El pasado domingo, Landy Párraga, una exreina de belleza ecuatoriana de 23 años, fue acribillada en un restaurante de Quevedo, Ecuador, por dos sicarios, este suceso ocurrió menos de 24 horas después de que asistiera a la fiesta de matrimonio de una amiga, donde se le vio sonriente en las historias de Instagram junto a su novio.

Párraga, quien fue modelo y virreina de Quevedo, además de participar como candidata a Miss Ecuador en 2022, se vio involucrada en las conversaciones del caso Metástasis, relacionadas con el narcotraficante Leandro Norero, en dichas comunicaciones, se discutió la investigación de una empresa importadora de propiedad de Párraga, lo que generó preocupación en Norero por posibles implicaciones legales.

A pesar de su aparición en las conversaciones del caso Metástasis, Párraga no fue vinculada por la Fiscalía y no se pronunció al respecto, además de su carrera en el modelaje, Párraga también se destacó como influencer en Instagram, donde compartía su vida diaria y actividades.

El asesinato de Párraga conmocionó al mundo de la belleza y la sociedad en general, dejando un vacío en la comunidad donde era reconocida por su participación en actividades sociales y humanitarias.

La investigación sobre su muerte continúa en curso, mientras se espera que se haga justicia por este trágico suceso.

Mientras avanza la investigación para esclarecer cómo fallecieron los tres policías asesinados la madrugada del sábado en la región del Bio Bío, en la zona centro-sur de Chile, continúa la intensa búsqueda para encontrar a los autores del crimen que este fin de semana ha conmocionado a todo el país.

El subsecretario de Interior chileno, Manuel Monsalve, anunció este domingo que el Gobierno presentará una querella contra los responsables por homicidio contra Carabineros, infracción a la Ley de Armas y organización criminal, delitos que conllevan una pena de cadena perpetua calificada.

“Estamos aspirando a las penas más altas”, dijo Monsalve en un punto de prensa desde el lugar de los hechos.

Durante la jornada de este domingo también fueron entregados los cuerpos de los agentes a sus familiares, después de que el Servicio Médico Legal (SML) finalizara sus pericias, que serán uno de los puntos claves de la investigación.

El ataque contra los funcionarios de Control de Orden Público (COP) de la comisaría de Los Álamos ocurrió en la localidad de Cañete, 600 kilómetros al sur de la capital, cuando un grupo de hombres armados disparó contra la patrulla policial, antes de prender fuego al vehículo con ellos adentro. Murieron calcinados un sargento y dos cabos.

“El modus operandi no corresponde con lo que conocemos”

Se trata del peor ataque contra Carabineros, la Policía militarizada del país, en la historia reciente, tanto por tratarse de un asesinato múltiple simultáneo como por la forma como habrían sido asesinados los agentes, según apuntan las primeras investigaciones.

“Este es un hecho cuyo modus operandi no corresponde con lo que conocemos en la violencia rural de los últimos años, y la investigación tendrá que determinar frente a lo que estamos”, apuntó más tarde Monsalve en una entrevista televisiva.

Las regiones del Bio Bío y La Araucanía son escenario desde hace décadas de un conflicto que involucra a pueblos originarios, el Estado y grandes empresarios latifundistas y forestales que explotan tierras y bosques considerados ancestrales por las comunidades indígenas.

Desde mayo de 2022 las zonas afectadas por el conflicto están bajo estado de emergencia, en un intento por controlar los ataques de grupos armados, en su mayoría sabotajes incendiarios.

Esta situación se combina ahora con una crisis de seguridad que atraviesa el país y que ha provocado un aumento de los delitos violentos y del crimen organizado.

“Podemos estar frente a un hecho específico y puntual o frente a un cambio de escenario y estrategias de la violencia rural. Eso es algo que hay que aclarar en el marco de la investigación”, insistió la autoridad.

Gobierno dice que “no es oportuno cambios de mando”

En medio de la convulsión, que coincidió con la conmemoración del Día del Carabinero en Chile, se reabrió la polémica sobre si es momento para que el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, abandone su cargo tras la imputación de la Fiscalía por su eventual responsabilidad de mando en las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el estallido social de 2019.

Aunque esta misma semana el Gobierno, presionado por una parte del oficialismo, había anunciado que el jefe policial dejaría el cargo antes de su formalización (imputación del juez), prevista para el 7 de mayo, este duro golpe a Carabineros dio vuelta al escenario.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, confirmó que el Gobierno no lo removerá del cargo pese a su próxima imputación: “En este momento no es oportuno tener cambios de mando”, aseguró.

