A menos de dos meses de la inédita segunda vuelta electoral del 19 de octubre en Bolivia, los candidatos presidenciales Rodrigo Paz  Pereira, del Partido Demócrata Cristiano (PDC) y Jorge Quiroga Ramírez, de la  Alianza Libre, apuestan por propuestas ambiciosas para conquistar a un electorado que les de la victoria, principalmente aquellas destinadas a mejorar la economía de las familias y del país; sin embargo,  los  expertos y analistas económicos cuestionan cómo conseguirán recursos sin agravar la coyuntura actual-

Bonos y subsidios.

La principal bandera de Paz Pereira es el “capitalismo popular”, un modelo basado en créditos estatales baratos, una drástica reducción de impuestos y una redistribución fiscal del 50/50 que destinaría Bs 70.000 millones directamente a emprendedores, comerciantes y transportistas, sin pasar por los gobiernos subnacionales.

La propuesta es calificada de “populista” por diversos analistas. Jorge Komadina advirtió que la iniciativa carece de una fuente clara de financiamiento: “Son promesas que interpelan a sectores populares, pero que no explican de dónde saldrán los recursos”, dijo

Añadió  que el pacto fiscal no sólo es técnicamente inviable sin una reforma constitucional, sino que ignora la precaria situación de las finanzas públicas: “No tienen respaldo real y no hay explicación de dónde saldrá ese dinero”.

Otra oferta ratificada después de su victoria con el 32,06  por ciento en la primera vuelta es la de nacionalizar los autos ilegales conocido como “chutos”.

Otra promesa que ha generado polémica es el aumento de la Renta Dignidad a Bs 2.000 mensuales. Según cálculos del economista Fernando Romero, esa medida implicaría un gasto anual de Bs 30.171 millones, lo que equivaldría a casi el 10% del Presupuesto General del Estado (PGE) o el doble de lo destinado a la subvención de hidrocarburos. “Es simplemente inviable en la actual coyuntura fiscal”, sostuvo.

A ello se suma el paquete de promesas lanzadas por su compañero de fórmula, Edman Lara, a través de TikTok: subsidios de lactancia de Bs 2.400 mensuales, laptops para estudiantes, pase directo a universidades y Fuerzas Armadas para quienes cumplan el servicio militar, además de aumentos salariales para policías y maestros.

Las redes sociales convirtieron sus videos en virales, pero también en blanco de críticas. El financista  y político Jaime Dunn fue contundente: “Si tú me dices que vas a implementar bonos, muéstrame qué vas a recortar. Si no lo haces, me estás diciendo que vas a imprimir billetes. Y si vas a imprimir más, vas a generar inflación. Retráctate si has hablado una estupidez”.

Una apuesta por el agro

En la vereda opuesta, el expresidente Jorge Tuto Quiroga propone un enfoque más tradicional, centrado en un “shock de confianza”. Su plan estrella es la obtención de hasta $us 12.000 millones de financiamiento externo de organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial y CAF, con el fin de estabilizar la economía, garantizar dólares al sector importador y devolver divisas a los ahorristas.

También plantea una reducción del aparato estatal: cierre o privatización de empresas públicas, disminución de 17 a 12 ministerios y levantamiento progresivo de la subvención a los combustibles, comenzando por el diésel.

Sin embargo, sus propuestas tampoco escapan al escepticismo. “El FMI no entrega 12.000 millones por la linda cara. Bolivia podría aspirar a 3.000 millones, y con condiciones duras”, advirtió  Komadina.

 Añadió que si bien el ajuste es necesario, su aplicación inmediata podría generar conflictividad social.

Quiroga también propone un pacto agropecuario basado en seguridad jurídica, acceso a biotecnología y tierra, como forma de reactivar exportaciones y generar divisas. Aunque el sector agroexportador ha recibido bien la iniciativa, analistas señalan que los beneficios no serían inmediatos.

Finalmente, su idea de suprimir el Estado Plurinacional y retornar a la República ha sido tachada de “políticamente inviable” por Komadina, quien advierte que abriría un proceso constituyente largo y desgastante, justo en un momento donde se necesita estabilidad institucional.

