Pobladores y regantes del Distrito A, del municipio de Toco, resolvieron ayer dar un plazo de 30 días al propietario de la granja Super Pork, atacada por una turba hace unos días, para cerrar la unidad productiva por la presunta contaminación que genera a las fuentes de agua y al suelo con las descargas de aguas residuales y el uso de químicos.

Por su parte, los propietarios y administradores rechazaron las acusaciones y estimaron una pérdida de 250 mil bolivianos por el ataque a la granja, el robo de material y la matanza de 100 animales, el pasado 6 de julio.

El presidente de los regantes de Toco, Grover Meneses, dijo que la granja “es ilegal” porque no cuenta con licencia ambiental y está ubicada en una zona de recarga hídrica. “Está contaminando un pozo que tenemos a 500 metros, del que toman agua 320 familias. Los malos olores también afectan a los niños de una escuela. Por eso, hemos pedido que desaloje a los animales en 30 días, caso contrario vamos a bloquear”, sostuvo.

Otro dirigente, Wilmer Rondal, mencionó que la actividad también afectó una represa y la Alcaldía hizo caso omiso de las denuncias.

Por su parte, el gerente de operación de la granja, Remberto San Martín, puntualizó que se trabaja, hace años, en la emisión y control ambiental, a través de la implementación de una planta de tratamiento de residuos sólidos y líquidos.

Asimismo, respondió que se cuenta con registro sanitario otorgado por el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag).

Descartó que exista contaminación debido a que se realizó análisis de laboratorio al agua de los pozos, al suelo y al aire para cumplir con los requisitos que se pide en el trámite de una licencia.