Una seguidilla de resoluciones judiciales generó expectativa sobre la inminente liberación de tres de los principales detenidos por los hechos de 2019 y 2022, la expresidenta Jeanine Áñez, el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho y el exlíder cívico potosino Marco Antonio Pumari. Sin embargo, el Gobierno anunció que apelará las decisiones y las víctimas de Senkata expresaron su rechazo, advirtiendo que se busca instalar la impunidad.

El lunes, el Tribunal Cuarto de Sentencia Penal de El Alto declaró fundada la excepción de incompetencia en razón de materia en el caso Senkata, lo que anuló el proceso ordinario y derivó el expediente a la Fiscalía General para que se abra un juicio de responsabilidades. En consecuencia, el mismo tribunal emitió un mandamiento de libertad a favor de Áñez, que permanece recluida en Miraflores desde 2021.

A la vez, Camacho logró dos fallos favorables esta semana. El martes, por el denominado caso “Golpe I”, obtuvo detención domiciliaria, y el miércoles, por el proceso por el paro de 36 días en 2022, se le concedió la misma medida, con arraigo y una fianza de 50 mil bolivianos. De ratificarse estas resoluciones, podría dejar el penal de Chonchocoro después de más de dos años y medio de encierro. Este jueves tiene además otra audiencia en Santa Cruz por el caso del Decreto 363, en el que se lo acusa de resoluciones contrarias a la Constitución.

Pumari, recluido en Cantumarca (Potosí), fue beneficiado el pasado martes con libertad pura y simple. Sus abogados argumentaron que los plazos procesales fueron ampliamente superados, lo que fue admitido por el tribunal.

Ante esta serie de fallos, la ministra de Justicia, Jessica Saravia, informó que el Gobierno presentó apelaciones en los casos de Camacho y Pumari, al considerar que aún persiste riesgo de fuga y de obstaculización procesal.

Recordó que el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) documentó graves violaciones de derechos humanos durante la crisis de 2019, incluyendo más de 600 víctimas, entre ellas alrededor de 40 muertos, 470 personas con lesiones y más de 70 procesadas sin el debido proceso legal. También recalcó que la resolución sobre Áñez no implica el cierre del proceso.

Las víctimas de Senkata, por su parte, rechazaron la liberación de Áñez y anunciaron movilizaciones. “El pueblo no permitirá que los responsables de la masacre salgan libres. Exigimos justicia y no impunidad”, declaró la dirigente Marisol Rodríguez.

De prosperar las apelaciones, las decisiones podrían revertirse, aunque la tendencia judicial marca un cambio en la situación procesal de los tres detenidos más emblemáticos de la crisis política y social del país.