El vicepresidente Edmand Lara confirmó que mañana entregará la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) el proyecto de ley  para poner fin al pago mensual de 25.000 bolivianos que reciben los exmandatarios del país. Calificó este beneficio como un privilegio injustificado en el actual contexto económico.

“Ya la tengo lista; el lunes lo presento con la bancada del PDC. El privilegio de unos cuantos no puede perjudicar a la mayoría”, afirmó.

Cuestionó además el rol de quienes perciben este salario: “¿Qué hacen los expresidentes? ¿Qué han hecho por Bolivia? No justifican ese pago. No va más la renta vitalicia.”

Entre los beneficiarios figuran Guido Vildoso, Jaime Paz Zamora, Gonzalo Sánchez de Lozada, Jorge Quiroga, Carlos Mesa, Eduardo Rodríguez Veltzé y Evo Morales, además de los exvicepresidentes Víctor Hugo Cárdenas y Álvaro García Linera. 

Lara aseguró que la ley alcanzará “a todos, sin excepción”, citando incluso al padre del presidente Rodrigo Paz Pereira.

El vicepresidente pidió respaldo ciudadano y legislativo para aprobar la norma, que considera necesaria para “ordenar las finanzas del Estado”.

En paralelo, Lara anunció otro proyecto de ley para eliminar la inspección técnica vehicular, una de las principales promesas electorales del Gobierno y una de las mayores demandas del sector transporte.

Según explicó, la inspección perdió su finalidad técnica y se transformó en un escenario de irregularidades. “Se ha desvirtuado hace tiempo. Terminó sirviendo para recaudar plata sucia de la corrupción para los altos mandos”, señaló.

Añadió que muchos de los encargados “ni siquiera verifican si el vehículo está en condiciones óptimas”.

La norma será socializada con transportistas, organizaciones civiles y mandos policiales, con el objetivo de reemplazar el actual sistema por un mecanismo “técnico, transparente y sin intermediación policial directa”.

La inspección fue instaurada para revisar frenos, luces y condiciones mecánicas con el fin de reducir accidentes, pero en los últimos años se acumularon denuncias de cobros indebidos, retrasos y exigencias fuera de norma.

Según Lara, el pago d e la renta vitalicia a los exmandatarios  representa gastos injustificados y la inspección técnica vehicular es un foco de corrupción al interior de la Policía.   

La situación de Jeanine Áñez

La expresidenta Jeanine Áñez no accede al pago  de renta vitalicia para exmandatarios debido a los procesos judiciales en su contra, aunque su defensa busca habilitarla.

 Sobre la inspección técnica vehicular, el Gobierno busca que el nuevo mecanismo sea transparente, técnico y libre de intermediación policial directa.

Actualmente, la Policía es la responsable de emitir las rosetas de inspección técnica tras revisiones que no son realizadas por mecánicos.

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, confirmó que este viernes se inaugurará en Sucre la Cumbre por la Justicia, un espacio nacional de diálogo que busca delinear propuestas de reforma para el sistema judicial boliviano. Más de 500 personas confirmaron su asistencia.

“Será un proceso para la reforma de la justicia. Tenemos confirmadas alrededor de 500 personas (…). Estamos abriendo el escenario para debatir propuestas para el país”, afirmó Saucedo en entrevista con Bolivisión.

Este Primer Diálogo Interinstitucional para la Reforma Judicial abordará cuatro ejes fundamentales: presupuesto judicial, carrera judicial, reforma normativa, y uso de herramientas tecnológicas e innovación.

“Hemos establecido cuatro ejes temáticos sobre los cuales vamos a trabajar. A partir de ellos se desplegarán las mesas de trabajo y daremos a conocer las propuestas que el Órgano Judicial ha venido elaborando durante este tiempo”, explicó Saucedo en Cadena A.

El titular del TSJ resaltó que el evento busca compatibilizar propuestas institucionales con los aportes de la sociedad, escuchando a todos los actores vinculados al sistema judicial.

“Queremos escuchar a los actores que están relacionados con el sector justicia. Va a ser importante la participación de las universidades, de los profesionales del derecho y de las unidades policiales que intervienen en asuntos judiciales”, añadió.