Segunda vuelta

La segunda vuelta enfrenta a dos visiones radicalmente distintas: Paz, con un enfoque distributivo y de expansión estatal disfrazado de “popular”; Quiroga, con una propuesta de ajuste y liberalización de corte clásico. Sin embargo, comparten una misma debilidad: muchas de sus promesas carecen de sustento técnico y responden más a la lógica electoral que a un diagnóstico realista de la economía nacional.

Como resume el analista Komadina “En un país que no quiere escuchar sobre sacrificios, la demagogia electoral se impone sobre la sinceridad económica”.

Ambas organizaciones políticas, además deben sumar alianzas para lograr la gobernabilidad  a partir del 8 noviembre. Hasta el momento, los representantes de la Alianza Unidad ratificaron su apoyo al PDC, en tanto asuman medidas que  favorezcan a estabilizar la situación; en tanto que el líder  de Autonomía Para Bolivia (APB) Súmate, Manfred Reyes Villa, señaló que no respaldará a ninguno.

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, anunció ayer que planteará a la Sala Plena no autorizar encuestas de preferencia electoral para la segunda vuelta, al considerar que generan inseguridad y desconfianza en el proceso.

Ávila reconoció que las encuestas, pese a ser un instrumento valioso, han perdido credibilidad en Bolivia debido a sus constantes errores. “En cada proceso electoral las encuestas fallan, desprestigiando a este mecanismo. Lamentablemente en Bolivia se está deslegitimizando por los errores que están cometiendo”, afirmó.

El vocal sostuvo que se requieren cambios normativos y sanciones más severas contra las empresas encuestadoras para evitar que sus fallas afecten el proceso. “Para la segunda vuelta, a mí se me ocurrió, y es una idea personal, quiero recalcar, voy a plantear en Sala Plena que no deberíamos autorizar encuestas porque eso crea un clima de inseguridad, de poca confianza en el proceso y dejar que los ciudadanos ejerzan su derecho”, declaró en el programa Hagamos Democracia de la red Erbol.

Ávila explicó que la suspensión regiría “hasta no tener la seguridad de que esas encuestas hagan un buen trabajo y yo creo que nadie ahorita tiene esa seguridad”.  Reconoció que existe normativa interna para el registro de encuestadoras, pero admitió que el TSE debe asumir decisiones más drásticas: “El Tribunal Supremo Electoral tiene que tomar una decisión drástica por el tema de la publicidad, la publicación de la encuesta, si tiene dudas. Y lo vamos a hacer”.

Redes sociales 

En relación con la difusión de contenidos en redes sociales, Ávila recordó que este es un problema global señalado por observadores de la Unión Europea. Por ello, informó que el TSE trabaja en alianza con Chequea Bolivia y Bolivia Verifica para enfrentar la desinformación que se difunde en RRSS.

Mientras crece la expectativa por la posible liberación del exdirigente cívico, Marco Pumari, y del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, también suman los reclamos y críticas para que la medida del Tribunal Supremo de Justicia llegue a más presos en situación de detención preventiva.

La audiencia para considerar la situación jurídica de Camacho y Pumari está programada para hoy, a las 14:00, en el Salón Rosado del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. La medida fue anunciada el pasado viernes por Romer Saucedo, presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), y ordena la revisión de los plazos legales de detención preventiva de la expresidenta Jeanine Áñez, de Camacho y Pumari.

En tanto, reclusos con prisión preventiva de los penales de Palmasola, en Santa Cruz, y Villa Busch, en Pando, se declararon ayer en estado de emergencia reclamando el mismo trato que Áñez, Camacho y Pumari.

“La justicia boliviana ha actuado de manera selectiva y discriminatoria, otorgando beneficios y ventajas indebidas a estos tres procesados, mientras miles de personas permanecemos en el abandono absoluto. Exigimos la igualdad ante la ley, no aceptamos una justicia parcializada que solo se mueve por presión política o mediática”, señala parte del comunicado emitido por los presos de Villa Busch. De igual modo, los privados de libertad de Palmasola emitieron un comunicado casi exactamente con el mismo tenor, en el que también se declaran en emergencia por el mismo motivo.

