La regulación de la eutanasia y el acceso universal a la muerte digna ingresaron en forma oficial al debate del escenario político en Bolivia, después de que el diputado Diego Brañez (APB-Súmate) presentara el proyecto denominado “Ley de cuidados paliativos, muerte digna y eutanasia” ante la Cámara de Diputados. 

La iniciativa surge por un argumento de impacto. De acuerdo con el proyectista, en el país hay procedimientos clandestinos de eutanasia que ocurren a la sombra del sistema que rige en el país.  

Urgencia 

El impulsor de la norma justificó la urgencia de la ley en cuestión luego de alertar sobre la existencia de un mercado ilegal de la eutanasia en clínicas y hogares. Según Brañez, la prohibición no frena la práctica, sino que empuja a las familias y a médicos de confianza a pactar en forma oculta la aplicación de dosis elevadas de sedantes para acelerar el deceso piadoso. 

“Se practica la eutanasia ilegal en nuestro país”, aseguró Brañez cuando defendía la necesidad de regularizar esta situación sin dar evidencia de los casos. Al carecer de un marco legal, estas acciones se realizan sin fiscalización estatal, de manera insegura y bajo el temor constante a la persecución penal.  No obstante, Brañez aclaró que “la meta de la propuesta de ley no es la muerte”, sino que se trata del hecho de “morir con dignidad y sin dolor”, como un derecho y no un delito. También aclaró que el paciente afectado por una enfermedad terminal tiene el derecho a recibir cuidados paliativos antes de decidir por sí mismo su muerte asistida y legalizada.  

Propuesta 

El proyecto de ley introduce varias disposiciones que ya empezaron a levantar fuertes controversias éticas, médicas y jurídicas en el país. El punto más sensible de la propuesta exige modificar el artículo 257 del Código Penal, referente al homicidio piadoso. El proyecto busca eximir por completo de sanciones a los médicos que ejecuten la eutanasia.  Críticos de sectores jurídicos advierten de que esto podría abrir una ventana peligrosa a la impunidad en caso de que falle el control. En cuanto a la obligación institucional sobre los hospitales, aunque la ley garantiza el derecho a la objeción de conciencia para que ningún médico sea obligado a actuar en contra de sus creencias, impone un candado polémico. 

Las clínicas y hospitales tienen prohibido declararse objetores. Si un médico se niega, el centro de salud está obligado por ley a reemplazarlo en un plazo máximo de 48 horas, lo que genera rechazo en instituciones médicas de convenio o con principios religiosos. 

Mientras gremios como el Colegio Médico cuestionan que se debata la muerte asistida en un sistema sanitario con carencias estructurales, sectores de oposición afirman que la pobreza extrema en el país podría presionar a las familias de escasos recursos a optar por la eutanasia gratuita antes que enfrentar deudas impagables por tratamientos médicos que requieran de plazos largos. 

El corazón de esta propuesta consiste en crear un marco integral para el fin de la vida. El texto no ofrece la eutanasia como primera opción, sino como un último recurso médico. El proyecto exige al Estado la creación de una red nacional de cuidados paliativos de carácter gratuito y universal a través del Sistema Único de Salud (SUS), un sistema que ingresará a una reforma profunda para transformarse en el Seguro Integral de Salud (SIS), de acuerdo con anuncios de autoridades del Ejecutivo.   

De esta manera, el sistema público deberá asegurar medicamentos contra el dolor y apoyo psicológico a toda persona con diagnósticos médicos irreversibles, y no solo a pacientes con problemas de cáncer. Cuando la medicina paliativa resulte insuficiente para mitigar el sufrimiento físico o psicológico, se podrá activar el protocolo de una muerte digna.  

El paciente mayor de edad  boliviano o extranjero con un año de residencia legal podrá solicitar.