Todo el sector salud del país se sujeta a la medida de presión en contra del proyecto de ley que, según su interpretación, fija una edad para la jubilación.

Esta jornada, los hospitales públicos y de la seguridad social no cuentan con atención debido al paro nacional de 24 horas acatado por el sector salud.

Distintas protestas y medidas de presión se sostienen desde el año pasado en rechazo al proyecto de ley 035 que, según su interpretación, dicta una jubilación forzada.

En Santa Cruz, en el hospital San Juan de Dios este miércoles se observó solo a un par de personas en busca de atención.

En Cochabamba se acata la medida. Ante ello, en la Caja Nacional de Salud (CNS), los galenos solo están atendiendo emergencias. Por otro lado, en el servicio público, en el hospital Viedma, el personal de contrato atiende a la población, pero los médicos del Sindicato Médico y Ramas Afines (Sirmes) forman parte de la movilización.

En La Paz, este miércoles las puertas del Hospital de Clínicas están cerradas. Pese a ello hay pacientes que desde la madrugada tienen la esperanza de conseguir una ficha.

Algunos de los pacientes llegaron incluso de provincia. “Si no me atienden hoy, me tendría que quedar hasta mañana y para mí, que vengo de provincia, es un presupuesto adicional”, sostuvo una de las personas en busca de atención.

En pasadas semanas, desde el Gobierno se lanzó una campaña en la que se indica que dicho proyecto de ley no dicta una jubilación forzada e invitando al diálogo. Sin embargo, las protestas continúan a la fecha.

El presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, expresó su preocupación por la falta de voluntad en el Senado para aprobar los créditos remitidos por esa instancia, entre ellos, el financiamiento para la electrificación rural, aspecto que fue observado por el Banco Mundial.

Por la falta de viabilidad, los recursos económicos podrían ser revertidos.

Consultado el presidente de Diputados sobre la posibilidad de “revertir el financiamiento de crédito para electrificación rural en un plazo de 30 días, dijo que el tema está en manos de la Cámara de Senadores”.

En ese contexto, manifestó la importancia del diálogo y los consensos entre ambas Cámaras legislativas, para la aprobación de normas esenciales.

“Tener una coordinación con el Senado es fundamental para la aprobación de los proyectos, ya que ciertas discrepancias en el Senado podrían obstaculizarlos, lo que afectaría la aprobación de propuestas de ley”, afirmó Huaytari.

Proyectos aprobados

En medio de este debate, la Comisión de Planificación del Senado aprobó este martes dos créditos por 113.296.082,37 dólares, para la ejecución de dos proyectos carreteros en los municipios de El Alto (La Paz) y Yapacaní (Santa Cruz). Queda su aprobación en el pleno del Senado, para su posterior promulgación y disposición de los recursos económicos.

En tanto, el senador del Movimiento Al Socialismo (MAS) Rubén Gutiérrez prevé para mañana la sesión de la Cámara de Senadores para la sanción de dos de los seis proyectos de ley referidos a créditos aprobados en Diputados.

La audiencia por el caso “decretazo” se suspendió por un mes. Régimen Penitenciario afirma que no hay condiciones para el traslado y Gobierno, que hay apelaciones no resueltas.

El Tribunal Octavo de Sentencia de Santa Cruz suspendió este lunes hasta abril el inicio del juicio oral por el caso del Decreto departamental 373, denominado “decretazo” por la ausencia del gobernador Luis Fernando Camacho, quien es el principal acusado, reportó ERBOL.

La nueva fecha para la audiencia es el 11 de abril. Camacho no asistió este lunes porque no fue trasladado del penal de Chonchocoro, La Paz, a Santa Cruz, ya que según el Gobierno, inicialmente se debe “sanear situaciones pendientes del proceso”, dijo la viceministra de Transparencia, Susana Ríos.

Según la autoridad, en el proceso contra Camacho hay “situaciones pendientes” que no se corrigieron, ejemplificó que hay apelaciones no resueltas y, por lo tanto, mientras esto persista, no se podrá iniciar el juicio oral.

Familiares y otras personas allegadas aguardaron en el juzgado de Santa Cruz el posible arribo de Camacho, pero no se concretó. Su defensa denunció supuesta injerencia del Gobierno en la justicia para impedir que el Gobernador llegue hasta la capital oriental. 

