De acuerdo con un análisis automatizado, el discurso ciudadano digital gira en torno a la desconfianza política, la injusticia ambiental y social y una propuesta de cambio.

La implementación de la inspección vehicular ambiental con el pago de 70 bolivianos, monto del que se eximen los transportistas libres y federados, mantiene la polémica en la ciudad de Cochabamba.

Ciudadanos reaccionan con frustración, enojo y desencanto, en redes sociales.

La Alcaldía publicó ayer en sus redes sociales información referida a la inspección vehicular ambiental y la ampliación del plazo hasta el 31 de diciembre, además, compartió un link que deriva a la normativa.

De acuerdo con un análisis automatizado efectuado mediante OpenAI, los usuarios manifestaron principalmente emociones de enojo, frustración y desconfianza frente a la medida, mientras que solo una minoría reconoció posibles beneficios ambientales.

El análisis consideró los comentarios vertidos en Facebook (https://acortar.link/cRmWJl), hasta antes del mediodía de este 8 de octubre.

Las emociones predominantes son de enojo e impotencia, por sentir que se abusa del ciudadano; frustración, por la desigualdad de trato entre transporte público y privado; desencanto, con la gestión municipal y el liderazgo del Alcalde; pero, también existe un deseo genuino de soluciones ambientales reales, existe un grupo que busca alternativas constructivas.

Según el análisis asistido con inteligencia artificial, los comentarios reflejan una crisis de credibilidad institucional. La población muestra alta sensibilidad ante cualquier cobro adicional y baja confianza en las políticas ambientales locales.

Aunque algunos reconocen que “la intención era buena”, el consenso es que la ejecución es desigual.

El discurso ciudadano digital gira en torno a tres ejes, que son la desconfianza política (denunciando abuso y favoritismo), injusticia ambiental y social (afirman que “quienes más contaminan no pagan”) y una propuesta de cambio (hacerlo gratuito, equitativo o con un impacto ambiental real).

Entre los comentarios, hay quienes utilizan insultos o descalificaciones hacia el Alcalde o la Alcaldía; otros son críticos y explican razones técnicas, jurídicas o ambientales del desacuerdo; hay quienes son propositivos, reconocen la intención ambiental, pero sugieren mejoras o alternativas (como gratuidad o inclusión del transporte público); y otro grupo de usuarios de redes sociales se expresa con sarcasmo o burla, utilizando un tono irónico o humorístico para expresar su descontento.

Los comentarios muestran un rechazo casi unánime a la medida. Aunque algunas personas reconocen que la intención ambiental podría ser buena, la mayoría percibe que la verdadera motivación es económica: “recaudar fondos”, “robar”, “otro gasto”, “sacar plata a la gente”.

Entretanto, desde la Alcaldía, las autoridades buscan explicar los justificativos de la medida, que está amparada por ley municipal.

El secretario Administrativo y Financiero, Mauricio Muñoz, informó que se trabaja dentro el marco de la Constitución Política del Estado (CPE) y la Contraloría General del Estado, que recomienda acciones para el cuidado del medio ambiente, más aún considerando los niveles de contaminación en el municipio.

Khateine Soria, abogada constitucionalista del equipo jurídico de la Alcaldía, sostuvo que la CPE establece las competencias del municipio en las acciones para preservar el medio ambiente. Precisó además que la inspección ambiental no es la misma inspección técnica vehicular.

Por su lado, la jefa de Gestión Atmosférica, Gabriela Ríos, sostuvo que la inspección es la prestación de un servicio y para ello se hizo un análisis de costos, buscando la opción con el costo más bajo para la revisión acústica y de emisión de gases. Agregó que se lanzó propuesta para una APP; y que, sin embargo, ninguna empresa se interesó.