Confianza

El equipo jurídico de Pumari informó ayer que tras la revisión del caso “Golpe de Estado I”, solicitará al Tribunal de Justicia de Potosí la suspensión de todas las medidas cautelares, para que pueda reencontrarse con su familia y asumir su defensa en libertad.

En tanto, Martín Camacho, abogado del gobernador cruceño, solicitó al Tribunal de Sentencia que considere la proporcionalidad, razonabilidad y excesividad de la detención preventiva que enfrenta su defendido.

Actualmente, el gobernador enfrenta siete procesos judiciales. Por dos de ellos, permanece con detención preventiva. Lleva dos años y nueve meses recluido en el penal de Chonchocoro.

La viceministra de Seguridad Ciudadana, Carola Arraya, consideró que la medida del TSJ tiene carácter político. Sostuvo su argumento en que la medida asumida por el TSJ solo se aplica a tres detenidos preventivos y no a cientos que están en la misma situación.

El candidato presidencial del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Rodrigo Paz, abrió este jueves la posibilidad de asistir a la reunión anunciada por el jefe del Estado, Luis Arce, con él y con Jorge Tuto Quiroga, postulante de Libre, con el fin de informarles sobre la situación económica del país.

“Si el presidente (Luis Arce) me invita, yo iré para escuchar, justamente lo que se requiere es tener información de lo que está pasando en el país”, señaló a los medios tras ser consultado al respecto.

Horas antes, Quiroga Ramírez manifestó su rechazo a la idea de Luis Arce. “Yo no soy presidente electo, hay segunda vuelta. Yo no voy a empezar a cogobernar, ni hacer la transición hasta que el pueblo boliviano decida, es una falta de respeto”, dijo.

“Más allá de la situación momento que está viviendo, la inmensa mayoría de los bolivianos y bolivianas quieren que esta transición sea rápida, ya quieren que empecemos la nueva etapa”, añadió Paz.

En ese sentido, consideró que es “mejor enterarse ahora” en qué situación se encuentra la economía del país y otros problemas persistentes ya que dijo que no cuentan con información oficial.

El propósito de la reunión anunciada es, según explicó Luis Arce, “mostrarles la situación económica que estamos atravesando, queremos mostrarles también el problema del combustible y lo que estamos enfrentando para que desde ahora vayan viendo este problema y cómo lo van a encarar”.

El oficialismo fracasó otra vez ayer su intento de aprobar en la Asamblea el crédito japonés de $us 100 millones para la compra de combustible y para financiar el voto en el exterior. Legisladores opositores y evistas rechazaron la aprobación de ese préstamo en la sesión legislativa.

Durante la sesión, el presidente de la Asamblea, David Choquehuanca, explicó que en el proyecto de ley 312/2023-2024 de crédito de $us 30 millones para la construcción del Parque Lineal Metropolitano entre La Paz y El Alto, se incluyó un artículo que da curso al crédito japonés, el mismo que ya fue rechazado a principios de este año precisamente por la asamblea.

Choquehuanca dijo que es distinto al proyecto de ley que fue rechazado anteriormente. Antes, acotó, el crédito japonés estaba destinado a reponer el dinero para la lucha contra el coronavirus (Covid.19); ahora, afirmó, se indica expresamente que ese dinero será utilizado para la compra de combustible y para financiar el voto en el exterior, en la segunda vuelta del 19 de octubre.

Votación

Los asambleístas cuestionaron esta modificación, por lo que pidieron una votación nominal, para que cada legislador justifique su voto de forma oral, para incluir o no este artículo del crédito japonés.

El resultado en la Cámara de Diputados fue el siguiente: 44 por el Sí y 50 por el No. En la Cámara de Senadores, la votación estableció seis por el Sí y 24 por el No.