La Ley de Régimen Excepcional y Transitorio para la Selección, Elección y Designación de Vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) avanza con cambios sustanciales para acelerar y simplificar el proceso de renovación de autoridades electorales. Tras su aprobación, la ley fue enviada al Órgano Ejecutivo para su inmediata promulgación, con el fin de completar la elección antes del 19 de diciembre, cuando vence el mandato de los actuales vocales.

La Cámara de Diputados introdujo modificaciones clave al proyecto original, orientadas principalmente a acortar plazos y eliminar etapas consideradas susceptibles de manipulación en anteriores procesos.

Los ajustes más relevantes incluyen la reducción del plazo total del proceso de 20 a 15 días calendario; la eliminación de los exámenes escritos y orales, debido a observaciones sobre presuntas irregularidades en procesos previos, y la supresión del requisito de apostilla para títulos de posgrado obtenidos en universidades del exterior.

Estos cambios buscan agilizar la convocatoria y disminuir las barreras administrativas para los postulantes, con el objetivo de asegurar que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) pueda designar oportunamente a las nuevas autoridades electorales.

La nueva ley establece un mecanismo de selección continuo, sin interrupciones, dividido en 12 fases, cada una con un máximo de un día, excepto el periodo para presentar postulaciones, que se extiende a cuatro días. La Comisión Mixta de Constitución trabajará “por tiempo y materia” para cumplir los plazos.

Una vez concluida la preselección, la ALP deberá elegir a los vocales mediante voto nominal y por dos tercios.

Además del TSE, la norma dispone la renovación inmediata de los nueve Tribunales Electorales Departamentales (TED), cuyos mandatos vencen el 20 de diciembre. Las asambleas departamentales deberán remitir sus ternas en plazos igualmente ajustados.

Padrón

El diputado de Alianza Unidad, Luis Laredo, recalcó que la normativa también establece un plazo de dos años para la depuración del padrón biométrico con miras a las elecciones generales de 2030. Legisladores como Wilder Véliz (PDC) destacaron que la norma permitirá garantizar la continuidad institucional y encarar el periodo electoral 2025-2031 con autoridades plenamente legitimadas.