La Cumbre por la Justicia se desarrollará en la capital constitucional del país, y contará con representantes del Órgano Judicial, del Ministerio Público, de la sociedad civil y de la academia.

“Hemos invitado a universidades públicas y privadas, al cuerpo consular, a personalidades de la sociedad civil, al Tribunal Agroambiental, al Consejo de la Magistratura y a los equipos de los tribunales departamentales. Estamos abriendo el escenario para debatir propuestas para el país”, afirmó.

El objetivo -según Saucedo- es construir una agenda de transformación estructural que permita fortalecer la independencia, transparencia y eficiencia del sistema judicial.

Luego de permanecer casi cinco años en el exilio, Yerko Núñez Negrette, exministro de la Presidencia, en el gobierno de Jeanine Añez, retornó este miércoles a Bolivia y este jueves se alista un recibimiento en su natal Rurrenabaque en Beni.

La exautoridad ingresó al territorio nacional por Guayaramerín, procedente de Brasil, país donde estuvo refugiado ante los procesos que se activaron en su contra, de la exmandataria y otros por la crisis de 2019.

El regreso al país de Núñez se concretó luego que el 7 de noviembre Añez haya salido de la cárcel de Miraflores luego de que su sentencia de diez años fuera anulada por el denominado caso Golpe de Estado II. 

Para las 10.30 de este jueves, se tiene preparado un recibimiento a Núñez organizado por amigos, familiares y vecinos del municipio, según la convocatoria difundida en redes sociales.

La caravana de bienvenida partirá desde el pórtico de ingreso a Rurrenabaque (La Víbora) y recorrerá las principales calles de la ciudad, culminando en la zona central de la población, donde se prevé un reencuentro con los pobladores.

El vicepresidente Edmand Lara anunció ayer que el Gobierno iniciará una reestructuración profunda en la Policía Boliviana, proceso que comenzará con el cambio del alto mando policial, incluido su actual comandante, Augusto Russo.

Lara informó que la decisión fue planteada durante la primera reunión de gabinete, en la que solicitó formalmente al presidente Rodrigo Paz la renovación de la cúpula policial. “Se tiene que cambiar el alto mando policial. Después de la primera reunión de gabinete, a solicitud mía, le pedí al presidente Rodrigo Paz que se realicen los cambios. Le di las razones, las justifiqué y él instruyó al ministro de Gobierno, señor Oviedo, y también a mí, trabajar en la reestructuración de la Policía Boliviana y el cambio de todo el alto mando policial”, señaló.

El vicepresidente explicó que Russo debía haber dejado el cargo conforme a un auto constitucional emitido en el departamento del Beni, el cual dispone la remisión de antecedentes a la Policía y al Ministerio Público para una investigación disciplinaria.

Asimismo, recordó que existen denuncias por vulneración de derechos humanos contra el comandante general, relacionadas con la negativa de acceso a cursos y diplomados a varios policías, lo que según Lara evidencia una falta de respeto al Estado de derecho.

“No hay respeto al Estado de derecho cuando el primer hombre de la Policía no cumple la ley. Hacemos un llamado al Ministerio Público y a la Fiscalía Policial para que cumplan el auto constitucional. Vamos a hacer seguimiento a este caso”, advirtió.

Lara expresó su preocupación por lo que calificó como una “aplicación desigual de la ley”, afirmando que “la norma debe ser igual para todos, sin privilegios por ser general o comandante”. Recordó que la denuncia contra Russo data del 23 de enero de 2025, y que debió derivar en procesos penales y disciplinarios conforme a la Ley 101 de Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana.

El vicepresidente también cuestionó que durante el gobierno del expresidente Luis Arce no se haya tomado acción sobre las irregularidades. “El expresidente Arce apañó la corrupción; fue de conocimiento público y no hizo nada, porque apadrinaba al general Russo”, afirmó.

Enfatizó que Russo no puede continuar al mando de la Policía, y que el proceso de reestructuración buscará restablecer la institucionalidad, la disciplina y el respeto a la ley dentro.