“A pesar de que consideramos muy inconveniente que las autoridades estén enfrentando al mismo tiempo una investigación, en un instante como este, no sería adecuado remover al mando de las policías”, explicó.

Tantoel presidente Gabriel Boric como la misma Tohá el sábado ya habían puesto en duda su renuncia.

Este remezón a la institución policial se produce justo cuando se cumple un año de otra crisis también provocada por los asesinatos de tres carabineros ocurridos en menos de 21 días. Este episodio impulsó una agenda legislativa en materia de seguridad que otorga más atribuciones a los policías en el uso de armas y parte de la cual sigue su tramitación en el Congreso.

Casi un centenar de estudiantes fueron detenidos en las últimas horas en la Universidad del Sur de California (USC) durante las protestas en contra de la guerra de Israel contra Gaza que se llevan a cabo en el recinto universitario, informó la Policía de Los Ángeles.

El Departamento de Policía angelino precisó en su cuenta de X que no se han producido heridos durante las detenciones y que las patrullas enviadas al campus permanecerán en la zona por lo menos hasta este jueves para evitar nuevos incidentes.

Agentes de policía de Los Ángeles llegaron el miércoles por la noche con equipos antidisturbios a la USC y arrestaron inicialmente a por lo menos 35 personas, mientras se dirigían a despejar un campamento en el centro del campus formado en protesta contra la guerra entre Israel y Hamas, informa Los Ángeles Times.

“¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza!”, gritaron los manifestantes mientras la policía se llevaba a los estudiantes y activistas fuera del campus.

Los estudiantes habían levantado un campamento en el Alumni Park, donde está previsto que se lleve a cabo la ceremonia de graduación de la Universidad el próximo mes.

El campamento se creó antes del amanecer del miércoles y fue creciendo rápidamente, mientras los estudiantes, algunos vestidos con kufiyas palestinas y con carteles de “Palestina libre” y “zona liberada”, golpeaban tambores y coreaban eslóganes pro palestinos.

El campamento de la USC forma parte de un número creciente de manifestaciones encabezadas por estudiantes que han aparecido en los campus universitarios de todo Estados Unidos desde la semana pasada.

La iniciativa surgió después de que se produjeran más de 100 arrestos en un campamento en la Universidad de Columbia, en Nueva York, lo que provocó protestas de solidaridad en varias universidades desde Massachusetts hasta California.

Según las autoridades, las protestas se han extendido hasta ahora por Texas, Nuevo México, California, Connecticut, Michigan, Minnesota, Illinois y Washington.

Dentro de EE.UU., la clase política se ha posicionado en su mayoría en contra de las protestas en las que se han mezclado también algunos incidentes por parte de grupos judíos de izquierda, el mayor de ellos llamado ‘Voces judías por la paz’, muy activo en los campus.

El Partido Republicano está tratando de sacar rédito político de la situación y el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, ha anunciado que este jueves acudirá a la Universidad de Columbia en Nueva York -el epicentro de las protestas y donde comenzó el movimiento estudiantil- y desde allí dará una rueda de prensa con algunos de sus colegas republicanos.

Argentina afronta este martes una gran movilización de docentes, estudiantes y personal de la universidad en contra de las políticas de ajuste del Gobierno de Javier Milei y en defensa de la enseñanza pública superior.

A lo largo y ancho de todo el país habrá marchas convocadas por sindicatos estudiantiles, a quienes después se sumaron los docentes, y posteriormente respaldadas por organizaciones sociales, sindicatos y fuerzas políticas, contra los recortes en la financiación a la universidad pública practicados por el Ejecutivo del libertario Milei.

Aunque el Ministerio de Capital Humano anunció a última hora del lunes lo que, días atrás, presentó como acuerdo alcanzado con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el depósito de 10.075 millones de pesos (unos 11 millones de dólares) por el 100 % de los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales, la marcha sigue adelante.

“Nosotros somos súper respetuosos de la expresión que tengan los jóvenes, los estudiantes (…) pensando que eso les puede ayudar a tener un futuro mejor”, dijo este martes el portavoz presidencial, Manuel Adorni, en su habitual rueda de prensa en la Casa Rosada (sede del Gobierno).

