La acción legal fue interpuesta en el marco del artículo 284 del Código de Procedimiento Penal y la Ley 1449, que apunta a presuntas irregularidades en el proceso de contratación del “Proyecto de Construcción del Edificio Municipal D10”, cuyo monto referencial de Bs. 127.422.958,85 bolivianos.
El presidente del Colegio Nacional de Ingenieros Petroleros de Gas y Energía, Carlos Zavaleta, presentó este jueves una denuncia penal ante la Fiscalía Departamental de Cochabamba contra el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba por los presuntos delitos de Incumplimiento de Deberes y Conducta Antieconómica.
La acción legal fue interpuesta en el marco del artículo 284 del Código de Procedimiento Penal y la Ley 1449, que apunta a presuntas irregularidades en el proceso de contratación del “Proyecto de Construcción del Edificio Municipal D10”, cuyo monto referencial de Bs. 127.422.958,85 bolivianos.
Según explicó Zavaleta, el proceso de licitación —identificado con el código CUCE 22-1301-00-1249729-1-2— fue publicado el 20 de septiembre de 2022 bajo la modalidad de Licitación Pública Internacional (LPI). No obstante, cuestionó que el proceso se haya desarrollado en un tiempo considerablemente menor al establecido por la normativa vigente.
De acuerdo con la denuncia, la apertura de sobres se realizó el 11 de octubre de 2022 y la adjudicación se concretó el 14 de octubre de la misma gestión, es decir, en apenas tres días, cuando la normativa establece que el proceso de evaluación debería tomar entre 10 y 20 días hábiles, considerando la magnitud del proyecto. Posteriormente, el 2 de diciembre de 2022 se firmó el contrato con la Asociación Accidental Ecoconstrucciones Cochabamba.
Zavaleta afirmó que la adjudicación se habría realizado sin que la empresa cumpliera las Especificaciones Técnicas Obligatorias y el Documento Base de Contratación (DBC), particularmente en lo referido a la acreditación de experiencia del personal clave mediante respaldadas por las Actas de Recepción Definitiva de Obras.
En la denuncia se identifica un direccionamiento al haber procedido la Comisión de Calificación recomendar la Adjudicación a la Asociación Accidental ECONSTRUCCIONES COCHAMABAMBA, cuando la misma no habría cumplido los requisitos técnicos establecidos.
Asimismo, el Ingeniero sostuvo que, conforme al artículo 25 del Decreto Supremo 0181, la comisión de calificación debió advertir que la propuesta no cumplía las condiciones exigidas, lo que debía derivar en la descalificación del proponente. Sin embargo, la comisión recomendó su adjudicación, lo que derivó en la posterior firma del contrato.
La denuncia también señala la presunta vulneración de diversas normas, entre ellas la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (SAFCO) por la posible afectación a los principios de transparencia y administración eficaz de recursos públicos, así como el Decreto Supremo 0181 (NB-SABS) por el incumplimiento en la verificación de los requisitos de la propuesta. Además, se menciona la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes (art. 154) y conducta antieconómica (art. 224) del Código Penal.
El contrato administrativo del proyecto fue suscrito por el actual alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, según se detalla en la denuncia.
“Solicitamos la inmediata intervención del Ministerio Público para el allanamiento a las oficinas de archivos del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba con el fin de investigar este acto de corrupción”, declaró Zavaleta tras presentar la denuncia.
El denunciante también mencionó posibles inconsistencias en otro proceso de contratación, relacionado con la Construcción del Distribuidor de la Avenida Blanco Galindo y Avenida Perú. Según indicó, la misma Comisión de Calificación participó en ambos procesos, pero aplicó criterios distintos para evaluar a las empresas proponentes.
De acuerdo con la denuncia, en el caso del distribuidor vial otras empresas fueron descalificadas por no presentar actas de recepción definitiva, mientras que en el Proyecto del Edificio Municipal la empresa adjudicada habría sido favorecida pese a no cumplir con ese requisito, lo que —según Zavaleta— evidenciaría un posible direccionamiento del proceso de contratación.
Asimismo, sostuvo que el representante legal de Ecoconstrucciones Cochabamba también sería el mismo que se adjudicó el proyecto del distribuidor de la avenida Blanco Galindo y Perú.
La denuncia fue presentada ante el Ministerio Público, que deberá evaluar los antecedentes para determinar la apertura de una investigación formal sobre las presuntas irregularidades señaladas.
