivianos por repuestos para la planta de asfalto, por las gestiones 2023 y 2024.

Sobre el tema, el Alcalde suplente temporal aseveró que se encuentran en un programa de readecuación financiera y que ahorran en viajes, viáticos, cursos de capacitación y otros para paliar las deudas que van creciendo.

Explicó que, a falta de recursos del IDH, se ven obligados a utilizar los recursos propios en los temas más urgentes.

“Con el IDH se tenía que hacer el pago del desayuno escolar, el tema de infraestructura en las unidades educativas (…). Como no nos llega plata del IDH, se tienen que tomar los recursos propios que son destinados a pagar a los empresarios, a pagar a los acreedores”.

Argumentó que el IDH fue bajando de 200 millones de bolivianos a, ahora, 74 millones, de los cuales solo llegaron 23 millones a julio.

“Como si fuera poco, para el año que viene, el IDH está reduciéndose a 62 millones de bolivianos”, dijo.

La autoridad aseguró que, así como ejecutan un plan de readecuación financiera en la Alcaldía, exigirán al Gobierno nacional que cumpla con los compromisos respecto a los recursos.

Murillo dijo que las deudas no son solo desde 2022, sino desde el año 2021.

“Nosotros trabajamos en base a los presupuestos que sí o sí nos tienen que llegar”.

Consultado sobre el porqué de las deudas acumuladas por tantos años, afirmó que el IDH se reduce cada gestión y que eso repercute en deudas.

“Todos los años ha entrado en merma el IDH, y a nosotros nos han abierto un boquete financiero que significa que dejemos de pagar lo comprometido para no tener que fallar lo que es de primera necesidad, como es el desayuno escolar, como es el tema del mantenimiento de las unidades educativas y también lo que es seguridad ciudadana”, afirmó.

Respecto a las deudas con las empresas proveedoras del desayuno escolar, dijo que implementan un plan.

“Nosotros estamos encarando un programa para captar mejores recursos, de trabajar con más alianzas público privadas y que realmente desde los recursos de ingresos propios vamos a consolidar y vamos a pagar las deudas que hemos contraído”, añadió.

La autoridad agregó que instituciones, como la Gobernación y la Alcaldía, “que vivían del IDH” están en la actualidad “totalmente abandonadas” y quebradas en su economía.

“Nosotros, como municipio que maneja algunos recursos propios, estamos con el tema de potenciar nuestros recursos propios y de encarar un plan de deudas para conseguir un crédito, y así poder liquidar nuestras deudas y que, pues, las nuevas autoridades del Gobierno central tomen decisiones que no afecten a los municipios, a las gobernaciones, es decir, a la población boliviana, a los municipios, a las gobernaciones”.

 

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