No obstante, el Ejecutivo consideró que “el tema presupuestario está saldado”, por lo que, agregó Adorni, “esto lo transforma claramente en una marcha política”.

Con esto se refirió a la presencia anunciada de políticos peronistas como el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Áxel Kicillof, y el exministro de Economía y excandidato presidencial, Sergio Massa; del líder de la Unión Cívica Radical (UCR, centro) Martín Lousteau; así como la Confederación General del Trabajo (CGT), principal central sindical del país, y movimientos piqueteros o de izquierda.

Se espera que la marcha de Buenos Aires será la más multitudinaria de todas. Desde las 15:30 horas (18;30 GMT) los manifestantes se concentrarán junto al Congreso, desde donde recorrerán los 2 kilómetros que lo separan de la Plaza de Mayo -donde está la Casa Rosada-, y a las 18:00 horas se leerá un comunicado.

En coincidencia con el Día Internacional del Libro, este 23 de abril se ha pedido a los manifestantes que, en lugar de proclamas políticas, porten un libro en alto en defensa de la cultura, sector también muy cuestionado y con bastantes recortes en su financiación desde que el Gobierno de Milei asumió el pasado 10 de diciembre.

Uno de los asuntos más controvertidos para hoy es si el Gobierno aplicará el denominado ‘protocolo antipiquetes’, implementado por el Ministerio de Seguridad poco después de asumir el Ejecutivo y que impide el corte de la vía pública durante una manifestación.

Después de que su titular, Patricia Bullrich, defendiera que esta es una marcha “rara” y que el protocolo se aplicará sin dudas, el vocero pidió que la manifestación “sea con paz y dentro de la ley” y solicitó que “se permita la circulación y se respeten los bienes públicos”. 

Los ataques israelíes de las últimas 24 horas en la Franja de Gaza han causado al menos 54 nuevos muertos y más de 100 heridos, según los datos proporcionados este lunes por el Ministerio de Sanidad, controlado por Hamás.

Así, en el día 199 de la ofensiva israelí desde el pasado 7 de octubre, el total de muertos alcanza los 34.151 y el de heridos a 77.084.

Las autoridades gazatíes estiman que entre 7.000 y 8.000 víctimas siguen bajo los escombros y en las carreteras, lugares donde los equipos de emergencia no puede llegar por los incensantes bombardeos y la dificultad de localizarlos.

La agencia palestina Wafa denunció que el Ejército israelí sigue lanzando ataques aéreos y con artillería a lo largo de todo el enclave palestino contra campos de refugiados, viviendas y mezquitas, donde se refugian los gazatíes.

“Varios ciudadanos murieron y otros resultaron heridos en un ataque israelí dirigido contra la mezquita de Al Taqwa en el campamento de Bureij, en el centro de la Franja de Gaza”, detalla Wafa.

En otro de los campamentos de esta zona de la Franja, en el de Nuiserat, también se registraron bombardeos israelíes que dejaron civiles muertos y heridos, entre ellos niños, de acuerdo con la agencia palestina.

En Jan Yunis, en el sur del enclave, pese a la retirada de las tropas israelíes el pasado 8 de abril donde aseguran que cumplieron con sus “objetivos militares”, fuentes locales confirmaron a Wafa que el fuego israelí no cesa.

Precisamente este domingo, los equipos de defensa civil recuperaron al menos 60 cuerpos enterrados en una fosa común en el hospital de Nasser, ubicado en esta ciudad sureña, asediado en varias ocasiones por las tropas hebreas.

Además, fuentes médicas de la Franja informaron de que el número de víctimas por los ataques israelíes contra dos viviendas en Rafah de este domingo, ciudad fronteriza con Egipto y último refugio de los gazatíes, había aumentado a 26, entre ellos 16 niños y 6 mujeres.

El pasado 16 de abril, la organización ONU mujeres alertó de que al menos 6.000 de las 10.000 mujeres asesinadas en Gaza eran madres de alrededor de 19.000 niños.

La victima era Jorge Maldonado, alcalde de Portovelo. Acabaron con su vida cuando realizaba tareas de índole personal, en plena calle. 

El crimen organizado no para en Ecuador. En apenas tres días asesinaron a dos funcionarios de ese país. Esta vez se trata de la máxima autoridad de Portovelo, Jorge Maldonado.

El alcalde fue victimado a balazos. Así lo ha confirmado la fuerza policial ecuatoriana, en la red social X.

