La audiencia judicial para revisar la detención preventiva de los líderes opositores Luis Fernando Camacho y Marco Pumari, por su participación en los sucesos de la crisis política de 2019, fue aplazada hasta hoy por decisión del Tribunal Sexto de Sentencia Anticorrupción de La Paz.

La audiencia se enmarca en un instructivo emitido el viernes pasado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que ordenó verificar los plazos de las detenciones preventivas en todos los procesos contra la expresidenta interina Jeanine Áñez (2019-2020), Camacho y Pumari.

Según explicó el abogado Diego Gutiérrez, defensor del exlíder cívico potosino Marco Pumari, la suspensión busca “evidenciar si existen o no riesgos procesales”. Recordó que su defendido lleva 44 meses en detención preventiva en la cárcel de Cantumarca (Potosí) y sostuvo que los riesgos señalados inicialmente ya no tienen sustento, puesto que la documentación requerida fue presentada y todos los testigos ya declararon.

Los abogados de Camacho y Pumari solicitaron la libertad irrestricta de ambos, argumentando que los plazos legales de la detención preventiva se han cumplido. Camacho fue arropado por sus seguidores políticos, amigos cercanos y su familia que gritaban: Ya falta poco.

La situación generó reacciones políticas. El expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé alertó sobre el uso excesivo de la detención preventiva, al que calificó como una práctica que debe ser revisada con una política de Estado “más allá de intereses políticos o medidas aisladas”.

En la misma línea, el exprecandidato presidencial Jaime Dunn expresó en redes sociales su respaldo a la liberación de todos los considerados presos y perseguidos políticos en Bolivia, reclamando una reforma estructural que garantice “libertad, independencia, transparencia y equidad”.

Los juristas Silvia Salame, Ramiro Orías y Audalia Zurita coincidieron en que la prisión preventiva en el país se convirtió en una regla y no en una excepción. Con consecuencias de hacinamiento, vulneración de garantías y persecución política. En contraste, el senador del MAS Félix Ajpi manifestó su preocupación y advirtió que una eventual liberación de Camacho y Pumari sería “una señal clara de sometimiento del Órgano Judicial a intereses políticos, tanto de la oposición como del expresidente Evo Morales”.

Por su parte, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, permanece recluido desde fines de 2022 en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, en La Paz.

El proceso

El caso, denominado “Golpe de Estado I”, se abrió en 2020 tras la denuncia de la exdiputada del MAS Lidia Patty, por los hechos que derivaron en la renuncia de Evo Morales (2006-2019).

Camacho fue imputado por terrorismo, seducción de tropas y cohecho activo, entre otros delitos, por su liderazgo en las protestas poselectorales de 2019, cuando presidía el Comité Cívico de Santa Cruz.

En este proceso también fue acusada Jeanine Áñez en calidad de “cómplice”; sin embargo, en 2024 el tribunal la apartó, al determinar que ya había sido juzgada y sentenciada en el caso paralelo “Golpe de Estado II”.