La justicia definirá hoy a qué cárcel le corresponde ingresar al exministro de Gobierno Arturo Murillo, quien arribó ayer a la ciudad de La Paz, deportado de Estados Unidos luego de cumplir una pena de cárcel en ese país por delitos de lavado de dinero.

La exautoridad del Gobierno de Jeanine Áñez tiene dos sentencias por cumplir en cárceles de Bolivia, además de 15 procesos en curso por diversos delitos.

Desde ayer en la tarde, Murillo espera su audiencia cautelar en una celda de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de la ciudad de La Paz.

La audiencia será a las 13:45 de este viernes con la presencia del acusado, informó el fiscal Omar Yujra.

La Fiscalía pedirá al tribunal sexto de sentencia que Murillo sea enviado con detención preventiva al penal de San Pedro, por un periodo de seis meses, mientras se lleva adelante el proceso.

Este caso en particular está relacionado con la compra con sobreprecio de agentes químicos durante la gestión de Jeanine Añez.

El exministro ya tiene una sentencia de ocho años de cárcel por este proceso, aunque ahora se encuentra en etapa de apelación restringida, y será resuelta según el trámite correspondiente, indicó Yujra.

Estado de salud

El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, informó ayer que Murillo padece de hipertensión arterial y un cuadro de ansiedad. Sin embargo, a su llegada a Santa Cruz y traslado a La Paz, el exministro no demostró signos de mala salud o debilidad. 

Por el contrario, en los dos momentos en que la prensa lo pudo ver mostró un rostro serio y firme, mucho más en el aeropuerto de El Alto.

Procesos y sentencias

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, precisó que “a la fecha”, Murillo “tiene 15 procesos penales” abiertos en el país, de los que diez están en fase de juicio oral, es decir que ya existe una acusación formal “por diferentes hechos” y otros dos están en “etapa preparatoria”, en la que ya “se encuentra con imputación formal para que resuelva el juez cautelar”.

Los tres restantes están “en etapa preliminar, en la cual los fiscales determinarán el imputar o rechazar el caso cuando amerite y conforme a procedimiento”, indicó.

El Fiscal General recordó que, además de estos procesos, ya hay dos “sentencias condenatorias”, una por ocho años de cárcel dentro del caso denominado ‘gases lacrimógenos’, por la compra irregular de material antidisturbios con un sobreprecio de 2,3 millones de dólares.

Mariaca explicó que hay “diferentes comportamientos legales” en cada proceso, ya que sobre Murillo pesan tanto sentencias condenatorias como mandamientos de rebeldía y órdenes de aprehensión que se tendrán que resolver conforme a procedimiento.