El crimen sucedió a las 09:20 (hora local) de hoy viernes. Maldonado se encontraba efectuando tareas personales cuando fue acribillado en plena calle. 

Dos hombres le quitaron la vida y se escaparon tras perpetrar el asesinato.

La policía no logró aprehender a los criminales, pero halló una moto abandonada.

Hace dos días, también fue asesinado José Sánchez, jefe municipal de Camilo Ponce Azuay.

Ambos sucesos de sangre se dieron a horas de que los ecuatorianos acudan a las urnas para, mediante un referéndum, votar a favor o en contra del endurecimiento de las condenas en materia de crimen organizado. 

Ecuador afronta este jueves y viernes apagones de hasta ocho horas por una grave crisis energética que obligo al Gobierno a suspender la jornada laboral y las clases escolares, en medio de denuncias de presunto sabotaje ante el referéndum convocado para el domingo por el presidente, Daniel Noboa, sobre reformas en materia de seguridad, justicia y empleo.

Tras haber asegurado Noboa el martes que no habría más cortes, su Gobierno se vio obligado a realizar apagones el doble de largos que los vividos a finales de 2023, cuando una situación similar llevó a realizar cortes diarios de hasta cuatro horas ante la imposibilidad de atender la demanda nacional.

Por ello, se suspendieron para jueves y viernes las clases escolares y la jornada laboral, pero en un país donde aproximadamente el 70 % de la población no tiene un empleo formal, muchos negocios abrieron y muchas personas que suelen vivir de lo que ganan a diario salieron a trabajar como de costumbre.

Así, Quito, la capital, amaneció con algo menos de tráfico que de costumbre, con bastantes oficinas cerradas, pero con numerosos negocios abiertos, lidiando con la eventual falta de suministro eléctrico y desafiando a las disposiciones del Gobierno.

En el caso de Quito se anunció para el jueves y viernes apagones de ocho horas en distintos sectores y franjas horarias, que van de 7:00 a 15:00, de 10:00 a 18.00 y de 13:00 a 21:00.

Esta crisis está causada principalmente por una grave sequía en la zona andina y amazónica, donde se encuentran las principales centrales hidroeléctricas, que son las encargadas de producir la mayor parte de la electricidad que consume Ecuador.

Sin suministro de Colombia

Al mismo tiempo se suspendió el suministro de energía que Ecuador importa de Colombia, pues el país vecino afronta también una histórica sequía.

Sin embargo, pese a que la situación de crisis ya se veía venir, el Gobierno de Daniel Noboa denuncia que fue víctima de un presunto sabotaje para agudizar la situación, en un momento donde el mandatario se juega su respaldo popular en este referéndum que contiene las líneas maestras de su gestión.

Para el Ejecutivo, las autoridades del sector eléctrico nacional, compuesto principalmente por empresas públicas, ocultaron presuntamente información o no dieron la voz de alerta con suficiente anticipación para tomar cartas en el asunto.

En la denuncia que el Gobierno presento a la Fiscalía está incluida la exministra de Energía y Minas, Andrea Arrobo, quien el viernes pasado aseguraba que no habría apagones a corto plazo, pero estos comenzaron a darse desde el domingo, sólo dos días más tarde de esas declaraciones.

Sospechas de boicot

Arrobo renunció al cargo el martes, después de que se lo solicitase públicamente Noboa, cuya administración sospecha incluso que en los días previos se vació presuntamente de manera intencional el embalse de Mazar, el más grande de Ecuador, con una capacidad de 410 millones de metros cúbicos de agua.

Así lo aseguró este jueves en una entrevista al canal Teleamazonas el secretario de comunicación de la Presidencia, Roberto Izurieta, quien señaló que “se abrieron las compuertas” y “se dejó correr el agua” de esta presa que sirve para alimentar tres centrales hidroeléctricas con una potencia en conjunto de más de 1.700 megavatios, lo que supone aproximadamente más de un tercio de la demanda nacional de electricidad.

El embalse de Mazar, que se encuentra en la cuenca del río Pauta, dentro de la sureña provincia andina de Azuay, actualmente no cuenta con agua suficiente para operar, según un comunicado emitido por el Gobierno el miércoles.

En este embalse se puede ahora caminar por zonas que normalmente están cubiertas por el agua, cuyo nivel está ocho metros por debajo del mínimo necesario para generar electricidad, según medios locales.