DENUNCIAS

La defensa del Gobernador cruceño denunció una presunta injerencia del Gobierno en el caso “decretazo” para impedir su traslado a Santa Cruz y la realización del juicio. Mientras que desde la Dirección General de Régimen Penitenciario ratificaron que no existen las condiciones para su desarrollo.  

El exsecretario de Gestión de la Gobernación, Efraín Suárez, calificó como un actuar “irresponsable” del Gobierno nacional la vulneración de los derechos del Gobernador cruceño al impedir el desarrollo de su audiencia.

“Queremos denunciar la injerencia y la usurpación de funciones del Gobierno del presidente (Luis) Arce contra el Poder Judicial, ya que a través de la Viceministra de Transparencia se ha ordenado la suspensión de la audiencia”, denunció Suárez.

Asimismo, en Santa Cruz, el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, Zvonko Matkovic, expresó su preocupación debido a que se desconocía el paradero de Camacho, según El Deber

INSEGURIDAD

El director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, dijo este lunes que los informes de la Policía Departamental de Santa Cruz y de la cárcel de Palmasola, confirman la inexistencia de condiciones para el traslado de Luis Fernando Camacho a esa ciudad para la instalación del juicio del caso “decretazo”.

El informe del recinto penitenciario de Palmasola indica que se generaría malestar en los reclusos y en sus familiares, porque la población privada de libertad declaró a Camacho “persona no grata”, según Limpias.

El líder de la opositora Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, criticó a Evo Morales por hablar sobre las primarias como si estuviera habilitado, cuando según la interpretación del Tribunal Constitucional Plurinacional, está completamente inhabilitado incluso para participar en las primarias.

En el programa “Hagamos Democracia” de la red Erbol, Mesa resumió los alcances de su proyecto de Ley de Elecciones Primarias Abiertas, Obligatorias y Competitivas. Explicó que ahora se pretende otorgar al ciudadano la posibilidad de definir con su voto al candidato más votado no solo del oficialismo sino también de la oposición.

Mesa explicó que se plantea anular el actual esquema donde cada partido organiza sus primarias con un solo binomio y con el voto de sus militantes. En cambio, con su propuesta, los partidos estarían obligados a presentar dos binomios y, al ser abiertas, cualquier ciudadano podrá participar y votar por únicamente por algún candidato presidencial.

El político resaltó que un factor muy importante es que la votación daría la mejor pauta de quién puede ser el mejor candidato opositor con posibilidades de ser un factor de unidad.

Luego de haber sido planteado el proyecto de ley, Mesa enfatizó que en adelante solo resta ver la voluntad de los partidos sobre una vocación de abrirse hacia la ciudadanía.

En ese contexto, Mesa afirmó que el proyecto no favorece a nadie, sino busca una competencia limpia, abierta y que quien decida las candidaturas sea el votante en las primarias, sin estar restringido a la cuestión de militancia partidaria.

Finalmente, mencionó que las fuerzas de oposición han respaldado la propuesta de Comunidad Ciudadana con algunos matices de diferencia. En el oficialismo hay dos vertientes, pero recordó que en el Senado hay acuerdo sobre las elecciones primarias que incluso prevé cambios en el cronograma electoral.

El presidente Luis Arce Catacora pidió este domingo al alcalde Iván Arias que convoque al Concejo Municipal para declarar emergencia o desastre en el municipio de La Paz.

A través de sus redes sociales, Arce expresó su profunda consternación por la difícil situación que atraviesa nuestro municipio paceño.

Explicó que se ha comunicado telefónicamente con el alcalde Arias para abordar el tema de la emergencia, permitiendo así que el gobierno central intervenga de inmediato, movilizando recursos técnicos y logísticos.

Agregó que el CCREA (Comando Conjunto de Respuesta a Eventos Adversos), conformado por las tres fuerzas: Ejército, Fuerza Aérea Boliviana y Armada Boliviana, está preparado para desplegar maquinaria pesada y alrededor de tres mil efectivos en las zonas afectadas, en colaboración con el personal de la Policía Boliviana, EPSAS y el Viceministerio de Defensa Civil.