El ministro de Transportes y Obras Públicas, Roberto Luque, que asumió interinamente la cartera de Energía y Minas, ya advirtió el martes que no habrá soluciones inmediatas, más allá de que llueva de manera torrencial en las zonas de los embalses. 

El ministro de Defensa argentino, Luis Alfonso Petri, y su homólogo danés, Troels Lund Poulsen, firmaron este martes en la base aérea danesa de Skrydstrup (sur) la compra por parte de Argentina de 24 aviones de combate F-16.

Según un comunicado del Ministerio de Defensa danés, Poulsen recordó durante el acto que Dinamarca está a punto de reemplazar su flota de aviones de combate con nuevos modelos F-35.

“Estoy muy satisfecho con que los F-16 daneses, que nos han servido muy bien a lo largo de los años y han sido bien mantenidos y tecnológicamente actualizados, vayan a ser usados por la Fuerza Aérea argentina”, declaró.

“Con el trato reforzamos la cooperación en defensa entre Dinamarca y Argentina, al tiempo que Argentina entra a formar parte de la familia global de los F-16”, agregó.

El comunicado explicó que la venta se había negociado en estrecha coordinación con el Gobierno en Washington, que ha dado su visto bueno para la transacción de los cazas de fabricación estadounidense.

Por su parte, Petri, que llegó este domingo a Dinamarca, ha honrado en el curso de su visita a los soldados daneses caídos en combate y ha visitado la fragata Niels Juel, donde mantuvo reuniones con su homólogo danés, así como con todo el Estado Mayor, incluido el general Michael Wiggers Hildgaard y el teniente general Kim Jesper Jorgensen.

“Destacamos, junto al Ministro (sic) de Defensa de Dinamarca, la importancia de fortalecer la cooperación entre nuestras naciones, reforzando lazos en un día productivo”, escribió Petri el lunes en su cuenta de X.

La cuenta del Ministerio de Defensa danés en esa misma red social especificó que entre ambos ministros había habido “conversaciones sobre fútbol y una buena atmósfera”.

Según informó el Ministerio de Defensa danés en marzo, cuando se cerró el acuerdo para la venta de los F-16, el precio aproximado es de 2.100 millones de euros (1,9 billones de pesos argentinos).

Dinamarca ha donado otros 19 ejemplares de estas aeronaves a Ucrania.

Originalmente el acuerdo para la venta de los F-16, negociado el mes pasado, iba a ser ratificado por el presidente argentino, Javier Milei, quien iba a montarse incluso en una de las aeronaves, según estaba previsto.

No obstante Milei suspendió el sábado su viaje a Dinamarca debido a la situación de tensión en Oriente Medio y regresó a Argentina desde Estados Unidos, donde se encontraba.

Está previsto que la delegación encabezada por Petri viaje el miércoles a Bélgica para participar en una reunión de la OTAN y desde allí vuele a Noruega, donde mantendrá negociaciones para la compra de otros cuatro F-16.

El expresidente Donald Trump (2017-2021) llegó este lunes al Tribunal Penal de Manhattan para asistir a la selección de jurado de su juicio penal, el primero en la historia de EE.UU. a un exgobernante, donde en las próximas semanas se enfrentará a cargos de falsificación de documentos comerciales para ayudar a encubrir una aventura amorosa con una actriz porno.

Trump llegó hoy al filo de las 9:00 hora local (13:00 GMT) a la corte, lugar que está repleto de policías y donde hay una concentración de cientos de periodistas; así como decenas de seguidores y opositores del magnate republicano que este año busca su reelección.

El juicio penal -enfrenta 34 cargos por delitos graves y hasta cuatro años de prisión- podría durar entre seis y ocho semanas.

Hoy es el pistoletazo de salida de la selección del jurado por parte de los fiscales y los abogados de Trump, proceso que podría durar hasta dos semanas.

“El amor de 200 millones”

Antes de entrar en la corte, Trump dijo en su red social, Truth Social: “Cuando entro en esa sala del tribunal, sé que tendré el amor de 200 millones de estadounidenses detrás de mí, ¡y lucharé por la libertad de 325 millones de estadounidenses!”.

Trump señaló la semana pasada que la selección de los doce jurados “en gran medida es suerte”.

A los candidatos al jurado no se les preguntará sobre sus afiliaciones políticas, pero sí sobre qué medios usan para informarse, si trabajaron para Trump o asistieron a uno de sus mítines, por ejemplo.

Aunque la sesión de hoy está dedicada a la selección del jurado, un proceso que puede durar hasta dos semanas, la expectación es máxima en el entorno del juzgado.

Mucha seguridad y expectación

Alrededor del Tribunal Penal de Manhattan y la Torre Trump de la Quinta Avenida, donde Trump permanecerá durante el juicio, la policía de Nueva York ha cerrado zonas de acceso, aumentó las cámaras de seguridad y monitorea las redes sociales para tratar de detectar cualquier amenaza, según CNN.

Debido a las reglas de Nueva York, el juicio no será televisado, pero habrá una gran expectación mediática que “acampará” tanto frente a la Torre Trump, como cerca del Tribunal Penal de Manhattan.

¿Testificará Trump?

La semana pasada, en una conferencia de prensa en Florida, Trump dijo que testificará en el juicio, proceso que describió como una “estafa” y “trampa”.

“Es una interferencia electoral por parte de la Administración Biden”, señaló a la prensa y volvió a negar la acusación y repetir que se trata de una caza de brujas política.

Si Trump se subiera al estrado sería otro momento histórico, no obstante, según los expertos, es poco probable que esto pase, ya que Trump tendría que responder una serie de preguntas bajo juramento.

Los fiscales de Nueva York señalan que el expresidente ocultó intencionalmente registros comerciales para encubrir un pago de 130.000 dólares que Michael Cohen, el abogado y mano derecha de Trump, le hizo a la actriz porno Stormy Daniels en los meses previos a que Trump fuera elegido presidente en 2016.

Cohen, quien se espera que sea un testigo clave de la Fiscalía, dijo que realizó el pago siguiendo instrucciones de Trump.

También se espera que Hope Hicks, exasistente de Trump en la Casa Blanca, se suba al estrado. 

El número total de muertos en la Franja de Gaza desde el estallido de la guerra el pasado 7 de octubre llega ya a 33.797 tras sumarse otros 68 fallecidos por bombardeos israelíes en las últimas 24 horas, según informó este lunes el Ministerio de Sanidad de Gaza, controlado por Hamás.

El fuego israelí causó también heridas a al menos 94 personas que fueron trasladadas a los hospitales que siguen funcionando en el enclave palestino, tras más de seis meses de ofensiva de las tropas israelíes.

En este sentido, el Ministerio de Sanidad hizo un llamamiento este lunes para que la comunidad internacional y las diferentes instituciones sanitarias establezcan más hospitales de campaña en el norte de Gaza, zona donde el principal complejo médico, el Al Shifa, quedó fuera de servicio hace unas semanas tras el asedio de las tropas israelíes.

La situación de la mayoría de los centros hospitalarios es crítica y solo 12 de ellos, seis en el norte y otros seis en el sur del enclave, funcionan, según detalló el Ministerio de Sanidad.

En Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, hoy el hospital Al Amal ha vuelto a funcionar, pero solo de manera parcial en tareas de recepción y emergencia, tal como informó la Media Luna Roja Palestina (MLRP).

“Sigue siendo imposible operar en el resto de los departamentos debido a los graves daños tras la incursión militar israelí en sus instalaciones”, indicó la MLRP en un comunicado.

Este centro hospitalario había dejado de funcionar por completo el pasado 26 de marzo, después de que las fuerzas israelíes obligaran a los equipos médicos y a los heridos a evacuarlo y cerraran sus entradas con barreras.

También el hospital Naser, ubicado en esta ciudad sureña, está fuera de servicio desde finales de marzo por otra incursión del Ejército israelí.

Un equipo de Médicos Sin Fronteras (MSF), que visitó este centro el pasado 21 de marzo, aseguró recientemente a EFE que el edificio está totalmente sucio y con muchos daños, y detalló que ahora solo alberga a algunos desplazados internos, principalmente antiguos empleados que se han quedado sin casa por los bombardeos.

“La información de la que disponemos tras la reciente visita de nuestro personal al hospital muestra graves daños en las instalaciones y sus dependencias, por lo que la reanudación de la actividad probablemente llevará tiempo”, detalló a EFE el portavoz de MSF en España, Guillermo Algar.

Israel justifica sus asaltos a los complejos médicos bajo la premisa de que son utilizados por presuntos combatientes de Hamás y de la Yihad Islámica.

La guerra en Gaza ha cumplido más de seis meses ya, y se estima que al menos 8.000 personas siguen bajo los escombros y que el 70 % de las víctimas son mujeres y niños.